El regreso de las marchas contra la inseguridad

El reclamo, encabezado por familiares de víctimas de la inseguridad, pide un registro de víctimas (el Frente Renovador dice tener un proyecto sobre el tema), asistencia legal oficial para las mismas y el repudio de lo que llaman “la puerta giratoria”, expresión que intenta reflejar la rápida liberación de personas que cometieron delitos pero no se refleja en los datos estadísticos.

Lo que se dice

La convocatoria, bajo la consigna #ParaQueNoTePase recibió el apoyo de la farándula: Mirtha Legrand, Soledad Silveyra, Germán Denis y Juan José Campanella, entre otros. Más tarde llegaron los funcionarios. El ministro de Justicia, Germán Garavano declaró a la prensa: “Apoyamos la marcha”.

El contexto social parece acompañar el reclamo. Un relevamiento publicado por el diario Clarín afirma que el 34,5% de la población se siente más preocupada por la inseguridad que por la inflación o la corrupción. La encuesta, realizada por Management & Fit, consultó a dos mil personas y afirma que un mes antes la inseguridad era tema central sólo para el 16,1% de los encuestados. ¿En el medio? La discusión mediática sobre la “justicia por mano propia” y la posición de funcionarios nacionales y provinciales, incluyendo al presidente Mauricio Macri, de justificar la violencia siempre y cuando se dirija hacia los “delincuentes”.

Por su parte, el conductor Luis Majul dio a conocer en su programa de televisión una lista de los diez jueces “responsables de la puerta giratoria” en la provincia de Buenos Aires. Majul se basó en casos puntuales (es decir, no estadísticos) de personas que cometieron delitos sexuales, delitos contra la propiedad y contra la vida que fueron liberados por los jueces “abolicionistas”. Como al pasar se nombró al ex ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, como el referente de esta política judicial.

De esta manera la agenda de los medios hegemónicos se transformó. La corrupción, protagonista estelar en los últimos diez meses, si todavía no fue desplazada, al menos ya compite con multitud de hechos policiales. Robos y narcotráfico son los preferidos de funcionarios y periodistas de panel a la hora de opinar.

Lo que sucede

En algún lugar de la realidad, que por alguna razón estos mismos medios y funcionarios no pueden captar, sucedió la represión a la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres que reunió más de cien mil personas en Rosario. Y un poco más allá sucedió la tortura de dos jóvenes de 15 y 18 años por efectivos de la Prefectura Naval en la villa 21. Sucedió también la detención de un niño de 8 años por hurto. Y la represión a una marcha de jubilados en el Puente Pueyrredón. Y las balas contra una murga -con niños como víctimas, otra vez- en el Bajo Flores.

Según datos oficiales, que analizó Horacio Verbitsky en Página/12, en los primeros tres meses de los operativos de control poblacional las fuerzas de seguridad interceptaron a 150 mil personas. Solo 450 fueron detenidas. El 99,7% restante fue retenido y requisado sin más argumento que el “instinto policial”. La política de saturación que el Ministerio de Seguridad lleva adelante en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe no sólo dio más poder a las fuerzas de seguridad (actores centrales del crimen organizado) sino que se demostró inútil.

La visita de un enviado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país también reflejó esta realidad. El relator de la CIDH manifestó su preocupación por “el aumento de la tasa de encarcelamiento en el país como consecuencia de las políticas punitivas de seguridad y de ‘guerra’ contra el narcotráfico”.

El informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria, por su parte, puso en evidencia la sobrepoblación en las cárceles (lo que no parece corresponderse con la puerta giratoria), la tortura como práctica sistemática dentro de los dispositivos de encierro y el hecho de que el 56% de los detenidos tengan prisión preventiva, es decir: sin juicio ni condena.

El autogobierno de las fuerzas de seguridad

En este tema, como en tantos otros, el Gobierno Nacional y sus filiales provinciales se manejan con las planillas de las encuestas en la mano. No hay plan pero hay reflejos. Y si hace falta plotear un helicóptero para la foto, se lo plotea. Y si es necesario revivir al discurso de la “mano dura” se lo revive. Incluso contra la evidencia de que la ley 25.886 sancionada en abril del 2004 y conocida como Ley Blumberg, no obtuvo ningún resultado en su objetivo. El endurecimiento de las penas -votadas al calor del clamor popular- no resolvió el problema.

Mientras se escriben a toda velocidad nuevos proyectos de ley y se dibujan reformas -como poner al frente de la Bonaerense a un civil que bien podría ser un ex comisario- la medida reflejo es saturar los territorios más vulnerables con efectivos policiales o de fuerzas federales. El único resultado de esa política, hasta el momento, es el crecimiento de la violencia institucional, las detenciones irregulares y el autogobierno de las fuerzas de seguridad que actúan con sus propios criterios en los operativos.

Esas mismas fuerzas que fueron los actores principales de la política que el Gobierno Nacional llevó adelante en relación a la protesta social desde que asumió. Lo que los medios hegemónicos no dicen es que no hay Estado punitivo sin Estado represor.

Por distintas razones tanto los medios hegemónicos como las fuerzas policiales y las diferentes instancias del Gobierno creen que es el momento de abandonar el “garantismo” y volver a la “mano dura”. La lógica es la del estado de excepción -ese escenario donde por ley las leyes no tienen vigencia- y entre los enemigos públicos se cuentan las mujeres organizadas, los jóvenes en las villas, los jubilados que protestan y los niños que bailan en las murgas. Todo sea #ParaQueNoTePase.

Juan Mattio – @juanmattio