¿Cómo sigue la causa por la desaparición y muerte de Franco Casco?

Por Martín Stoianovich*. Tras la aparición del cuerpo del jóven Franco Casco desaparecido y muerto en Rosario, ahora se debe avanzar en la investigación de los hechos. Funcionarios, fiscales y policías en la mira por entorpecer la búsqueda de Justicia.

Desaparición forzada. El único imputado es el que murió

En la continuación de la audiencia pública de habeas corpus, realizada cuando los familiares de Franco Casco ya habían reconocido el cuerpo, se tomó declaraciones a tres agentes de la Comisaría 7 y a la doctora que realiza los informes médicos de los detenidos, antes y después de ingresar. La sala de audiencia se tiñó de contradicciones y amnesia intencional por parte de los declarantes. Todo apunta al poder policial y es cuestión de profundizar la investigación para que las sospechas se conviertan en certezas.

La causa, que ahora será investigada por la fiscal de la Unidad de Homicidios, Mariana Prunotto, deberá atravesar distintas etapas en las que, como en las audiencias de habeas corpus anteriores, se buscará entibiar la responsabilidad de la policía. El testimonio del jefe de Sumarios de la Comisaría 7, César Acosta, fue una muestra clara de esto, pero que a la vez desnuda una serie de medidas que podrían ser cuestionadas.

Por un lado, Acosta relató ante el juez que aquel día salieron junto al Comisario Álvarez a patrullar por un llamado que el mismo jefe de la comisaría había recibido a su teléfono particular por parte de un vecino identificado en un primer momento como Daniel, por dos supuestos sospechosos que circulaban por la vía pública. Lo llamativo es el motivo que Acosta aduce para detener a quien luego sería identificado como Franco Casco. “En calle Catamarca y Constitución junto a un árbol había una persona, era el único que estaba ahí solo y nos pareció sospechoso que esté al lado del árbol”, dijo Acosta con total naturaleza.

“Esto se trata de una desaparición forzada, por eso pedimos la intervención de la Procuvin, y creemos que el camino que hay que seguir es el que corresponde. Franco fue detenido, es el único imputado hasta ahora en la causa, es el que desapareció, y el que seguramente fue asesinado por la policía”, aseveró a Notas Gabriel Ganón luego de la audiencia. Explicó también que en esta nueva etapa queda “investigar como no se hizo hasta ahora”.

“El legajo del fiscal no avanzó hasta que esto no salió en los diarios de la ciudad. A partir de esto el fiscal empezó a intentar investigar qué había pasado con Franco, descartando desde el comienzo cualquier participación policial. Lo cual es indignante y revelador de la poca credibilidad que tienen los poderes públicos-punitivos de la provincia de Santa Fe”, expresó además, insistiendo en un “funcionamiento perverso de la Justicia en contra de los pobres”.

Ganón analizó que la falta de celeridad de la investigación encabezada por el fiscal Guillermo Apanowicz (quién tomó la causa en un primer momento) desembocó en la pérdida de datos importantes, como lo son las filmaciones de las cámaras de seguridad. “El fiscal se tendría que declarar incompetente y lo que está haciendo es querer mantener su competencia para poder seguir barriendo, como hasta ahora, la tierra debajo de la alfombra”, apuntó.

También hubo un mensaje para Ignacio Del Vecchio (secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad): “Debería estar presentando la renuncia. Eran pruebas plantadas por la policía para tratar de distraer y confundir a la población y excusar todo tipo de responsabilidad de la policía”.

Afuera, en las escalinatas de Tribunales Provinciales, Ganón junto a Elsa, la madre de Franco, pidió a las organizaciones presentes que no aflojaran en la compañía a los familiares de Franco. Ahí mismo, consideró al hecho como delito de lesa humanidad y apuntó nuevamente a la justicia elitista. Mientras tanto, la fachada del edificio de Tribunales dejaba ver en una pintada un nuevo mensaje: “Yo sabía que a Franco Casco lo mató la policía”.

