Derechos Humanos

28 diciembre, 2021

Justicia por Facundo Castro: apartaron a la jueza del caso

Tras reiterados pedidos de la defensa de la familia del adolescente víctima de desaparición forzada seguida de muerte, la Cámara de Casación dio lugar a los cuestionamientos por su “parcialidad”.

Tras dos años de acusaciones, la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal aceptó por unanimidad el apartamiento de la jueza María Gabriela Marrón de la causa que investiga la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro por “la parcialidad demostrada en su actuación”. De ahora en más, la investigación quedará a cargo del juez federal Walter López Da Silva.

Desde los primeros momentos posteriores a la aparición de los restos de Facundo en agosto del 2020 que los abogados que representan a la familia de la víctima, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, denunciaron sistemáticamente las dilaciones impuestas por la magistrada.

Según Casación, “resulta razonable y ajustado a derecho el ‘temor de parcialidad’ expresado por los fiscales y las querellas, y por ello corresponde hacer lugar a la recusación interpuesta”. El fallo había sido solicitado por los fiscales Iara Silvestre, Andrés Heim y Horacio Azzolín. “Sacamos a la maldita jueza y vamos por Justicia. Hoy mis lágrimas son de esperanza y de Justicia”, celebró Cristina Castro, la madre de Facundo y querellante de la causa. 

En su resolución, los camaristas Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña subrayaron los argumentos de Silvestre, Heim y Azzolín, quienes cuestionaron que las acciones de la jueza tendieron a “garantizar la impunidad de los autores de hechos aberrantes, al tornar al proceso judicial en una ficción que vuelve infructuosa cualquier actividad que pudiera llevarse adelante con el objetivo de dar cabal cumplimiento a la obligación de tomar medidas judiciales efectivas para impedir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos”.

Marrón, hija de un almirante y vocero de la Armada durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, reflejó un claro temor fundado de parcialidad “obstruyendo y demorando la producción de prueba relevante para el caso”, “sentando una posición casi inexpugnable de avance de la pesquisa o la concreción de medidas de pruebas que involucran de manera directa al personal policial que ha tenido contacto directo con Facundo Astudillo Castro, previo a su desaparición”, “poniendo en duda la veracidad de los dichos de Cristina Castro Alaniz y auxiliares de la justicia (perito de parte propuesto por la querella particular)”, y “construyendo y consolidando una única verdad” intentando imponer “como única posibilidad que la víctima murió ahogada por sumersión de manera accidental en el estuario donde fue encontrado su cuerpo”, en palabras de los camaristas.

El pedido había tenido un dictamen favorable por parte del fiscal general ante la Cámara de Casación, Javier De Luca, quien también había considerado que la magistrada “no practicó ninguna medida conducente” e incorporó a la causa “elementos que en lugar de esclarecer, entorpecen la búsqueda de la verdad real”.

Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 de abril de 2020 durante la cuarentena por el coronavirus. Sus restos aparecieron más de cien días después en el pantanoso cangrejal de Villarino. Según la información recabada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Facundo murió por asfixia por sumersión, ahogado. Fue visto por última vez con vida mientras caminaba por la Ruta 3, donde fue demorado por oficiales de la Policía Bonaerense por violar la cuarentena mientras iba a visitar a su ex pareja. 

Según el último informe realizado por expertos en rastros de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), la ropa que se encontró en su mochila días después de la aparición del cuerpo estaba dañada y quemada “con algún elemento químico” y presentaba “cortes y puntazos”, que se realizaron cuando las prendas estaban puestas.

Durante la investigación por su desaparición, existió un plan de encubrimiento que contó con amenazas de Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a la querella, además de intimidaciones de la policía a testigos, familiares y la ex novia del joven. Por la causa aún no hay imputados ni detenidos.

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