Chubut: gases, balas y licencia para el ecocidio

Balas de goma, gases lacrimógenos, dos detenidos que ya fueron liberados, y heridos que incluyen a una trabajadora de prensa de Luan Colectiva Fotográfica, es el saldo de la represión ordenada por el gobernador massista de Chubut, Mariano Arcioni, luego que la legislatura provincial aprobara de manera express el proyecto 128/20 de zonificación minera que da el pase libre a la explotación en las localidades de Gastre y Telsen.

El proyecto megaminero se aprobó con 14 votos a favor y 11 en contra. La mayoría de los votos afirmativos fueron del bloque oficialista chubutense, del Frente de Todos y de otras fuerzas provinciales.

Luego de conocerse la noticia, con la consigna “Paz y agua” manifestantes se concentraron fuera de la Legislatura en Rawson, la capital provincial, para rechazar la aprobación del proyecto y en medio de un clima de tensión se desplegó un importante operativo policial.

“Hubo una fuerte represión, mucho gas y muchos disparos, tenemos a una compañera herida que se fue a atender a un hospital”, expresó una manifestante en diálogo con Anred.

Chubut es una provincia reconocida por su histórica lucha ambientalista en contra de las megamineras, donde las asambleas juegan un rol central en la difusión de información pública, muchas veces negada por los medios hegemónicos.

Desde la presentación del proyecto de ley 128/20 por parte de Arcioni, los asambleístas y vecinos de Chubut se organizaron para impulsar una segunda Iniciativa Popular: una herramienta con la que cuenta el pueblo para oponerse de manera democrática a las iniciativas del Ejecutivo provincial, además de exponer nuevos proyectos, avalada por el artículo 263 de la Constitución Provincial.

La Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses logró conseguir una cantidad de firmas equivalente al 7% del electorado provincial -aunque la normativa establece una adhesión mínima del 3% para que se habilite la presentación de los proyectos de ley- para demostrar su oposición al proyecto del Ejecutivo y presentar una propia iniciativa superadora que contempla el cuidado de la tierra patagónica. Sin embargo, la Legislatura nunca recibió la Iniciativa Popular.

Las consecuencias socioambientales y socioecosistémicas sobre los territorios afectados por la megaminería son múltiples y ya conocidas: contaminación del suelo, aire y agua, deforestación, control de los ríos, destrucción de comunidades, desalojos, violencia y acaparamiento de tierras. En definitiva, una serie de pasivos ambientales y sociales que provocan más desigualdad social y ambiental e innumerables conflictos territoriales.

Los procesos actuales de transición energética impuestos por el norte global para sustituir hidrocarburos por energías limpias traen para América Latina la intensificación de los problemas asociados al modelo megaminero. 

Se externalizan los costos ambientales en regiones del Tercer Mundo que a la vez se convierten en zonas de sacrificio en las cuales los países del norte global aseguran sus transiciones energéticas. De esta manera se profundizan los intercambios ecológicos desiguales y la asimetría entre el norte y sur.