Impresiones del día después

En el momento en que apareció el cadáver de Luciano Arruga, enterrado como NN después de haber estado desaparecido durante cinco años con la Policía Bonaerense apuntada como principal responsable, en Rosario ya hacía diez días que no se sabía nada de Franco Casco. Los dos pibes, provenientes de la pobreza marginal de las grandes ciudades, fueron víctimas de una realidad que sólo se asoma en las pantallas de los medios de comunicación masiva cuando la palabra muerte es el denominador común, pero que se padece cotidianamente en aquellos sectores de la sociedad que pocos miran y muchos señalan con el dedo firme de la estigmatización.

Es la realidad de los pibes y las pibas de los barrios marginados, que junto a sus familias tienen que atravesar casi día a día el peligro que implica la naturalización de estos hechos. Es la realidad que los mismos que la construyen se niegan a admitir, y no es otra que la generada por la violencia institucional ejercida por cada una de las fuerzas de seguridad dependientes del Estado, en cualquiera de sus niveles.

La violencia institucional, por parte de la policía en este caso, se posiciona como la herramienta que por excelencia cumple el trabajo de la exclusión social de una manera implícita y a la vez tácita. Entre la impunidad y el silencio se teje el maltrato y el abuso sobre las clases oprimidas a las que los derechos humanos se les pinta como una utopía, que incluso a veces es ajena. Los casos de Franco y Luciano no son aislados, sino que pertenecen al resultado desmedido de la manera sistemática de obrar que tienen las fuerzas policiales.

En los próximos días se creará sobre la vida ya extinta de Franco una serie de hipótesis que intentarán desligar a la policía santafesina de este fatal desenlace. Tal como sucedió en un primer momento, cuando se buscó justificar su detención, la justicia probablemente actuará de una manera cómplice al servicio de la policía provincial que acumula en su historial denuncias por delitos de todo tipo o a prácticas acordes a otras épocas de la historia argentina que poco tiene que ver con esta democracia entre comillas a la que se tiene acceso de una manera totalmente desigual.

El Estado, en sus tres niveles, porque Franco se crió en la pobreza de la bonaerense Florencio Varela y murió en las mismas condiciones en la santafesina Rosario, se enfrentará a un nuevo caso de los que muchas veces terminan durmiendo en los cajones de la justicia que se reforma en todos sus aspectos menos en el más esencial: su certeza.

Después de dos semanas de desaparecido, el caso de Franco Casco comenzó a tener relevancia a nivel mediático. Si bien ya había llegado a las oficinas de la Fiscalía Regional algunos días atrás, fue a través del revuelo que generó el caso en la opinión pública que se comenzó a actuar. Lo que no se hizo en casi un mes, se concretó en menos de una semana pero con el peor e irreversible resultado: a muerte del pibe, de tan sólo veinte años. En todo este tiempo, la intervención de funcionarios municipales y provinciales fue totalmente nula, dejando el mensaje en su silencio prolongado.

Los días en los que la «justicia» se demoró en hacer su trabajo con certeza, fueron suficientes para que el cuerpo del pibe aparezca descartado y para que de plano, por ahora, no haya posibilidades de incriminar técnicamente a la policía y su accionar.

Funcionarios del gobierno provincial colaborando con la implantación de falsos testigos que decían haberlo visto, como método desesperante para frenar las movilizaciones que exigían la aparición con vida de Franco, daban cuenta del grado de connivencia del que ningún gobierno llega a prescindir. Por otra parte, los organismos de Derechos Humanos y organizaciones políticas y sociales que acompañan a la familia de Franco, sostienen que detrás de esto, y como en infinitos casos similares, la responsabilidad recae sobre la policía y su eterna costumbre de criminalizar a la pobreza y matar a los pibes que la padecen.

Los defensores de la familia Casco hablan de delito de Lesa Humanidad. El pronto final de la vida de Franco de seguro tiene responsables, y quienes sean deberán recibir la condena ejemplar que amerita un hecho de estas dimensiones.

* Periodista, desde Rosario