Ley de Emergencia: crece el conflicto entre Vidal y los sindicatos bonaerenses

Este jueves se tratará nuevamente en la Legislatura bonaerense el proyecto de ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica. Cambiemos tratará de conseguir la media sanción que requiere para ser definitivamente aprobada. Mientras tanto, desde diferentes asociaciones gremiales, los trabajadores y trabajadoras del Estado provincial se organizan en una jornada de paro y de gran movilización en contra de la sanción de esta ley.

Los conflictos en los trabajadores del Estado en la provincia de Buenos Aires vienen acrecentándose y el gobierno de María Eugenia Vidal parece no encontrarle la vuelta. A la paritaria fallida de los trabajadores de la administración pública enmarcados en la ley 10.430 y la extorsión a los auxiliares de escuelas queriendo privatizar el servicio de limpieza, se le suman las paritarias no cerradas y sin convocatoria de profesionales de la Salud y Judiciales.

En este marco de conflictividad general en la provincia, el jueves 19 de mayo decenas de miles de trabajadores se encontrarán nuevamente en las calles de la ciudad de La Plata, para rechazar el ajuste que intenta realizar el gobierno provincial. Durante las últimas semanas, al calor de las luchas protagonizadas por estatales, judiciales y médicos, una veintena de gremios estatales -entre los que se encuentran, ATE (Estatales), AJB (Judiciales), CICOP (Profesionales de la Salud), el Frente Gremial Docente (SUTEBA-FEB-SADOP), AEMOPBA (Estatales de Obras Publicas), SOEME (Estatales de Minoridad) y la Comision gremial Interna del Banco Provincia, entre otros- conformaron una mesa Intersindical, buscando enfrentar de forma unitaria la política hacia los trabajadores del gobierno provincial.

Sobre las leyes de Emergencia Administrativa y Tecnológica

Concretamente, el proyecto de ley de Emergencia plantea medidas de excepción que permiten la flexibilización de los requisitos para las contrataciones y licitaciones por parte del Estado para la provisión de bienes y servicios y la adjudicación y ejecución de obras, eximiéndolos de controles por parte del Consejo Consultor de Obras Públicas y los demás organismos. De esta manera, los ministros y secretarios tendrían la facultad de aprobar y adjudicar licitaciones directas con empresas con requisitos mínimos y sin ningún tipo de asesoramiento, seguimiento ni control.

La flexibilidad de requisitos es tal que permite, por ejemplo, las contrataciones con empresas que no se encuentren inscriptas en el Registro de Proveedores y Licitadores.

Estas medidas que permiten fácilmente el ingreso del sector privado a ocuparse de las prestaciones de servicios del Estado y la ejecución de obras, se complementan con un nuevo régimen de contratación laboral que profundiza las condiciones de precariedad existentes para los trabajadores y trabajadoras de la administración pública bonaerense.

Derogando artículos de la ley 10.430 (ley que regula a la administración pública de la provincia de Buenos Aires) elimina la modalidad de contrato allí planteado y lo incorpora en el marco normativo que plantea la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica escindiendo la figura del contratado de toda regulación de empleo público. Este contrato de servicios autónomo, se define en este proyecto como un “contrato sin relación de dependencia, sin derecho a expectativa o prórroga”. “Una vez operado su vencimiento, el contrato deberá finalizar las tareas sin derecho a remuneración adicional alguna”, indica también.

Patricia Bellezza