Nacionales

6 junio, 2016

La ley de blanqueo viene con mordaza

El proyecto de ley sobre el blanqueo de activos y reforma previsonal enviado la semana pasada por el Poder Ejecutivo al Congreso incluye un artículo que prevé multas y hasta detención de uno a tres años para periodistas que divulguen información sobre los evasores que hayan decidido acogerse al «sinceramiento fiscal».

El pasado 31 de mayo el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley que pública y periodísticamente se conoció como de “blanqueo”, pero que en realidad constituye una “ley ómnibus”, que también aborda diversos temas cruciales en el ámbito previsional y de coparticipación. En su articulado se establece una peligrosísima “ley mordaza” para evitar que funcionarios y periodistas difundan información sobre los evasores que hayan decidido acogerse al blanqueo.

El periodista Horacio Verbitsky en su columna “Emergencia y sinceramiento”, publicada el domingo en Página/12, señala que se trata de “por lo menos cinco leyes en una”: “1- Blanqueo de capitales sustraídos del pago de impuestos, tanto dentro como fuera del país. 2- Moratoria de tributos adeudados, incluso para los agentes infieles de retención. 3- Pago de deudas con jubilados del tramo superior de la pirámide. 4- Una pensión universal del 80 por ciento de la jubilación mínima para quienes no tengan otro beneficio. 5- Devolución a las provincias del 15 por ciento de la coparticipación que cedieron a la Nación para el funcionamiento de la ANSES y el pago de sus prestaciones”.

El voluminoso proyecto de ley de casi 100 páginas pretende abordar, con sustento y pericia desiguales, todos estos temas cuando en verdad solamente la propuesta de blanqueo de dineros sustraídos de la tributación nacional (llamada eufemísticamente “Régimen de Sinceramiento Fiscal”) requeriría de una ley, ya que el resto de los elementos planteados caben perfectamente dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo.

Dentro del extenso articulado, vale la pena detenerse en número 85, que constituye uno de los mayores ataques contra la libertad de expresión y de información de los últimos años. Allí se propone: “Los magistrados, funcionarios judiciales o dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, los declarantes del Título I del Libro II de la presente y terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal. Los terceros mencionados precedentemente incurrirán, además, en una multa igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado o cuyos hechos, actuaciones, documentos, datos o información se hubiera revelado o divulgado”.

Es decir, se trataría de un artículo a la medida de los grandes evasores que ahora decidan acogerse al blanqueo y no desean que sus nombres tomen estado público. Además, sin nombrarlo específicamente pero engloblándolo claramente en la figura de “terceros” el artículo constituye un precedente peligrosísimo contra cualquier periodista que decidiera investigar y publicar sobre el tema, a quien -además de la pena de prisión de uno a tres años- podría corresponderle una multa equivalente al monto “sincerado” por quien decida declarar bienes en el marco de este “Sistema Voluntario y Excepcional de Declaración de Tenencia de Moneda Nacional, Extranjera y demás Bienes en el País y en el Exterior”.

Martín Becerra, especialista en políticas y tecnologías de la comunicación, considera que la redacción del proyecto es “descabellada” y que este artículo en especial es “preocupante desde la perspectiva de la libertad de expresión y en particular de la garantía constitucional de la libertad de prensa, dado que prevé la penalización de la divulgación de información que podría afectar el interés público”.

El analista agrega: “El texto repone el estilo de las leyes mordaza que han sido sistemáticamente criticadas en la Argentina por todo el arco político e incluso por funcionarios del actual elenco gubernamental que han tenido en el pasado vínculo con organismos defensores de la libertad de expresión. Además, va a contramano de los avances logrados para despenalizar los llamados “delitos de opinión” en casos donde esté comprometido el interés público”.  En lo que hace a la defensa de la libertad de expresión este tipo de sanciones que apuntan a evitar o dificultar la divulgación de ciertas informaciones son conocidas como “efecto censor e inhibitorio”.

Verbitsky ejemplifica en su artículo: “Sin duda, cuanto mayor sea el monto exteriorizado y más notoria la personalidad del blanqueador, mayor interés público tendrá la noticia. Pues mayor será el castigo. Si un periodista contara que Nicky Caputo se propone blanquear 100 millones de dólares que esconde en Jersey, el doctor Glock (por el juez Claudio Bonadío, famoso por la portación de una pistola de esa marca) podría detenerlo, poner su casa patas arriba y multarlo en 100 millones de dólares”.

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