Entre 2015 y 2016 el precio de medicamentos para la hepatitis C y VIH aumentó el 42%

Un informe elaborado por la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) determinó que hubo un fuerte aumento en los precios de medicamentos adquiridos por el Estado contra la hepatitis C y el VIH, debido al aumento en las compras a multinacionales y en los derechos exclusivos por patentes, todo atravesado por la devaluación del peso.

El estudio concluyó que los precios de los medicamentos subieron un promedio de 42% entre 2015 y 2016, unos 6,5 puntos porcentuales por encima de la inflación. En algunos casos, el incremento llegó al 250%. Aquellos en que la baja porcentual del precio se destacó, fueron los que pasaron de ser comprados a la compañía que fabrica versión original en 2015, a ser adquiridos en 2016 a un productor local de la versión genérica.

Basado en los últimos datos disponibles elaborados por la Dirección Nacional de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (DNSyETS) del Ministerio de Salud y enfocado en las compras realizadas durante 2016, el informe demuestra que el aumento de los precios y el derecho de exclusividad que imponen las patentes junto a los precios en dólares tienen fuertes consecuencias presupuestarias.

Entre ellas, remarca que la compra de medicamentos entre 2012 y 2015 implicaba entre el 60 y el 80% del total del presupuesto de la Dirección Nacional de SIDA lo que dejaba entre un 40% y un 20% del presupuesto para la realización de otras actividades importantes como diagnóstico y prevención. En 2016 el gasto de la dependencia estatal superó lo presupuestado y no se invirtió en nada más que en la compra de medicamentos.

Además, el 61% de los medicamentos adquiridos en 2016 fueron comprados a multinacionales (un aumento del 15% respecto de 2015), lo que, atravesado además por la devaluación, impactó de forma directa en la reducción del presupuesto real de la Dirección Nacional.

A ello agrega que la mayoría de las compras fueron ejecutadas por contratación directa, es decir, sin pasar por procesos de licitación (el 70%), aunque dos terceras partes fue por «exclusividad». Se trata de aquellos casos en los que el Ejecutivo asegura que no había otra opción de fabricación del medicamento en cuestión.

“Resulta realmente impactante observar los precios exorbitantes que paga el Ministerio por los tratamientos. La inversión anual en el caso de los medicamentos estudiados es de casi $1.200 millones de pesos argentinos, para un total aproximado de 64 mil personas en tratamiento (beneficiarios de la DNSyETS)», cuestionó Lorena Di Giano, directora Ejecutiva de GEP.

Di Giano detalló: «Se invierte un promedio de $18.750 por persona por año, salvo en el caso de la combinación TDF+EFV+FTC en versión genérica india, que fue adquirida a través del Fondo Estratégico de la OPS, para el que se logró un precio de $2190 por persona por año. El caso del precio de este medicamento debería ser el caso de los demás medicamentos». Y remarcó que «sólo la búsqueda de la reducción del precio de los medicamentos permitirá garantizar la sustentabilidad de los programas».

«El suministro está en riesgo. Es urgente que se tomen medidas estratégicas como la regulación de precios, la utilización del Fondo Estratégico en todos los casos que sea posible, y para el caso de los medicamentos bajo monopolio, a causa de las patentes, se debería pensar en el instrumento de las licencias obligatorias como lo han hecho otros países de la región», propuso ante la grave situación. «Estamos atravesando momentos muy complicados que ameritan mayores esfuerzos y voluntad política para proteger a la población”, expresó.

En el informe, a su vez, aseguraron que «las interrupciones de tratamientos que se han venido dando en los últimos meses son evitables si la gestión de gobierno aplica previsibilidad, planificación adecuada e implementa estrategias necesarias para la reducción del precio de los medicamentos e insumos que la población necesita”.

Por su parte, el secretario de la Fundación GEP (y precandidato a legislador de la Ciudad por Ahora Buenos Aires en Unidad Porteña), afirmó: “Los intereses de las corporaciones multinacionales no pueden estar por encima del derecho a la salud».

Es que «el significativo descenso de licitaciones públicas durante 2016» junto a la mayor cantidad de compras a laboratorios extranjeros, «sumado a los acuerdos bilaterales» que la oficina de patentes de Argentina (INPI) ha estado firmando con Estados Unidos para acelerar el otorgamiento de patentes a productos farmacéuticos, «parecieran destinados a configurar una urdimbre en que la trama resulta de sumo provecho a los intereses transnacionales». «Desde la sociedad civil alertamos que estas medidas atentan contra el acceso a la salud de las personas”, concluyó Di Bello.