¿Qué hay detrás de la denuncia de Marijuán contra las universidades?

Por Federico Dalponte. La investigación abierta contra el sistema universitario llega, para deleite oficial, en un contexto de recorte presupuestario y reclamos de la comunidad académica. De fondo, el activo rol del gobierno, los vínculos con el fiscal y el peso político de la imputación.

El Estado Nacional cuenta con 55 universidades gratuitas. Dos fueron creadas en diciembre pasado, una constituye una herencia de las Fuerzas Armadas y el resto son hijas ya maduras de la autonomía: reciben fondos públicos, se dan sus propias autoridades y deciden por sí solas en qué gastar la plata. Hacen, en lo posible, lo que mejor les parece.

Pero el fiscal federal Guillermo Marijuán no abona esta postura. Su denuncia contra 52 universidades nacionales es, en efecto, un ataque contra el sistema universitario en general y contra su autonomía en particular. El delito imputado -malversación de fondos- es tan genérico que su sospecha le cabe a todo funcionario que se precie de tal.

Según el fiscal, debe ser investigada la totalidad del dinero recibido por las universidades desde el año 2008 en adelante. Es decir: todo. Investigar absolutamente todo, sin una sola pauta específica de las posibles irregularidades que se están persiguiendo.

Y así lo dice en efecto la propia denuncia. Marijuán pidió allanar las 52 casas de estudios para dar con los movimientos contables y registrar en qué se gastaron los fondos. Algo que no hace ni siquiera la Sindicatura General de la Nación, órgano por antonomasia encargado de ese contralor.

Es más, la investigación promovida es tan genérica que todas las denuncias dicen lo mismo. El fiscal presentó en verdad 52 escritos, pero en todos se describen los mismos hechos, se imputan los mismos delitos y se solicitan las mismas medidas de prueba. Apenas si cambia el nombre de la institución investigada. De hecho, ni siquiera se consignan los datos puntuales de las autoridades inquiridas.

Tamarit, un radical en la defensa

Una interpretación posible es que Guillermo Marijuán es un denunciante irreflexivo capaz de pedir -por ejemplo- el allanamiento de la Universidad de Chilecito sin saber siquiera el nombre de su rector. Otra, tal vez más certera, es que al fiscal le importa más el camino que el destino. En otras palabras: ajeno al posible resultado de la pesquisa, lo único que le interesa es poner a todas las universidades bajo sospecha.

Ésa es la interpretación del propio Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), órgano autónomo que reúne a todas las casas de altos estudios. Su presidente, Guillermo Tamarit, señaló en ese sentido que la denuncia presentada equivalía a demandar a todas las provincias del país por el destino de los aportes del Tesoro Nacional. Y no le falta razón.

Lo curioso del asunto es que Tamarit es un hombre ligado a la Unión Cívica Radical (UCR). Tanto como las autoridades de la Universidad del Litoral, institución por supuesto también investigada. Allí, entre 2007 y 2014, su rector fue el radical Albor Cantard, hoy secretario de Políticas Universitarias desde la asunción de Cambiemos. E incluso un poco más atrás, entre el 2000 y el 2007, su antecesor fue el actual diputado oficialista Mario Barletta. Todos macristas.

Aun así, el CIN no parece creer que sólo se trate de malversación. Si así fuera, las instituciones no hubiesen salido en bloque a defenderse. Allí primó la solidaridad; no hubo mezquindad entre viejas y nuevas universidades. Para el caso, incluso es probable que acuerden todas ellas una defensa legal conjunta.

Una investigación promovida por el gobierno

En efecto, la denuncia de Marijuán no parece estar persiguiendo delitos sino sistemas. De otro modo resultaría absurdo que sospeche de un posible acto de corrupción fruto de la connivencia entre el gobierno de Cristina Fernández y, por ejemplo, las varias universidades administradas por rectores de la UCR.

Ello, además, por otro dato fundamental: el fiscal no cuestiona el accionar del gobierno kirchnerista, que fue el encargado de repartir los fondos públicos, sino el de las instituciones universitarias, responsables de su administración. Una manera nada sutil de inocular la premisa de que las universidades -todas- no saben manejar los millones que el Estado les remite año a año.

De lo que sigue, en consecuencia, que a esa maliciosa o negligente malversación sólo la salva la austera gestión gubernamental: decreto presidencial 1030, de septiembre de este año, para imponerles a las casas de estudios el régimen nacional de compras, sumado al recorte presupuestario previsto para el año entrante, la pretensión de congelar la planta de personal y la previsión de paritarias escuálidas.

Allí, precisamente, es donde el accionar del fiscal se confunde con la postura del gobierno. Parecieran ir ambas de la mano. Acción y reacción. Denunciar en masa a todas las universidades refuerza la imagen despectiva que el macrismo tiene sobre la educación pública superior. La justificación perfecta.

Por lo demás, el proceso abierto no oculta esa sinergia. El propio Marijuán es quien admitió en su presentación que la denuncia se basa en datos remitidos, entre otros, por Marcos Peña, Esteban Bullrich, Laura Alonso y Hernán Lombardi.

Tal vez por eso, para devolverles el favor, es que también le pidió al juez la conformación de una comisión investigadora integrada por los órganos del gobierno que aportaron esa información. Serán, en suma, jueces y parte. Investigarán cómo las universidades manejan su dinero luego de haber denunciado su desmanejo. Total normalidad.

@fdalponte