Almagro y el gobierno argentino buscan suspender a Venezuela de la OEA

El día martes Luis Almagro, secretario general de Organización de Estados Americanos (OEA), convocó a una «sesión urgente» del Consejo Permanente de la institución para invocar la Carta Democrática en contra del gobierno venezolano.

La convocatoria de Almagro, que se llevara adelante entre el 10 y el 20 de junio, surgió luego de un pedido de los representantes del gobierno argentino en la OEA.

La Carta Democrática fue firmada por todos los países miembros de la OEA en el año 2001. En la misma se establece que «la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización».

Entre el 13 y el 15 de junio sesionará la Asamblea General que podría definir sobre la posible expulsión de Venezuela del organismo. En la máxima instancia de la OEA los 35 Estados que la integran tienen un voto. Para que entre en vigencia la suspensión de un miembro por la aplicación de la Carta Democrática se debe lograr un respaldo de dos tercios.

Para que Venezuela no sea suspendida necesita al menos 12 votos que rechacen la propuesta de Almagro. Ese número es exactamente el de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP). Además, Venezuela podría contar con el apoyo de otros gobiernos como el de El Salvador, Uruguay o Chile. En caso de aplicarse la Carta Democrática sería la primera vez que entre en vigencia luego de la suspensión de Honduras tras el golpe de Estado de 2009.

La democracia en Venezuela

Desde que el chavismo asumió la disputa electoral en 1998 hubo un total de 20 elecciones de las cuales en 18 salió triunfante. La transparencia del sistema electoral venezolano ha sido certificada por el mismo Centro Carter y la UNASUR en distintas ocasiones.

En 2015 la oposición venezolana hizo sucesivas denuncias internacionales sobre un posible fraude en la elección de diciembre. El mismo Mauricio Macri, que aún no había asumido como presidente argentino, hizo la promesa de que cuando llegara al gobierno buscaría que se aplique la cláusula democrática del Mercosur contra Venezuela.

Pero, con el anuncio de los resultados favorables a la oposición el 8 de diciembre, rápidamente se acallaron esas denuncias.

El informe de 132 páginas presentado por Almagro para justificar la aplicación de la Carta Democrática carece, en este sentido, de argumentos:

1. Señala una «crisis multidimensional» y una «crisis humanitaria» destacando datos como la baja del PIB, el aumento de la inflación, el déficit fiscal y el endeudamiento externo (con datos del FMI). También se resalta la escases de medicamentos y de alimentos, las denuncias de corrupción (a través de encuestas) o el aumento de la criminalidad. En ningún caso se hace referencia a empresarios condenados por contrabando y acaparamiento. Tampoco a funcionarios del gobierno que han sido detenidos por casos de corrupción. Y, menos aún, a sicarios a los que se le ha probado su vínculo con la oposición.

2. «La democracia no es compatible con las detenciones de personas por sus ideas», así comienza otro de los apartados del documento. Pero no se señala nombres propios. Sólo destaca estadísticas que citan al twitter de Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano. Almagro no se anima siquiera a defender a Leopoldo López quien no está preso por sus ideas sino que fue condenado por el poder judicial por promover atentados en Caracas en febrero de 2014.

3. «En Venezuela el gobierno ha cerrado los canales diálogo naturales de una democracia» o «los manifestantes son oprimidos y reaccionan ante esa opresión», son otras de las frases vacías de contenido del informe que carecen de sustento real. Primero, en la última semana a instancias de la secretaria general de la UNASUR en República Dominicana se llevaron adelante reuniones para abrir un diálogo entre dirigentes chavistas y de la oposición. Segundo, la vaga referencia de que «los manifestantes son oprimidos» esta muy alejada de los jóvenes fascistas que atentan sistemáticamente contra funcionarios policiales.

4. Almagro convoca a prestar testimonio a Henry Ramos Allup, el opositor que ejerce como presidente de la Asamblea Nacional, debido a que en Venezuela el poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia no permitirían el normal desarrollo de la institución parlamentaria. Esto se debería a la aplicación de decretos del Ejecutivo y a la nulidad de leyes aprobadas por el poder judicial. La inconsistencia del secretario general de la OEA está en ni siquiera hacer referencia a las atribuciones que les otorga a cada institución la constitución aprobada en 1999.

5. La ignorancia de Almagro sobre la constitución venezolana llega a relatar como anómalos casos que entran bajo el normal funcionamiento de la legalidad. Un caso es el de la llamada «ley de amnistía» en el cual la oposición pretendía con la aprobación de una ley en la Asamblea Nacional la liberación de políticos presos condenados por actos terroristas. El artículo 187 de la Constitución habilita a la Asamblea Nacional a decretar amnistías. Pero el artículo 214 también permite al Tribunal Supremo de Justicia declarar la inconstitucionalidad de las leyes sancionadas por el Poder Legislativo. Y, según los magistrados, la liberación de terroristas atenta contra la constitución.

«Más derecha para más gente»

El lema actual de la OEA es «más derechos para más gente». Pero en lugar de garantizar el cumplimiento de los derechos de los pueblos de América a vivir en regímenes democráticos la historia reciente de la institución muestra lo contrario.

En 2012 en Paraguay los partidos opositores se aliaron a un sector de la coalición del entonces presidente Fernando Lugo y con una maniobra inconstitucional en el parlamento llevaron a cabo un golpe de Estado. En esa ocasión la OEA no suspendió a Paraguay.

A pocas semanas de que en Brasil se destituyera a Dilma Rousseff a través de un juicio político sin sustento legal alguno, que Almagro y el gobierno argentino intenten suspender a Venezuela de la OEA por no ser un país democrático, muestra el cinismo de quienes llevan adelante la propuesta. Quienes buscan excluir a Venezuela de la OEA legitiman a los golpistas de la derecha continental atacando a la democracia.

Lucas Villasenin – @villaseninl