Mariana: un año de la tragedia ambiental más grande de América Latina

Dos diques explotaron en el corazón de Minas Gerais en noviembre de 2015. La causa fue una enorme masa de barro y mineral de hierro acumulada en un depósito de residuos por la minera Samarco -propiedad de la brasileña Vale y la angloaustraliana BHP Billiton-. Veinte personas murieron y seis millones fueron afectadas en la que se considera la catástrofe ambiental más grave en América Latina.

Los diques Fundão y Santarém, construidos por la empresa Samarco, contenían más de 62 millones de metros cúbicos de barro tóxico que se esparcieron por el poblado de Bento Rodrigues y gran parte del municipio Mariana. La ministra de Medio Ambiente de ese momento, Izabella Teixeira, consideró a la riada de barro tóxico como “la catástrofe ambiental más grave en la historia de Brasil”.

Este desastre ocasionó la muerte de 19 personas y contaminó por completo el río Doce (Río Dulce), el más importante de esa región. Según informó la ONU, la catástrofe afectó a 6 millones de personas –-en su gran mayoría, pescadores, agricultores e indígenas- cuyo medio de vida dependía del río Doce, donde se vertieron los residuos mineros. Los responsables: las empresas Vale y BHP, consideradas la tercera y la primera empresa minera más grande del mundo.

Tanto las compañías responsables como el Estado reaccionaron de manera lenta e improvisada. Durante la primera semana, Samarco le dio refugio solamente a 25 de las 300 familias afectadas directamente, que perdieron sus viviendas y todas sus pertenencias. En el municipio de Gobernador Valadares, que también quedó sin provisión de agua, la Samarco envió un camión para proveerla, pero estaba contaminada con querosén.

La gigantesca masa de barro se esparció por pueblos, campos y ríos, hasta encontrar la cuenca del río Doce, que se tiñó de un color marrón espeso, formando una capa de barro en su superficie que filtró la luz del sol, matando a todos los animales y las plantas del río. A su paso, arrasó con todos los poblados y aldeas de sus costas, como así también con toda la flora y fauna de los casi 835 kilómetros de extensión del curso fluvial, extinguiendo especies únicas.

Por allí la masa tóxica viajó más de 500 kilómetros hasta desembocar en el océano Atlántico el 17 de noviembre de 2015, sobre el puerto de Linhares en Espíritu Santo. A partir de allí, la tragedia comenzó a tener alcances incalculables. La ola de barro afectó cientos de kilómetros del litoral y la plataforma marina, además del noroeste de Espíritu Santo y también el río do Carmo. El río de Bajo Gandu también fue afectado, aniquilando la única fuente de ingresos de millares de pescadores.

Mientras tanto, la empresa Samarco y la Defensa Civil Estadual se pasaron la pelota mutuamente sobre quién tenía la responsabilidad de avisar y mover a las personas en riesgo inminente, acción que no llevaron adelante. Una investigación presentada por el diario O Estado de Minas el 24 de noviembre de 2015 dio a conocer que el plan de emergencias presentado por Samarco en 2009 nunca había sido realizado. Si ese plan hubiera funcionado, la tragedia no hubiera ocurrido, según informó el medio.

Durante todo el mes el miedo siguió presente sobre los habitantes de Mariana luego de conocerse que un tercer dique presentaba una grieta. Del otro lado se encontraban unos 100 millones de metros cúbicos de barro tóxico, casi el doble de lo que ya habían padecido. De la misma manera, según informó la ONU en un estudio elaborado por expertos que trabajaron en el lugar y presentado en julio pasado, la desconfianza de los pobladores sobre la empresa y el Estado aún es muy alta, sobre todo en lo que refiere a las garantías sobre la calidad del agua.

En marzo de 2016, la empresa brasileña Vale -la mayor exportadora de mineral de hierro en el mundo, que le debe al Estado brasileño cerca de 11,2 billones de dólares-, y la Samarco -que factura anualmente cerca de 750 millones de dólares- cerraron un acuerdo con el gobierno por el rompimiento de Mariana en 20 mil millones de reales (6250 millones de dólares). Este monto sería manejado por un consorcio entre las empresas y el gobierno federal para el saneamiento del río y la reparación de los daños sociales, económicos y ambientales.

El 4 de julio se autorizó el cumplimiento del acuerdo inicial entre el gobierno y las mineras, que compromete a las empresas a pagar el dinero acordado durante la próxima década para resarcir a las víctimas y reparar los daños ambientales. El Ministerio Público brasileño había exigido una indemnización de casi 43 mil millones de dólares, calculado en base a la catástrofe del Golfo de México de 2010, luego de a explosión de una plataforma petrolera, propiedad de la empresa británica Deepwater Horizon.

Actualmente, una causa penal se encuentra en marcha luego de que la Fiscalía presentó cargos contra 22 personas y cuatro empresas acusadas de la tragedia, en su mayoría por homicidio doloso, así como responsabilidades por la inundación, lesiones corporales y crímenes ambientales.

Un año después

Más de 800 afectados se dieron cita a un año de esta catástrofe en el encuentro organizado por el Movimento dos Atingidos por Barragens (Movimiento de Afectados por Represas – MAB). El objetivo de este encuentro es el de discutir colectivamente sobre los efectos de la catástrofe, las responsabilidades de las empresas Vale y BHP, y las propuestas a partir de la organización de los pobladores para solucionar problemas latentes.

“Delante de este cuadro de desolación y de pérdida de derechos irreparables, es extremadamente importante las vivencias y la solidaridad de este encuentro. Esto nos da coraje para seguir en esta gran lucha para salvar la cuenca del río Doce”, afirmó Don Geraldo Lyrio, arzobispo de Mariana, al inicio del encuentro.

Maquinhos Muniz, poblador de Bento Rodrigues, relató que aún aguarda ver sus derechos reconocidos. Él perdió todo y ahora Samarco planea construir un nuevo dique en la zona, sobre un pedazo de su propiedad. “Estoy contra ese dique porque la Samarco está resolviendo sus problemas y no el de los afectados. Enterrar a Bento es la manera que encontraron para eliminar la escena del crimen”, comentó.

Previamente al encuentro, entre los días 31 de octubre y 2 de noviembre, el MAB realizó la marcha “un año de lamento y lucha”, que partió de Regência, en el litoral de Espíritu Santo, y llegó hasta Mariana. Durante 700 km la caravana pasó por nueve puntos. “La marcha nos demostró que existe en toda la cuenca la necesidad de reorganizar la vida de todos los afectados”, resaltó Soniamara Maranho, integrante de la coordinación del MAB de Minas Gerais.

Durante el 5 de noviembre, a un año de la masacre, las delegaciones se dirigirán hasta el distrito de Bento Rodrigues, el más afectado por el rompimiento de las represas, donde realizarán homenajes por las víctimas y denunciarán a Vale S.A. y BHP S.A.

Por Micaela Ryan – @LaMicaRyan

Fotos: AP / Reuters / BBC / MAB