Juegos Olímpicos Río 2016: deudas y violencia contra la población

Desde la realización de los Juegos Panamericanos 2007 en Río de Janeiro, pasando por el Mundial de Fútbol, en 2014, hasta los Juegos Olímpicos, este año, movimientos populares y colectivos organizados contra el impacto de los megaeventos deportivos vienen denunciando el aumento de la violencia contra la población -con desalojos y crecimiento de la militarización en las favelas-. Así como también la falta de transparencia en la gestión de la preparación de las ciudades-sedes, generando desequilibrio en el presupuesto público y negando a la población el derecho a servicios básicos.

“Nosotras no estamos contra los Juegos Olímpicos. Estamos contra la forma como esos megaeventos llegan a las ciudades, desconociendo las demandas reales y concretas de la población e imponiendo un modelo de ciudad absolutamente distante de las necesidades reales de quien vive allí”, lamentó la economista Sandra Quintela, coordinadora del Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur (PACS) y miembro del Comité Popular de la Copa y de las Olimpíadas de Río de Janeiro.

En este sentido, el episodio más reciente fue la concesión de un crédito de 870 millones de dólares, autorizado por el presidente interino Michel Temer el último miércoles (29), destinado a la Seguridad Pública de los Juegos Olímpicos Río 2016, que comienzan el próximo 5 de agosto.

El Estado de Rio de Janeiro atraviesa una gravísima crisis económica y esa medida, de carácter provisorio, fue tomada después de que el gobierno fluminense decretara el “estado de calamidad pública” por falencias financieras.

A un mes del comienzo de los Juegos, el panorama urbano de Río presenta varias contradicciones. A pesar de la crisis que dificulta, por ejemplo, el pago de salarios de funcionarios públicos y demanda ajustes en los gastos de educación y salud, los gastos para el megaevento olímpico alcanza los 11 mil millones de dólares, 3 mil millones más de lo previsto cuando Brasil se postuló como sede.

Entrevistada por Brasil de Fato, Quintela afirmó que Río de Janeiro adoptó el “modelo de ciudad mercancía, una ciudad para ser vendida a los mega emprendimientos”. “Las enormes estructuras turísticas están dirigidas al exterior, al capital extranjero, a la privatización del espacio urbano. Hay un proceso de endeudamiento brutal sobre las cuentas públicas que dejaron una deuda muy grande, que aumenta la deuda social”, analizó.

Privatización

El gobierno de Río de Janeiro ha negado que la crisis del Estado haya sido originada por los Juegos, alegando que las dificultades financieras de deben a la crisis general y a la baja en el precio del petróleo, y que la gran mayoría de los gastos de las obras fueron financiadas con recursos de Asociación Público-Privadas (APP). Según los datos del municipio, sólo el 43% de los gastos provienen del presupuesto público, mientras que el 57% viene de las APPs.

Sin embargo, desde el PACS advierten sobre esta cuestión. “Por medio de estas asociaciones público-privadas, el Estado deja de cargar con todos los costos, pero también deja de recibir los beneficios, como en el caso de las obras del metro, trenes y estadios”, explica la institución en su revista Rio de Gastos.

A partir de estas APPs, el Estado garantiza al capital privado ganancias por periodos de cinco a 35 años, aseguradas por contrato. Es decir que, además de ser otra forma de privatización de los servicios y responsabilidades públicas, aparentando a corto plazo generar una baja del gasto publico, lo compromete a largo plazo.

Para Quintela, “los gobernadores pasan a ser gerentes de los intereses de ese capital, que tiene un papel fundamental en las ciudades por causa de la gran especulación inmobiliaria; o sea, para la expansión de las fronteras del mercado habitacional y de tierras. Entonces, vivir en la ciudad queda, realmente, en último lugar”.

Violencia

Según los datos recogidos por el PACS, 65 mil familias fueron removidas en nombre de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. “Hay regiones enteras que fueron privatizadas. Por ejemplo, la región del Porto Maravilla, donde estaba el antiguo puerto. Allí nació la capoeira, el samba, Hoy, todo esta completamente petrificado por un proceso de privatización. Con los mega eventos deportivos, hubo una flexibilización sobre la definición de lo que es privado y lo que es público”, analizó Sandra.

El Comité Popular de las Olimpíadas defiende también que otro legado es el aumento de la violencia policial contra la juventud negra de las favelas. Un relevamiento realizado por Justicia Global indica que, entre enero y julio de 2015, 408 personas fueron muertas por la Policía Militar de Río de Janeiro en casos registrados como “autos de resistencia” (lo que sería una legítima defensa del policía). Esto implica un aumento del 18,6% en relación al mismo período de 2014.

“Es impresionante que, en una ciudad extremadamente militarizada como es Río, esa lógica se profundice en nombre de los megaeventos”, manifestó la economista. En el intento de mostrar al mundo que los morros [favelas] de las “Ciudad Maravillosa” están “pacificados”, el gobierno fluminense, con el apoyo del gobierno federal, ha aumentado los gastos y el numero de policías militares.

El Ministerio de la Defensa especificó que 18 mil militares serán colocados en las ciudades donde se realizarán los partidos de fútbol (São Paulo, Manaus, Salvador, Brasília y Belo Horizonte), y Río de Janeiro recibirá 20 mil agentes, siendo “aproximadamente 14 mil del Ejército Brasileño, cuatro mil de la Marina y dos mil de la Aeronáutica”.

Según los datos solicitados por las organizaciones Artigo 19 y Justicia Global a la Secretaria de Estado de Seguridad de Río de Janeiro (Seseg), fueron adquiridos cuatro mil equipos de protección individual, 18 mil balas de goma, 9 mil balas fumígenas coloridas (que sueltan pintura para marcar personas entre la multitud), 4500 granadas «de efecto moral», 4500 bombas de gas lacrimógeno y más de mil sprays de gas pimienta.

Foto: Brasil de Fato

Artículo publicado originalmente en Brasil de Fato en Español