Nacionales

13 septiembre, 2016

Trabajando en equipo: Macri y Lifschitz firman convenio sobre seguridad para Santa Fe

Después de dos movilizaciones masivas en Rosario, varios amagues y acusaciones cruzadas entre funcionarios, el gobierno nacional y provincial acordaron un plan contra la inseguridad. A partir de la semana que viene, entre 1000 y 1500 efectivos se desplegarán por el territorio santafesino, con el objetivo declarado de combatir al narcotráfico y otros delitos complejos.

Después de dos movilizaciones masivas en Rosario, varios amagues y acusaciones cruzadas entre funcionarios, el Gobierno nacional y el provincial acordaron un plan contra la inseguridad. A partir de la semana que viene, entre 1000 y 1500 efectivos se desplegarán por el territorio santafesino con el objetivo declarado de combatir al narcotráfico y otros delitos complejos. El presidente Mauricio Macri y el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, definieron el trazo grueso de esta intervención conjunta de fuerzas de seguridad que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2017.

A partir de este convenio se constituirán un Comité encabezado por Lifschitz y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y un Comité Operativo Conjunto de las fuerzas federales -Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria- policía provincial y servicio penitenciario provincial para acciones operativas. El acuerdo establece que delitos federales tales como narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas o lavado de dinero quedarán bajo supervisión de Gendarmería Nacional.

Este viernes Lifschitz y Bullrich definirán los primeros pasos del plan. Estiman que a partir de la próxima semana llegarán a la provincia entre 1000 y 1500 efectivos: entre 500 y 700 se establecerán en el departamento Rosario y el resto se distribuirá entre la ciudad de Santa Fe, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto.

Las sonrisas previas a la reunión entre Macri, Lifschitz y Bullrich -a la que se sumaron el jefe de gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio- fueron solamente protocolares. En la última semana el gobernador santafesino y las principales espadas del gabinete nacional cruzaron fuertes acusaciones. El jueves Bullrich aseguró que Lifschitz no quería “asumir el compromiso de depurar la policía» y que el narcotráfico estaba «empezando a tocar a algunos funcionarios». En tanto, el santafesino denunció que el gobierno de Cambiemos quería tomar control de la policía provincial, advirtió sobre “intentos desestabilizadores” en Santa Fe y acusó a la ministra de “impulsiva», de «hacer circo» y de trabajar «con los medios de comunicación».

La intensidad del conflicto anticipa la disputa electoral del año que viene. La provincia de Santa Fe es desde hace tiempo un objeto codiciado para el principal socio de la coalición gobernante, el PRO, que quedó en dos elecciones consecutivas a las puertas de la Casa Gris. En ambas perdió Miguel del Sel: en la primera contra el actual titular nacional del Partido Socialista, el diputado provincial Antonio Bonfatti, y en la segunda contra el propio Lifschitz. Por eso, tanto desde el Frente Progresista Cívico y Social como desde Cambiemos quieren mostrar éxitos en el combate del narcotráfico y la inseguridad, cuestiones que rankean alto en la agenda pública santafesina.

La presión se intensificó luego de la masiva movilización realizada en Rosario el 25 de agosto por diversos casos de inseguridad. El jueves pasado se realizó una segunda convocatoria bajo la consigna “Rosario sangra”.

Rápida de reflejos, la intendenta de Rosario, Mónica Fein, inmediatamente después de la primera movilización envío al Concejo Municipal un paquete de medidas. Luego de intensas negociaciones entre los bloques de la atomizada Legislatura local, el 1 de septiembre se declaró a Rosario en emergencia en seguridad. Esto permite reasignar partidas y realizar contrataciones directas para bienes y servicios vinculados a la seguridad. Además, se resolvió ajustar los controles a rubros potencialmente vinculados a economías delictivas como armerías, desarmaderos, talleres mecánicos, comercios de teléfonos celulares y locales de espectáculos nocturnos.

La misma receta, ¿diferente resultado?

En cierta forma, el plan de despliegue de fuerzas nacionales en la provincia y saturación de los barrios periféricos de los grandes centros urbanos de Santa Fe replica el que impulsó hace dos años el entonces secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni.

El 6 de abril de 2014 unos dos mil agentes de Gendarmería y Prefectura llegaron Rosario con el objetivo de desbaratar el narcotráfico y “pacificar” las zonas más calientes. Se allanaron 89 bunkers y se detuvo a 25 personas, pero la cantidad de sustancias incautada fue tan baja que las autoridades ni la informaron. Tampoco cayeron significativamente los homicidios: se cometieron 250 en 2014, sólo 14 menos que en 2013.

Lo que sí crecieron fueron las denuncias de organismos de derechos humanos y movimientos barriales hacia las fuerzas de seguridad, por apremios ilegales contra los jóvenes de los barrios más humildes.

Se trata del grupo social más atravesado por la violencia: de acuerdo a la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad de Santa Fe en 7 de cada 10 homicidios perpetrados en Rosario la persona fallecida tenía menos de 35 años, y la mayoría de ellos se cometieron con armas de fuego. En aproximadamente el 54% de los crímenes víctima y victimario se conocían.

Los números expresan una compleja trama en los territorios, habitados por jóvenes que encuentran en las economías delictivas oportunidades de acceso a bienes y servicios que no les provee el mercado de trabajo, en los que se construyen identidades en oposición a otros grupos e instituciones y en los que la proliferación de armas habilita la resolución de conflictos interpersonales en su forma más extrema.

Es por esto que desde algunos espacios políticos se mostraron escépticos sobre la eficacia de las iniciativas anunciadas para combatir el narcotráfico. Por caso, el diputado provincial Carlos del Frade, del Frente Social y Popular, reconoció que mucha gente “deposita en Gendarmería la confianza que no tiene en la policía” pero advirtió sobre “poner mucha expectativa en una fuerza que deja pasar toneladas de cocaína y pasta base en las fronteras”.

Para el periodista e investigador los resultados de la estrategia de militarización, aplicada ya en Colombia, México y Brasil, han sido “miles de jóvenes muertos” y “el florecimiento de dos de los grandes negocios del capitalismo: armas y narcotráfico”. En su opinión, “la solución pasa por generar trabajo, educación, cultura y deportes en los barrios”. “No hay soluciones mágicas”, planteó.

Mariano D’Arrigo, desde Rosario – @mdarrigo

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