La economía venezolana: problemas y desafíos (II)

La guerra económica que atraviesa Venezuela, y que tiene como botín en disputa la renta petrolera del país con más recursos del mundo –como ya analizamos en la nota anterior-, ha contado en los últimos meses con sucesos que fueron tergiversados por los medios de comunicación, con el objetivo de sustentar el escenario de caos que intentaron construir los sectores de ultraderecha.

El acaparamiento -que genera la escasez de insumos básicos para satisfacer las necesidades de la mayoría de la población-, el contrabando desmedido por parte de las mafias, las estafas al fisco con las importaciones y los aumentos injustificados de precios son los principales problemas que afectan a la economía venezolana. Estos mecanismos de sabotaje económico no sólo tienen como objetivo derrotar a las políticas populares que la Revolución Bolivariana encaró durante los últimos años, sino que permiten que la burguesía local continúe apropiándose indirectamente de las riquezas del país.

La burguesía rentista

Muy lejos del imaginario construido por los principales medios de comunicación mundial, en Venezuela hay empresas que siguen acumulando enormes ganancias, así como también sigue habiendo una burguesía que, a pesar de tener un odio rabioso al gobierno, actúa con ciertos márgenes de “libertad”. La existencia de grupos multimillonarios como Polar o Cisneros, que cuentan con empresas que llegan a controlar partes fundamentales de la economía (como la producción de de alimentos, por ejemplo), es una muestra de ello.

La burguesía que históricamente se ha apropiado directamente de la renta petrolera haciendo de PDVSA un Estado dentro del Estado, al no resignarse a perder ese privilegio, actualmente busca hacerlo indirectamente, mientras sabotea el proceso político en curso. La “ilegalidad” ha sido una herramienta de acumulación capitalista desde sus orígenes, las clases dominantes que no dirigen más el Estado venezolano han decido potenciar esa vía para enriquecerse.

El ataque económico de estos sectores al gobierno se propone afectar directamente a las grandes mayorías del pueblo que lo apoyan. Por su estructura económica monoproductora, Venezuela importa el 50% de los alimentos que se consumen en el país. La mayoría de estos productos se encuentran altamente subsidiados por el Estado. Sobre el destino problemático de estas importaciones, el mismo presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, tuvo que reconocer que a causa del contrabando se escapan el 40% de las mismas a países limítrofes, principalmente a Colombia.

El contrabando sistemático va seguido de una acaparamiento planificado que incluso construye redes de comercio paralelos. Los supermercadistas privados, en algunos casos los “buhoneros” y hasta trabajadores de distribuidoras de alimentos estatales, se encargan de la venta ilegal mientras las góndolas están vacías para los consumidores.

La escasez generada por el acaparamiento y la especulación es el resultado de la falta de capacidad de control efectivo del Estado en la producción de alimentos, en las importaciones (el 65% son privadas) y en la circulación de esos productos. Las estafas al Estado con las importaciones que tienen un dólar altamente subsidiado se transformaron en moneda corriente en el país. Y con la complicidad de funcionarios del Estado, durante los últimos años fueron el mecanismo para una multimillonaria fuga de divisas al exterior y al mercado cambiario ilegal.

Las clases dominantes, que jamás intentaron romper con la condición de que Venezuela sea un país monoproductor y dependiente, siguen haciendo extraordinarios negocios en el país y están muy lejos de pensar en una Venezuela soberana que utilice la renta petrolera para diversificar su producción. Por su forma de actuar, sólo demuestran una vocación abierta por el saqueo y la acumulación acelerada, al costo social que sea.

La Ofensiva Económica del gobierno

Estos ataques económicos han afectado a la vida cotidiana de millones de venezolanos. Las enormes colas en los supermercados, la sistemática falta de ciertos productos de consumo cotidiano, la desesperación por acumular planificando la escasez, son ejemplos de esta situación.

Las maniobras desestabilizadoras han generado una inflación anual (de abril a abril) del 61%, que han obligado a un nivel similar del aumento de la emisión monetaria. Esos datos estadísticos son acompañados por devaluaciones y sucesivas regulaciones del sistema cambiario. En este caso, es necesario aclarar que por la intervención del Estado en las actividades económicas y al ser él mismo el principal exportador, la influencia del tipo de cambio en la economía es mucho menor que en otros países del continente.

Ante el ataque de las clases dominantes, el gobierno de Nicolas Maduro ha reconocido la existencia de una verdadera guerra económica y ha asumido el reto. Desde el año pasado se han llevado adelante una gran cantidad de expropiaciones, confiscaciones y multas a las empresas que se comprobaban que llevaban adelante los mecanismos de especulación. Esta política se plasmó en la nueva Ley Orgánica de Precios Justos, que marcó un máximo de 30% de ganancia para la comercialización de productos y sanciones que llegan hasta los 12 años de prisión para quienes lleven adelante los delitos económicos allí establecidos.

Ante una posible devaluación de los salarios por el proceso inflacionario, se han aumentado por decreto los salarios mínimos un 10% en enero y un 30% en mayo, logrando que la suma anual de aumentos esté parcialmente por arriba de la inflación registrada. Sobre este asunto es importante resaltar que muchas empresas no han cumplido con el aumento decretado y que esta medida no llega a solucionar directamente los problemas del 40% de los trabajadores “informales”.

El último 1° de mayo, Maduro llamó a que se cumpla efectivamente la Ley Orgánica del Trabajo (sancionada en el 2012) para terminar con el trabajo “informal” que progresivamente ha bajado en los últimos años. En el discurso de aquél día resumió la política de Ofensiva Económica en la sigla PAP (Producción, Abastecimiento y Precios Justos). Mientras que por el lado de las importaciones de alimentos se ha reducido el control privado y el Estado ha tomado un rol más preponderante.

La tarea pendiente de terminar con la dependencia del rentismo, que ha construido una cultura improductiva que afecta al conjunto de la sociedad venezolana, no encuentra éxitos inmediatos en una situación de guerra económica como la que se vive. Pero es necesario decir que la vigencia del proceso revolucionario lleva a que las clases populares, las únicas que pueden ser capaces de llevar adelante esta tarea, avancen en su organización y capacidad para vencer a los problemas planteados y alcanzar ese desafío.

Lucas Villasenin, desde Caraca – @villaseninl