La muerte y la rabia en México

Por Micaela Ryan. El 1 de noviembre, el pueblo mexicano festeja el Día de los Muertos. Sí, festeja, porque para los mexicanos y las mexicanas, los muertos aún están entre nosotros, los vivos, y en esta fecha es deber homenajearlos por lo que han hecho en vida. Pero el pasado 1 de noviembre, el Día de Muertos estuvo atravesado por un escalofrío de angustia, mientras se cumplían un mes y cinco días del asesinato de tres estudiantes (junto a tres transeúntes) y las desaparición de otros 43.

¿Qué se hace con los desaparecidos? No se los puede festejar, tal vez tampoco llorar. A los desaparecidos se los busca y eso han hecho sin cesar los familiares y compañeros de los estudiantes normalistas.

En estos 35 días el pueblo mexicano, como un gigante dormido por siglos, comenzó a despertar. El poder político y mediático apostó a que el caso Ayotzinapa, como tantos otros, se perdiera en la enorme maraña de muertos y cadáveres que cubren la memoria mexicana desde el inicio de la “Guerra al narco”, hace tan sólo ocho años.

Masivas movilizaciones se desplegaron por todo el país. Tal vez la imagen más representativa que quedará en nuestra retina es el Zócalo del Distrito Federal cubierto de personas, como no se ha visto por décadas. Y a Elena Poniatowska clavándonos un puñal de palabras tajantes como la horrible realidad a la que ha llegado al país azteca: “México se desangra. En el mundo entero resuena la indignación. La madre del estudiante de Guadalajara, Ricardo Esparza, dijo que agradecía recibir el cuerpo muerto de su hijo para llevarle flores. ¿No resulta monstruosa su conformidad?”.

La masacre de Ayotzinapa y los 43 estudiantes que aún están desaparecidos, resumen en este triste hecho la realidad mexicana. Por un lado, jóvenes campesinos que estudian para ser maestros rurales, de un campo olvidado y arrasado por las políticas del Tratado de Libre Comercio que marca el compás de la vida de este país desde el 1 de enero de 1994. Por otro, una trama de alianzas entre un cartel de narcos (Guerreros Unidos), el alcalde de Iguala (José Luis Abarca) y su esposa (María de los Ángeles Pineda), la futura candidata, que ordenan la represión bajo cualquier método, con tal de ocultar la pobreza en que vive su gente.

Una masacre, en la que policías y sicarios, en cacería desenfrenada, arrebatan la vida de tres estudiantes y también otras tres personas, entre ellos, un jugador de fútbol que regresaba a su hogar tras el juego. Y la desaparición de otros 43 estudiantes, el silencio, la indiferencia estatal.

Luego, las fosas. Una cantidad interminable de huecos en la tierra, entre los árboles, los basurales y los caseríos, repletos de cuerpos sin identificar. Y con esto, el cúmulo de la indignación de un pueblo que comienza a movilizarse día a día, ciudad tras ciudad, para reconocerse en ese encuentro, mirarse la cara, decir: “Acá estamos. ¿Dónde están los estudiantes? ¡Regrésenlos!”.

Y con el correr de los días, mientras la gente en la calle crece, un presidente puesto a dedo por el más rancio de los aparatos políticos, el PRI -partido que gobernó México por setenta años-, junto con el conglomerado de medios y con la bendición de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Enrique Peña Nieto (EPN) comienza a tambalear, a equivocarse, a perder el control. Un alcalde fugado, un gobernador echado -ambos del PRD-. ¿De quién es el turno ahora? ¿Tendrá la masacre de Ayotzinapa el peso suficiente para hacer rodar la cabeza de EPN?

¿Hasta dónde llega el narco?

México es un país atravesado por el narco. Es un sistema. Ordena la sociedad, su consumo, su tránsito, sus impuestos y su Estado. El Estado mexicano está ocupado por el narcotráfico desde el momento en que el país se ha convertido en la principal vía de acceso de la droga hacia Estados Unidos, máximo consumidor de cocaína en el mundo.

Tras los asesinatos y desapariciones de Ayotzinapa, el cartel “Guerreros Unidos” -antiguamente vinculado al cartel Beltrán Leyva- ha sido el principal señalado en la ruta de investigación del paradero de los estudiantes desaparecidos. Casarrubias, su líder, fue apresado y confesó los fuertes vínculos entre Guerreros Unidos y el alcalde de Iguala. Es aquí donde este caso toma un giro en el que hasta el más alto poder político se ve implicado. El lunes, una “narcomanta” apareció colgada en Guerrero con un mensaje de su actual líder, el Gil, dirigida a Enrique Peña Nieto. En el texto, Gil nombra a funcionarios directamente implicados en la masacre y la desaparición, y asegura que los estudiantes están vivos.

Esta trama confirma que los estudiantes no murieron y desaparecieron por un crimen aislado, sino por una forma hegemónica de gobernar, en la que el Estado negocia y colabora con el narco. Es decir, un Estado en decadencia. Porque parece que el poder político mexicano hoy, para gobernar, precisa de las más complejas y dependientes tramas de alianzas con estos grupos.

En 2006, el presidente Felipe Calderón comienza una política, que existe hasta la actualidad, denominada “Guerra contra el narco”, y consiste -en la teoría- en una “ofensiva militar” contra los carteles del narcotráfico, con la participación directa de militares norteamericanos. El resultado: más de 150 mil personas fueron asesinadas y casi 30 mil están desaparecidas, en su inmensa mayoría civiles no implicados en el narcotráfico. Y lejos de desarmarse, los carteles de droga han crecido y “evolucionado”, controlando no sólo regiones enteras, sino también mercados enteros, como la producción alimentos y la circulación de bienes en todo el territorio.

La víctima más vulnerable de este sistema son los campesinos. No sólo porque son quienes enfrentan directamente la disputa por el territorio, sino porque además llevan adelante un sistema de vida que no retribuye al negocio del narco. Y también porque son la mano de obra barata que reclutan.

No es casual entonces, Ayotzinapa. No es azaroso el enfrentamiento entre estos grupos de poder y quienes se preparan, con lo poco que tienen, para educar a los campesinos, para empoderarlos. No se trata de una masacre más, se trata de la evidencia tangible de la realidad mexicana, de un modelo que se ensaya y se prepara desde el norte y que, poco a poco, ocupa cada vez más el territorio de América Latina. Este experimento incluye el enfrentamiento directo de pobres contra pobres, donde la necesidad y la muerte se transforman en moneda corriente.

@LaMicaRyan