Llegando los buitres: ¿Cómo actúan y cuándo aparecieron? (II)

Segunda y ultima parte de la nota en la cual abordamos el tema de los fondos buitre que abrieron juicio contra la Argentina y obtuvieron un fallo favorable en la justicia norteamericana. Análisis de los canjes y reestructuraciones de deuda, los embargos sufridos por Argentina y la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos.

En la nota anterior habíamos desarrollado el surgimiento de los fondos buitre, los cambios en la composición de la deuda soberana a partir del Plan Brady y los efectos que esto había traído a la economía argentina. La crisis del 2001, el posterior default y el acercamiento de los buitres que por aquellos días compraron deuda a precio de remate, entre un 10 y un 30% del valor nominal de la misma, esperando al inicio del proceso de reestructuración de deuda para poder litigar ante los tribunales internacionales.

Entre los buitres que se anotaron comprando deuda por aquellos años aparecieron principalmente el fondo de Kenneth Darth (EM Limited), y el de Paul Singer (NML Elliot). Según se conoce, Dart habría comprado bonos de deuda por 40 millones de dólares, exigiendo por los mismos 1300 millones más intereses y punitorios, mientras que Singer contaba para el año 2005 con bonos por 2 mil millones de dólares nominales. Sin embargo, no serán los únicos que tengan en su cartera de activos deuda emitida por Argentina durante los años 90. Entre 2005 y 2007 el juzgado de Thomas Griesa recibió demandas de más de 50 fondos y particulares por un total de 11 mil millones de dólares entre deuda original, intereses, punitorios y gastos. De acuerdo a lo que describe Carlos Burgueño en su libro “Los Buitres”, entres quienes presentaron reclamos judiciales se contaban: Greylock, Fintech -de David Martínez, a la postre socio del gobierno y propietario del 40% de las acciones de Cablevisión-, Aurelius, Blue Angel y ACP.

Volvamos para atrás un momento. Crisis del 2001, gobernabilidad en crisis y sobrevuelo de los buitres. Eduardo Duhalde ocupará la presidencia y con él llegara al Palacio de Hacienda Roberto Lavagna. El presidente electo de las siguientes elecciones, Néstor Kirchner, lo mantendrá en su cargo. En septiembre de 2003 se comienza a elaborar el canje y la reestructuración de la deuda, luego del default.

Argentina perderá en ese momento la oportunidad histórica de auditar la deuda externa, de determinar qué parte de la misma fue contraída durante la dictadura -asegurando grandes beneficios al capital financiero que realizaba una sobreganancia utilizando la diferencia de la tasa de interés-, qué pasó luego con la deuda estatizada bajo la administración democrática y qué sucedió en tiempos del Blindaje y el Megancanje. Se perdió de esta manera la posibilidad de determinar los negocios de los grupos económicos locales que, en alianza con el capital financiero internacional, se vieron beneficiados por las refinanciaciones y por una constante fuga de capitales.

Para esta tarea se contaba con la frondosa investigación que había llevado adelante Alejandro Olmos, sobre la cual se expidió en el año 2000 el juez Jorge Ballesteros, determinando que “La deuda externa de la Nación ha resultado groseramente incrementada a partir de 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los diversos métodos utilizados, que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del Estado”.

Sin embargo Néstor Kirchner y su ministro de Economía, Roberto Lavagna, elegirán abrir las negociaciones con los bonistas, iniciando de esta manera el canje de deuda entre los años 2004 y 2005. El mismo contará con la adhesión del 76% de los bonos que habían caído en default, recociendo una deuda de 82 mil millones de dólares, a la que se le sumaron 21 mil millones en calidad de intereses. Los nuevos bonos ofrecidos incluían el luego denominado cupón PBI.

Ya con Amado Boudou al frente del Palacio de Hacienda, Argentina abrirá nuevamente un canje de deuda para incluir a aquellos bonistas que no habían entrado en el anterior. En esta ocasión, sobre una deuda de 20 mil millones se operó una quita de entre el 50 y el 60%, siendo el monto a pagar con nuevos bonos, 10.500 millones de dólares.

Al momento de cerrar el canje la adhesión al mismo era de casi el 93%, restaba un 7%, los denominados holdouts, que ya habían comenzado a litigar en los tribunales de Griesa. En febrero de 2012 los mismos recibieron su primera sentencia favorable, cuando el juez neoyorquino aplicando la clausula pari passu, ordenó que Argentina debía pagar en efectivo los 1300 millones de dólares adeudados a los fondos buitres.

La siguiente parada fue en la Cámara de apelaciones del segundo distrito de Nueva York donde a fines de agosto de 2013, Argentina recibió un nuevo fallo negativo que exigía, al igual que lo había hecho con anterioridad el juez Griesa, el pago de los 1300 millones de dólares, ya que según indicaba la Cámara el problema no era la capacidad de pago sino la negación de Argentina para afrontar sus deudas pendientes. La sentencia por otra parte seguía sin ejecutarse, ya que el estudio de abogados que representaba al país, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, había interpuesto un recurso de stay, que impedía la ejecución de la misma.

Mientras la causa recorría los tribunales -y tanto organismos de crédito como ex funcionarios norteamericanos y países de todos los continentes se pronunciaban a favor de que Argentina obtuviera un fallo favorable en la corte norteamericana- los buitres echaron mano de una estrategia que manejan a la perfección: los embargos. Con los mismos se buscaba ante todo ganar repercusión internacional y presionar, a la Argentina en este caso, para sentarse a negociar, humillando al país a nivel internacional y generando críticas en el interior. Fueron embargados activos argentinos en Suiza, la casa de San Martin en Boulogne Sur Mer, Francia, y por último, el caso más rimbombante, la Fragata Libertad.

Finalmente será el turno de la Corte Suprema de Estados Unidos, quien, contra todo pronóstico, decidió no tomar el caso y dejar firme de esta manera el fallo en primera instancia dictaminado por Thomas Griesa.

De aquí en adelante, las consecuencias que el fallo puede traer no solo afectan a Argentina y a su reestructuración de deuda, dejándola al borde del default técnico y obligándola a negociar antes del vencimiento de la cláusula RUFO, sino que complica cualquier futura reestructuración de deuda soberana. De aquí en adelante los fondos buitre cuentan con jurisprudencia que avala sus reclamos y puede terminar afectando al conjunto de los países periféricos y sus economías.

El fallo de Griesa y la posterior decisión de la Corte norteamericana representan en última instancia el espaldarazo y la defensa del capitalismo financiero y de todo un sistema de acumulación. Como dijera Alejandro Horowicz días atrás, se trata de un fundamento extrajurídico. La decisión judicial “no remite a los fundamentos del derecho, sino al poder material”. Ese poder material terminó por avalar los beneficios del capital ficticio, que actúa en su mayoría desde paraísos fiscales, sobre la economía nacional y los derechos del pueblo.

Leandro Navarro – @navarro_lean