Las empresas recuperadas en tiempos macristas

El Programa Facultad Abierta dio a conocer el informe realizado sobre el estado de las empresas gestionadas por los trabajadores en los primeros seis meses de Cambiemos. Pese a que no haya medidas concretas destinadas a ese sector, la política económica afecta directamente a las empresas recuperadas.

367 empresas recuperadas y 15.948 personas ocupadas son algunos de los primeros datos que se desprenden del documento. El mismo comenzó a publicarse en el año 2003 y contiene un detallado análisis de la situación global de las Empresas Recuperadas por sus Trabajadores (ERT). La última versión tomó el segmento que va desde el inicio del 2016 hasta el mes de mayo.

Estos seis meses de gobierno han sido suficientes para que los resultados de las medidas económicas comiencen a hacer mella sobre las ERT. Por sus consecuencias, el aumento en las tarifas de agua, gas y electricidad surge como uno de los principales puntos a tener en cuenta. El informe señala: “Los aumentos ponen en riesgo la propia actividad de las empresas, y esto alcanza incluso a empresas tradicionales, no solo a las ERT o a las cooperativas”.

Algunos ejemplos volcados en el documento dan cuenta de esta situación. La emblemática ex Zanon (hoy FASINPAT) pagaba de tarifa eléctrica $360 mil en febrero/ marzo. La factura de ese servicio para abril / mayo llegó a 1.600.000 pesos. Se trata de un casi 500% de aumento a la cerámica símbolo de la lucha contra las políticas neoliberales. En cuanto al gas, el precio previo a la suba era de $700 mil y pasó a ser de 8 millones. Aquí el aumento trepa al escandaloso 1000%.

En cuanto al agua, el informe sostiene que se puede citar el caso de Cueroflex, en la localidad de San Martín, Gran Buenos Aires, que pasó de pagar $20 mil a $80 mil, el Frigorífico y Matadero Bragado, en la CABA, la imprenta Chilavert o el Hotel Bauen que recibieron aumentos que oscilan entre el 300 y el 600%.

Pese a la dureza en sí del tarifazo, el informe lo estudia en conjunto con otras medidas tomadas por el gobierno nacional. De esta forma, analiza sus efectos en el contexto de la discusión paritaria, la devaluación y la apertura de las importaciones.

El caso de Acetato Argentina

La histórica textil ubicada en partido bonaerense de Quilmes da cuenta de los alcances de las decisiones económicas anteriormente nombradas. Los 74 obreros que organizan y llevan adelante la producción vivieron una paradoja. Mientras menos energía eléctrica consumía la fábrica, más se elevaba el precio de la tarifa. Esta situación se debía a la caída de la producción provocada por la apertura de las importaciones.

Las ventas de Acetato Argentina cayeron porque “sus clientes (ya que la cooperativa no vende directamente al consumidor, sino a fabricantes que a su vez elaboran, distribuyen y venden el producto final) reemplazaron las telas nacionales producidas por la cooperativa por telas de importación (…) por el precio, que la cooperativa mantiene al mínimo indispensable”.

Así, más allá del precio de los servicios, el informe destaca la batería de medidas económicas del gobierno macrista: “La devaluación y la liberación del mercado cambiario, la baja de los ingresos públicos genuinos al reducir retenciones y desarancelar el consumo suntuoso, la inflación provocada a partir de la devaluación (…), los despidos masivos en el sector estatal y en el privado y las paritarias a la baja (…)». Y subraya que «la baja del consumo popular de bienes y servicios, ha ido formando un contexto desfavorable a la actividad productiva”.

¿Qué cambió en estos seis meses?

El documento tiene la virtud de englobar las problemáticas de las ERT dentro del contexto político y económico. Otro de sus puntos altos es que repasa cómo se vivenciaron estas problemáticas en hechos concretos.

Los trabajadores detectan una mayor hostilidad del Poder Judicial, que se cristaliza en, por ejemplo, la represión en Industrias RB, ubicada en la localidad de Martínez. El desalojo a la metalúrgica que es autogestionada desde hace más de una década fue ordenado pese a que estaba en vigencia la ley de expropiación a favor de los trabajadores. Otro caso es el de la ex Petinari , actual Acoplados del Oeste, cuya ley de expropiación fue votada tanto por en Diputados como en el Senado bonaerense. Pese a que los funcionarios del PRO en ambas cámaras votaron a favor de la expropiación, la misma fue vetada por la gobernadora María Eugenia Vidal.

De esta manera, el veto constituye otras de las características de la etapa. La gobernación Vidal arrastra tres vetos a ERT (a la ex Petinari, la fábrica de cierres relámpago Depe y el Hospital Vecinal Llavallol) en el que los trabajadores explican que la estrategia del gobierno provincial se basa en cuestionar la figura de “utilidad pública que se usa para las expropiaciones, con el argumento de los que beneficiarios son ´privados´”.

Los canales de diálogo con el Estado también se vieron alterados con el cambio de gobierno. Si bien nunca hubo una política destinada exclusivamente a este actor social, sí existía un apoyo estatal a través de ministerios y organismos. El Programa Trabajo Autogestionado dependiente del Ministerio de Trabajo que brindaba ayuda económica a las ERT está parado. También la Comisión Nacional de Microcréditos (CONAMI), vinculada al Ministerio de Desarrollo Social y encargada de otorgar microcréditos.

Otra de la luces de alerta que resalta el informe es el cese de compras por parte del Estado a empresas autogestionadas o cooperativas. Ese es el caso del Ministerio de Seguridad, que cortó la compra de uniformes, chalecos y ropa de trabajo a la Red Textil Cooperativa. Por su parte el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, “dilata el pago a cooperativas proveedoras de alimentos para las escuelas porteñas, no reconoce los aumentos en los precios y obliga a las cooperativas a absorber los aumentos generalizados de insumos y tarifas”.

Nueva etapa, nuevo rol

En las conclusiones, el informe considera a la política económica del gobierno como una ofensiva contra las ERT. También prevé que las ERT que aparezcan en aquellos nichos del mercado que no es del interés de los privados, pueden llegar a contar con apoyo estatal. Sin embargo, los trabajadores no consideran a la autogestión como una labor de uso excepcional.

Lejos de un rol pasivo, las ERT constituyen una respuesta y forma de resistencia ante el desempleo y la menor producción que tiene por resultado la implementación de medidas neoliberales.

Surgidas en los convulsionados meses que siguieron al estallido social de diciembre de 2001, las ERT hicieron su camino con un Estado que, en mayor o menor medida, las acompañaba. Desde diciembre, el mapa político nacional cambió drásticamente. Las ERT se afirman como un nuevo actor social.

Santiago Lecuna – @santirayado