Espionaje ilegal en Jujuy: «Es un resabio del terrorismo de Estado»

La semana pasada se dieron a conocer nuevos casos de espionaje a organizaciones sociales y políticas, esta vez en la provincia de Jujuy. La abogada de Milagro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, denunció que en este plano existe una continuidad con el terrorismo de Estado y una responsabilidad política del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Aunque sin tanta repercusión como otros casos de inteligencia sobre dirigentes políticos y sociales, la semana pasada, gracias a información que recibió anónimamente el periodista Mauro Federico, salieron a la luz datos pormenorizados de las acciones de organizaciones jujeñas entre agosto y septiembre de este año, obtenidas ilegalmente.

“Claramente lo que encontramos es un informe de inteligencia vinculado a organizaciones sociales y políticas de la provincia de Jujuy, vinculadas a las acciones de sindicatos, organizaciones de usuarios y consumidores, multisectoriales, la organización Tupac Amaru y el FIT para el mes de agosto y septiembre, chequeado día por día”, explicó en una entrevista con Radionauta la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Milagro Sala y presidenta del Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP).

Gómez Alcorta aseguró que el nivel de detalles manejado en los documentos -al menos en las seis hojas a las que tuvo acceso de las 14 totales- demuestra “infiltración y tareas de inteligencia”, ya que no es una mera compilación de datos públicos.

La abogada, que viene de trabajar en juicios por delitos de lesa humanidad afirmó que los informes son comparables a los que elaboraba la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA).

“Que esto esté sucediendo ahora tiene un alto nivel de gravedad. Llama la atención la poca repercusión que ha tenido también”, indicó.

A menos de 24 horas de recibir los documentos la abogada presentó una contra Patricia Bullrich centralmente “porque es la cabeza política de una cartera que nuclea a todas las fuerzas de seguridad”. Aunque aún no puede demostrarlo –y por eso solicitan la investigación- afirma que es “muy posible” la vinculación con Gendarmería Nacional. “No podemos dejar de tener cercano el Proyecto X”, dijo. En la causa fue sorteado el juzgado de Claudio Bonadío. “Obviamente no lo elegimos ni creemos que ahí se va a poder hacer una investigación seria”, comentó Gómez Alcorta.

“Hay una trama de espionaje ilegal que no tiene que ver exclusivamente con la coyuntura”, agregó la integrante del MPP y recordó que en Esquel un agente de la Agencia Federal de Inteligencia llevó por más de un año tareas de inteligencia ilegal y fue procesado por el juez Otranto este año. Además, rememoró que hace menos de dos años hubo una sentencia por tareas de espionaje ilegal que se llevaron adelante en la base Almirante Zar de Trelew, vinculadas con la Armada.

“La ley de inteligencia nacional, más allá que prohíbe que se haga inteligencia sin una orden judicial fundada, prohíbe terminantemente la inteligencia vinculada a opiniones políticas, sindicales o sociales. Esto es un resabio del terrorismo de Estado”, dijo la abogada. Y agregó: “Con 33 años de democracia no puede seguir pasándonos. No podemos seguir siendo investigados por agencias estatales por nuestras opiniones políticas o militancia”.

Foto: QUÉ Digital