Pedirán juicio político para los magistrados que limitaron las vacantes a las escuelas porteñas

“La decisión judicial que considera que el GCBA no se encuentra obligado a garantizar vacantes previo a sala de 3 años es absolutamente regresiva respecto de los compromisos que ya había asumido el Poder Ejecutivo local”, sostuvieron desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en referencia al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) porteño que establece que sólo podrán reclamar vacantes para la escuela pública los que no puedan pagar la educación privada.

Al respecto, Eduardo Barreyro,abogado querellante, dijo a Página/12 que se preparan para recurrir a la Corte Suprema de Justicia “porque tenemos todos los elementos para hacerlo”. Asimismo, desde las familias sin vacantes y distintas organizaciones y espacios políticos impulsarán un pedido de juicio político contra Marcela De Langhe, Inés Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Lozano, los 4 jueces integrantes del TSJ.

“Es el fallo más bestial que vi en mi vida”, aseguró Barreyro. Y añadió: “Podría dar una clase de derecho constitucional explicando todo lo que no hay que hacer con esta resolución del Tribunal, porque vulnera los derechos de la niñez, de la igualdad y de la educación, entre otros. El problema es que confunden la educación con asistencialismo”.

Al respecto en change.org ya hay una petición suscrita, entre otros, por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional CABA y la CTA Autónoma de Capital, que dice que «esta mayoría automática destruyó los principios de universalidad, gratuidad, inclusión, igualdad y prohibición de discriminación y segregación de cualquier tipo, que forman parte del paradigma de la educación pública al establecer que el GCBA solo tiene obligación de brindar una vacante antes de la escolaridad obligatoria a las personas que demuestren que no pueden pagar una escuela privada (certificado de pobreza)».

Por su parte, en diálogo con el Destape Radio, el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, expresó que “es incomprensible que la Justicia adopte una posición de esas características” y denunció que la sentencia viola la Constitución porteña. En efecto, el artículo 24 de la misma obliga al Estado local a garantizar el acceso a la educación inicial desde los 45 días y hasta los 5 años.

“La educación no es obligatoria a partir de los 45 días, sino a partir de los cuatro años. Pero, si bien hasta cumplir los cuatro años los padres pueden decidir no mandar al niño a la escuela, el Estado tiene la obligación de garantizar la vacante si así lo desea la familia”, precisó la abogada Cecilia Fernández, del grupo de Litigio Estratégico. “¿Y en salud qué va a pasar? ¿Los hospitales también serán solo para los pobres?”, se preguntó.