Institutos de menores: los límites del progresismo

Por Raquel Robles*. Hablar de adolescentes y privación de libertad es difícil. Los sectores conservadores lo resuelven igualando a los adolescentes que cometen delitos con los adultos. Por eso su consigna es, en este debate, la baja de la edad de imputabilidad. Y si hay que endurecer las penas para los mayores, también para los jóvenes. Y si se discute la “justicia por mano propia” es lo mismo que el ladrón tenga cuarenta años o quince. Los sectores progresistas, en cambio, tartamudean.

Durante diez años trabajé en este contexto y durante ese tiempo me encontré con pocas personas -aunque qué hermosas, qué valiosas, qué desperdiciadas en este mundo que no valora a los que ponen la piel en su trabajo- que estuvieran dispuestas a conservar el dolor de estómago que significa trabajar en este ámbito y pensar de verdad. ¿Qué hay que hacer con los chicos que cometen delitos? Si la pregunta fuera ¿qué NO hay que hacer? seguramente tendríamos más manos levantadas. Sin embargo, la pregunta que no puede esperar es por la positiva.

Algunas consideraciones para que podamos participar todos. En Argentina la ley que dice qué es lo que hay que hacer lleva el número 22.278, fue sancionada durante la dictadura y conserva el espíritu de la Ley Agote (derogada en 2005). Los chicos no son sujeto de derechos sino objeto de “cuidado”. Los jueces, según esta ley, tienen la potestad de hacer más o menos lo que quieran, porque se constituyen en una especie de Pater Familia que tiene que pensar qué es mejor para el joven, olvidando lo primordial de toda ejecución penal: la pena implica dolor, siempre.

Desde hace mucho tiempo dan vueltas proyectos para derogar esa ley pero lo único que circula públicamente son las propuesta sobre la edad de punibilidad. Toda una hipocresía, porque hoy mismo, cuando los chicos son punibles a partir de los 16 años tenemos un montón de pibes de 15, 14 e incluso menos que están privados de libertad en todo el país. En La Rioja vi a una nena de 13 años detenida por “fuga del hogar” y alojada con mujeres que estaban acusadas de participar en trata de personas.

¿Y qué dicen los tratados internacionales que nuestro país suscribió y tienen, por tanto, rango constitucional? Que el único derecho afectado por la privación de libertad es el derecho a la libertad ambulatoria. Ni a la salud, ni a la educación, ni a la alimentación, ni ningún otro. Comparemos esta realidad formal -la ley siempre es formal- con la realidad material de cualquier ámbito de encierro en nuestro país y tendremos una guía básica de lo que hay que hacer: restituir derechos.

El traspaso

En este panorama se hace el traspaso de los dispositivos penales juveniles de Nación al Gobierno de la Ciudad. Y ¿qué es lo que dicen los defensores de los chicos? Que es una barbaridad porque pasan a la órbita del Consejo de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Cuál es la barbaridad? Cito textual: “que los carceleros y los defensores de los niños van a depender de la misma jefatura”.

Como se ve, damos por descontado que los dispositivos penales juveniles vulneran derechos. Y los defensores, entonces, deben hacer presentaciones para liberar a sus defendidos o dejar en claro que están indignados por las condiciones de detención. ¿No existe la posibilidad de pensar dispositivos penales juveniles que restituyan derechos? O, para ir más lejos, dispositivos penales para adultos que restituyan derechos.

Esa pregunta signó mi trabajo durante un montón de años. En el intento de responder por la positiva se hicieron cosas increíbles. Increíbles en el sentido de que son difíciles de creer. Luchamos contra los sectores conservadores que se oponían a que se hiciera nada bueno “con estos pibes” y contra los sectores progresistas (sobre todo porteños) que se oponían a que se hiciera nada bueno “en estos lugares”.

La verdad es que si los dispositivos penales dependen de Nación o de la Ciudad no importa en lo más mínimo. Lo único que importa es qué se hace con estos lugares, qué se hace con los chicos que cometen delitos, qué se hace con los jueces que consideran delito las estrategias de supervivencia de los sectores vulnerables, qué se hace con los trabajadores que piensan que lo que hay que hacer con los chicos es evitar que hagan quilombo, con los que piensan que los chicos necesitan tratamiento psicológico, con los que piensan que las víctimas de la situación de vulneración de derechos son los trabajadores que tienen que soportar la vulneración de derechos a la que son sometidos los chicos.

Lo único que importa es que nos pongamos los pantalones largos y pongamos el foco donde debe estar: los chicos. Las organizaciones sociales tienen que pensar en qué hacemos con los chicos. No con los chicos del futuro. No con los chicos que serán hijos de los hombres y mujeres nacidos de la sociedad nueva. No, el tiempo es ahora y los chicos son los que generan problemas en los barrios en este momento.

Los defensores tienen que pensar qué es mejor para los chicos, no qué queda bien decir en los foros. Los jueces tienen que dejar de despreciar a los chicos y a sus familias. Los trabajadores de los dispositivos penales juveniles tienen que dejar de victimizarse y pensar en la responsabilidad que les cabe en relación a la situación de los chicos. Los educadores tienen que entender de una vez por todas que su trabajo no es enseñar a los que tienen ganas de aprender, sino a todos los chicos y las chicas.

El derecho a la sanción

Por mi parte creo que los chicos y las chicas que infringen la ley tienen derecho a ser sancionados. No como adultos, no encerrados como primera medida, no castigados. Sancionados. Son -somos- los adultos de cada comunidad los que tenemos que hacernos cargo de nuestro rol y construir límites para nuestros jóvenes en nuestras comunidades y poner el cuerpo a esas sanciones para que los chicos no tengan que poner el suyo. Eso, a esta altura, debería ser un derecho básico porque de eso se trata la construcción de los lazos sociales.

Y también digo: es fácil ser progresista. Casi no hay que hacer nada más que declamar. Presentar unos escritos aquí y allá. Hablar en una mesa o en otra. “Escuchar” a los chicos y elevar el pedido sin ninguna reflexión ni mediación. Cosa que, por supuesto, no hacen como padres ni madres. ¿O ellos “escuchan” a sus hijos cuando dicen: “Papá no quiero ir más a la escuela” o “No me gusta tu novia, quiero que vuelvas con mamá” o “No estoy de acuerdo con que haya geografía en la secundaria”? Escuchar, ya sabemos, es mucho más que oír. Escuchar supone un acto de compresión que no puede ser reemplazado por transcribir en un documento judicial el planteo literal de un adolescente.

Decir que es lo que no hay que hacer es más o menos fácil. Ser progresista es fácil. Lo realmente complejo es recordar que nuestros jóvenes nos tienden su mano y somos nosotros los que tenemos la obligación de no soltarlos. A ver si recogemos este guante. El único que vale la pena y la alegría.

*Ex Directora Nacional para Jóvenes Infractores a la Ley Penal