Pauta oficial: sigue la discriminación a los medios comunitarios

Un mes después de que diferentes organizaciones sin fines de lucro y medios comunitarios se concentraran en la puerta del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para denunciar y reclamar por el atraso de siete meses en el pago de Fondos de Fomento Concursables para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca) otorgados en 2015, la Secretaría de Comunicación Pública firmó una resolución que constituye un nuevo acto de discriminación hacia el sector sin fines de lucro y, por lo tanto, un nuevo ataque a la libertad de expresión.

La resolución reglamenta el uso de la publicidad oficial y crea el Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial (Renappo). Este Registro sólo prevé como posibles proveedores a los medios o productoras de contenidos con licencia, autorización o habilitación otorgada en el marco de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) o  de la Ley N° 27.078 Argentina Digital. Pero lo cierto es que existe un muy bajo nivel de aplicación de la LSCA, particularmente en cuanto a licencias y concursos al sector sin fines de lucro se refiere.

Según un estudio realizado por el equipo de investigación sobre industrias culturales de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), entre 2011 y 2015 se adjudicaron licencias o autorizaciones a 127 organizaciones sin fines de lucro (71 señales de televisión por cable, 46 radios FM, ocho  señales de televisión de baja potencia y dos radios AM). Por otro lado, el censo de actores proveedores de servicios de comunicación audiovisual de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA, ahora devenida en Enacom) del año 2010 había arrojado un total de 1053 casos de organizaciones sin fines de lucro de un universo total de 12.395. De ellos, 924 corresponden a radios FM. Estos datos permitirían afirmar que solamente el 12% de los medios sin fines de lucro estaría en condiciones de acceder a la pauta oficial.

Sin embargo, el mencionado estudio afirma también que esos 1053 casos relevados por el censo del año 2010 no contemplan a una enorme cantidad de actores que, o bien no se enteraron del censo, o bien no confiaban en el mismo o no fueron contabilizados por diversas razones. A modo de ejemplo, se cita que de las 127 organizaciones que consiguieron licencias entre 2011 y 2015, 86 de ellas (casi el 68%) no habían sido relevadas en el censo.

Realizando un cálculo lineal a modo de proyección (sin tener en cuenta otros factores intervinientes), se podría estimar que alrededor de 2200 organizaciones no fueron censadas y que entonces las que tienen licencia sólo representan menos del 4% del total de emisoras sin fines de lucro. Este 4% del universo sería el único en condiciones de registrarse como proveedor del Estado para la pauta oficial.

Es decir, que los “criterios objetivos” que el Poder Ejecutivo nacional cita en el artículo octavo de su resolución dejarían afuera de recibir la pauta oficial a más del 90% de los medios del sector sin fines de lucro (vale recordar que este sector debería gozar del 33% del espectro radioeléctrico, condición que tampoco fue cumplida ni por el Gobierno anterior ni por el actual).

Otro punto a destacar dentro de estos criterios es el “alcance del medio”, que refiere a su circulación o audiencia, “para cuya determinación se tendrán en cuenta los indicadores de referencia en cada mercado y los registros que el proveedor certifique mediante declaración jurada”. No nos detendremos en este punto en la poca representatividad y parcial funcionamiento de las mediciones de audiencia, pero sí cabe resaltar que, de ser así, los medios que juren tener más audiencia tendrán mayores posibilidades de acceder a una cuota mayor de publicidad oficial, beneficiando a los más poderososo en lugar de fomentar el crecimiento de medios más pequeños y diversos.

Por último, este mismo Gobierno que escatima los fondos concursados y la pauta oficial a los medios del sector sin fines de lucro, ya ha otorgado pauta oficial a medios comerciales por más de 400 millones de pesos entre diciembre de 2015 y junio de 2016 (y tiene pautados otros 400 hasta marzo de 2017), según un informe que la Jefatura de Gabinete de Ministros ha presentado a pedido del diputado Remo Carlotto, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión.

En cuanto a su distribución el 46,32 % del total asignado (más de 370 millones) se concentra en los grupos Clarín, Indalo, Olmos (Diario Bae y otros), La Nación, Telefónica y Uno. Si a esto le agregamos la pauta en Google y Facebook (casi 25 millones), se puede ver que casi el 50% de la pauta asignada se concentra en estos siete grandes grupos.

Leticia Garziglia – @letigarziglia

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