América Latina

7 septiembre, 2016

Nicaragua otorga asilo político a Mauricio Funes, ex presidente de El Salvador

El gobierno de Nicaragua aceptó el pedido de asilo político para Mauricio Funes y su familia. Funes, que fue el primer presidente salvadoreño del FMLN entre 2009 y 2014 es investigado por el Fiscal General de El Salvador por enriquecimiento ilícito durante su mandato. Denuncia una persecución política en su contra.

El gobierno de Nicaragua aceptó el pedido de asilo político para Mauricio Funes y su familia. Funes, que fue el primer presidente salvadoreño del FMLN entre 2009 y 2014 es investigado por el fiscal general de El Salvador por enriquecimiento ilícito durante su mandato. Denuncia una persecución política en su contra.

El pasado 1ro de septiembre Mauricio Funes solicitó el asilo político en Nicaragua, donde se encontraba trabajando desde el mes de mayo, luego de declarar ser un “perseguido político” en su país. El 6 de septiembre el gobierno de Daniel Ortega aceptó el pedido. “Otórgase asilo al ex presidente de la hermana república de El Salvador Carlos Mauricio Funes Cartagena”, establece el texto publicado ese día en la Gaceta Oficial de la República de Nicaragua.

Mauricio Funes fue el primer presidente salvadoreño proveniente de las filas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), formación política de izquierda que impulsó la guerrilla salvadoreña entre 1979 y 1992. Fue presidente de El Salvador entre 2009 y 2014. Actualmente, el FMLN continúa siendo el partido en el gobierno bajo el mando de Salvador Sánchez Cerén. Sin embargo, otros poderes del Estado, como el legislativo y el judicial, cuentan con una fuerte influencia de la alianza opositora de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

El ex presidente está siendo investigado por el fiscal General Douglas Meléndez desde inicios de 2016. Fue acusado por enriquecimiento ilícito durante su mandato, aunque aún no se ha emitido una orden de detención en su contra. Meléndez busca demostrar que el incremento del patrimonio de Funes en esos años, que se estima en 700 mil dólares, es producto del lavado de dinero y de negociaciones con el crimen organizado salvadoreño.

La investigación fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia salvadoreña a partir de un juicio civil en el que el ex presidente fue citado a declarar el pasado 3 de febrero. Esta investigación se desarrolla bajo el supuesto de que su administración entabló negociaciones con las pandillas entre 2012 y 2014 para disminuir los índices de asesinatos en el país.

Fue así como el 9 de febrero de 2016, nueve de los quince magistrados de la Corte Suprema ordenaron el inicio de un juicio en su contra por enriquecimiento ilícito. Ese mismo día Funes presentó la documentación que respalda su patrimonio, pero fue desestimada por la Justicia. Desde ese momento Funes denunció que el juicio en su contra se trata de un “show”, ya que no existen pruebas en su contra.

En el marco de ese procedimiento, una serie de allanamientos fueron ordenados durante el mes de agosto por la fiscalía en diferentes inmuebles del empresario de seguridad y de venta de armas Jorge Meléndez, amigo de Funes, quien supuestamente se favoreció de su relación para obtener contratos con el Gobierno.

El legislador Ernesto Muyshondt de la opositora ARENA, señaló el pasado 23 de agosto que «en los allanamientos han encontrado más indicios y elementos probatorios».  De esta manera, la derecha salvadoreña exigió públicamente a Meléndez que emita una orden de captura contra Funes, decisión que aún no ha sucedido.

Funes, quien se encontraba trabajando en Managua desde el mes de mayo, informó mediante su cuenta Twitter que solicitó el asilo político luego de constatar una persecución política en su contra.

No obstante, el ex presidente aclaró que estará presente en el proceso judicial que se lleva en su contra y que el objetivo del asilo político no es evadirlo.

En su cuenta de Facebook, además, Funes expresó su opinión sobre este juicio en su contra: «Desde que dejé la Presidencia de la República sabía que la derecha oligárquica iba a arreciar la persecución política en mi contra», escribió al principio de un largo texto.

«Ahora que han transcurrido más de dos años desde que salí del gobierno es claro que usarán las instituciones del Estado que aún controlan para provocar mi muerte civil y política, y si es posible mi anulación física», declaró.

Si llegaste hasta acá es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo cotidiano de la gran mayoría de los medios. NOTAS Periodismo Popular cuenta con vos para renovarse cada día. Defendé la otra mirada.

Aportá a Notas