Desalojo de 130 familias en la ciudad de Tandil

En la madrugada del 1 de diciembre, en la ciudad de Tandil, más de 300 efectivos de infantería y caballería, acompañados de personal de cuatro comisarías y agentes de inteligencia, rodearon el predio Villa Cordobita donde se asentaban 130 familias desde hace poco más de dos meses, a fin de efectivizar una orden de desalojo.

Durante varias horas alrededor de 80 personas resistieron ante la presencia policial. A las 8:30 de la mañana Jorge Lezica, dirigente del Movimiento 1° de Octubre y referente del asentamiento, se reunió con la jueza Estela Maris Arancil para llegar a un acuerdo; mientras esto sucedía, una de las topadoras municipales comenzó a destruir parte de las construcciones que habían sido levantadas en el lugar.

La reunión no pudo frenar la orden de desalojo total y se destruyó todo lo construido. Las familias del asentamiento se retiraron de forma pacífica. Lezica afirmó que el desalojo fue político.

Todo comenzó el 11 de septiembre de este año cuando varias familias se asentaron en terrenos de una empresa acéfala, Tandilia SRL, que desapareció alrededor de los años 60. Esta acción fue organizada por Jorge Lezica y Griselda Altamirano que asumieron la voz ante los medios y la justicia.

Desde el principio de la toma hasta ahora, los medios locales y distintas fuerzas políticas deslegitimaron el accionar de las familias, sin siquiera mencionar la falta de políticas públicas que hay en la ciudad para garantizar el derecho a la vivienda y el acceso al suelo. Hasta el referente del Frente para la Victoria, Pablo Bossio, hermano del titular del Anses, sostuvo en ese momento que había que mandar a gendarmería para solucionar el conflicto.

En el barrio donde se encuentran los terrenos, no es la primera vez que se intenta desalojar familias con el pretexto de que tienen dueños. La mayoría de las veces debido a la organización de los vecinos y organizaciones que luchan por el acceso a la tierra, se pudieron frenar los desalojos, como fue el caso de los terrenos de Roberto Arlt y Paraguay el año pasado. Esta vez la historia fue distinta y la justicia falló dos veces a favor del desalojo.

Algunos de los 130 lotes figuraban a nombre de Mario Cerviño, presunto testaferro de la jueza Mabel Berkunsky, otros fueron vendidos por el mismo Cerviño para armar un barrio privado, otros no tenían poseedores. Por eso en el primer fallo la jueza Aracil se resolvió un desalojo parcial ya que tres manzanas no tenían propietarios. Los referentes de la ocupación sostenían que la justicia tenía que investigar los papeles de los supuestos dueños, por eso presentaron un recurso a la Cámara de Apelaciones de Azul, con el fin de que todas las familias puedan tener su lote.

La Cámara, que esperó lo resultados del ballotage para tomar una decisión, terminó resolviendo el desalojo total, dándole los terrenos sin escritura a la Asociación Vecinos Zona Cerro El Granito cuyos integrantes son los dueños de los terrenos aledaños y alegando que no era necesario investigar la procedencia de dichas escrituras. En el fallo se señala que “aún con la sola condición de tenedor de las tierras es suficiente para que Cerviño sea damnificado por el hecho pues sus títulos no requieren legitimidad alguna”.

Lo que sucedió en Villa Cordobita no es nuevo. Gran cantidad de tierra urbana está vacante debido a la desaparición de la empresa Tandilia SRL. El gobierno municipal no actuó al respecto apropiándose de esas tierras, si bien existen los mecanismos legales para hacerlo, y de esa manera dio espacio a este tipo de desenlaces.

En la ciudad falta suelo urbano y hay déficit habitacional, a su vez la especulación y el negocio inmobiliario crece cada vez mas. La situación de estas tierras se fue resolviendo a través de ocupaciones de familias sin techo o, como contrapartida, a través de grandes negocios fraudulentos, como en este caso donde las tierras ya están tomadas pero para el negocio inmobiliario.

Como resultado final, como en tantos otros casos, la discusión en los medios sigue pasando por si los que resistieron en la toma tenían bombas molotov o piedras o gomeras, pero no se habla de que varias familias se vuelven a quedar en la calle debido a que no pueden acceder a la compra de un terreno o de la cada vez mayor dificultad en el pago de un alquiler.

Se criminalizan y deslegitiman las acciones que toman los sectores de menores ingresos para poder resolver un problema que cada vez se profundiza más: el acceso a la tierra y el derecho a un techo propio.

Matias Strano y Natacha Milazzo – @chachi_milazzo, desde Tandil