Julio, Rodrigazo y después

Florencia Oroz

@flororozoz

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El período que abarca desde el año 1973 a 1976 es de los más agitados en la historia argentina. El estado de convulsión en el país era total: socialmente, porque la resistencia peronista se radicalizaba, profundizando la polarización social entre peronistas y antiperonistas, pero también entre peronistas y peronistas, debido a la progresiva pérdida de control de las bases por parte de las cúpulas sindicales. Y políticamente, porque ningún gobierno demostró tener la capacidad de incorporar a la masa trabajadora -ahora organizada- en un proyecto medianamente estable de gobierno.

Pero la intensidad de la convulsión era muestra de que la crisis social no se agotaba en el problema de la integración o la represión del peronismo, sino que encontraba sus bases mucho más allá, en un modelo económico que había tocado techo.

En 1973 los militares abandonaron el gobierno en manos del líder retornado, llevándose como consuelo la visión del viejo caudillo populista entregado a la titánica tarea que ellos no habían podido realizar: construir un orden político y económico que contenga el conflicto social desatado por casi dos décadas de frustración y discordia. Y ese fue también el plan de Juan Domingo Perón. Pero los llamados a la conciliación no conformaban a sus radicalizados seguidores, que se empeñaban en ver en la vuelta de Perón y el aplastante triunfo electoral de Héctor Cámpora, la llegada del momento de la reparación histórica.

El plan de reconstrucción política encontraba, así, un primer obstáculo: el hiato existente entre la fórmula de reconciliación propuesta por Perón y el espíritu dominante en la movilización que lo devolvía al gobierno.

La muerte de Perón el 1 de julio de 1974 se produjo en un momento crítico para la suerte del proyecto político. Los objetivos de reconciliación política y colaboración social se mostraban como una meta casi inalcanzable, no sólo porque las virtudes carismáticas de Perón eran difícilmente transferibles a personajes como Isabelita o López Rega, sino porque ni la flamante presidenta, ni su entorno más cercano y tampoco los jefes sindicales se propusieron prolongar en el gobierno los objetivos que habían comandado la vuelta de Perón al poder.

Una de las primeras medidas de Isabel fue nombrar a Celestino Rodrigo como nuevo ministro de Economía. Miembro del llamado “clan López Rega”, su designación significó el desmantelamiento definitivo de la política de concertación y su reemplazo por un plan de ajuste.

Con las elecciones de 1976 cada vez más cerca y teniendo en cuenta que el ajuste implicaría medidas costosas en términos sociales, el plan de Rodrigo fue aliviar la crisis mediante una terapia de shock económico. Dos días después de asumir propuso una megadevaluación y un considerable aumento de tarifas, a la vez que anunció una férrea política de austeridad en el gasto.

Los salarios, estancados por el congelamiento de las negociaciones estipulado en el Pacto Social de 1973, vieron caer en picada su poder adquisitivo ante las medidas de lo que posteriormente se conoció como el “Rodrigazo”.

La reacción popular ante estas medidas no se hizo esperar. En un intento de calmar las aguas, el gobierno dio libertad a los empresarios y sindicatos para negociar el aumento al interior de cada industria. Pero ante la presión del movimiento trabajador los empresarios decidieron no resistir a las demandas salariales, sino conceder los aumentos (que promediaron un 160%) y trasladarlos luego a los precios, fomentando la espiral inflacionaria.

Las movilizaciones obreras por fuera de las directivas de las cúpulas sindicales se extendieron por el país, reclamando ahora la homologación de tales acuerdos, y la burocracia sindical se vio arrastrada a la protesta. Sin apartarse de la puja por el gobierno pero a la vez intentando conservar su lugar al frente de los sindicatos, la CGT convocó para el 27 de junio a una concentración en Plaza de Mayo bajo la cínica consigna de oposición al plan Rodrigo y apoyo a la presidenta.

Pero la situación no admitía medias tintas y una concentración titubeante devino en virtual paro general: fueron más de cien mil las personas reunidas en la Plaza reclamando por la renuncia de Rodrigo y también por la de López Rega. Sin embargo, en una muestra más de autoritarismo, al día siguiente Isabel se negó a oficializar el aumento salarial.

Jaqueada por el desafío del gobierno y la movilización de las bases, la burocracia sindical llamó a un paro de 48 horas para los días 7 y 8 de julio de 1975. Con un acatamiento total, este paro representó la primera medida de estas características tomada contra un gobierno peronista. Antes de que la medida terminara, el gobierno cedió y homologó las negociaciones.

Además de quebrar el plan económico del gobierno, el triunfo de la CGT redundó en la derrota del núcleo político lopezreguista y en la renuncia de Rodrigo, así como también la delegación por parte de Isabel del mandato presidencial.

La burocracia sindical, con un inédito control del proceso político en sus manos, declaró pretender reorientar el rumbo económico hacia el “verdadero peronismo”. Pero sus meses en el gobierno lejos estuvieron de significar una salida a la crisis política y económica: por el contrario, en lo único que redundó fue en el desgaste político y su debilitamiento, producto de divisiones internas.

La crisis política y económica arrastrada desde hacía 20 años y profundizada en los últimos tres había finalmente abatido de forma total al orden institucional. La salida vendría nuevamente de la mano de los militares, pero con una diferencia clave con respecto a sus intervenciones anteriores: ahora actuaban sin un sistema institucional legítimo que se planteara como alternativa al gobierno de facto, por lo que las Fuerzas Armadas veían vía libre para la imposición de las políticas del terrorismo de Estado en todo su esplendor.