Operativo Independencia: ¿Cuál fue el rol de los ingenios azucareros?

Mientras el juicio por el Operativo Independencia desarrolla sus primeras audiencias la Justicia Federal sigue indagando en el rol de los ingenios azucareros en el Terrorismo de Estado. En un allanamiento al ingenio La Fronterita se encontraron legajos de víctimas de la dictadura.

Allanamiento en un ingenio azucarero

En el marco de la causa Operativo Independencia el fiscal federal Pablo Camuña pidió realizar un allanamiento en el ingenio La Fronterita para acceder a la información que la empresa se venía negando a entregar durante años. El fiscal explicó a Notas que “en las instalaciones del ingenio La Fronterita funcionó una de las bases para las fuerzas de tareas que se desplegaron en lo que ellos llamaban la zona operativa. Algunos de estos hechos ya están imputados en la causa que está en juicio y el allanamiento es una actuación complementaria de la causa general”.

Entre los documentos que reclamaba la fiscalía había libros contables y administrativos, todo documento relativo a la instalación de una base militar en el predio del ingenio, convenios o acuerdos con los distintos estamentos gubernamentales del gobierno de facto entre 1976 y 1983, listados de personal correspondiente a ese período, actuaciones relacionadas a la actividad sindical en el ingenio y “cualquier otro material de interés en lo relativo a las investigaciones en curso por delitos de lesa humanidad”.

La página de la Procuraduría General de la Nación informó que “se secuestró en la sede del ingenio los legajos de víctimas de delitos de lesa humanidad que pasaron por la Base y el CCD, recibos de sueldos de la época, libros de personal (sueldos y jornales, personal, etc.), archivos de litigios laborales y otros documentos de relevancia para la causa”.

El caso de La Fronterita, por supuesto, no es aislado. Para tener una idea del grado de colaboración entre dictadura e ingenios, alcanza con citar el Fondo Patriótico Azucarero que funcionó entre 1976 y 1977, recaudando cerca de 5 millones de dólares para el gobierno de facto. “El Fondo Patriótico no fue espontáneo – explicó a Notas Natalia Ariñez de H.I.J.O.S. Tucumán- lo impuso Bussi para fomentar su campaña y las acciones de embellecimiento como obras de infraestructura en la provincia. Él ya había decido que su carrera política no iba a terminar con la dictadura”. Tanto el ingenio Leales, que perteneció a la familia Prat Gay como el ingenio Ledesma de la familia Blaquier –la más emblemática de la provincia- formaron parte del Fondo Patriótico y, en ambos casos, la Justicia investiga la desaparición y muerte de trabajadores de esas empresas y la participación de sus dueños con el aparato represivo.

“Si la participación de la familia Blaquier al aparato represivo es material –explica Natalia Ariñez- porque aportaron camionetas e infraestructura, con los dueños de La Fronterita se repite el esquema porque ellos habilitaron instalaciones del ingenio para lo que los militares llamaban “lugar de reunión de detenidos” y que no era otra cosa que un centro clandestino de detención. Por eso el allanamiento nos alegra porque entendemos que es una forma de seguir investigando el rol de los empresarios y el acompañamiento civil en los inicios del Terrorismo de Estado. Y también nos alegra porque en este juicio hay muchos sobrevivientes de distintos Centros Clandestinos que fueron trabajadores azucareros”.

El globo de ensayo de la dictadura

Cuando se habla de Tucumán y dictadura se suele decir que esa provincia sirvió al Terrorismo de Estado como un globo de ensayo. Y esa afirmación se justifica en los hechos. Trece meses antes del golpe de estado, el 5 de febrero de 1975, Isabel Perón firmó el decreto N° 261 que ordenaba: “El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la Provincia de Tucumán”. Ese mismo año la escuela Diego de Rojas se convirtió en el primer centro clandestino de detención, torturas y exterminio de todo el país, el cual se conoce como Escuelita de Famaillá.

Pero para entender el rol que cumplieron los ingenios azucareros en la represión es necesario reconstruir parte del contexto histórico. El abogado de la querella que representa a la secretaria de Derechos Humanos de la Nación, Pablo Gargiulo lo explicó a Notas de esta manera: “En el sector azucarero, que es emblemático de Tucumán, se reunía y condensaba un espectro muy amplio de las fuerzas productivas provinciales. No solo los productores de caña sino también los dueños de los ingenios. Eso suponía, al mismo tiempo, mucha mano de obra ocupada en el sector. El sindicato que organizaba estos trabajadores –la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera- era muy fuerte en aquel momento y como tal llevaba adelante las reivindicaciones de los trabajadores que iban en contra de los intereses patronales. Por eso muchas de las víctimas del Terrorismo de Estado en Tucumán eran parte de ese sindicato o trabajadores de los ingenios. Como segmento social los trabajadores fueron muy atacados y muy golpeados por la dictadura”.

Para Natalia Ariñez todo empieza cuando la dictadura de Juan Carlos Onganía ordenó el cierre forzado de 11 de los 27 ingenios que había en la provincia. El decreto ley 16.926 tiene fecha del 21 de agosto de 1966 y por él se ordenaba una regulación que fijó cupos de producción por zonas territoriales. Lo que implicó una reducción del 30% en la producción tucumana con relación a la zafra de 1965. “Ahí se siembra la pobreza –dice Ariñez- y se destruye la provincia. Un montón de personas se van echadas por la miseria. Pero ahí también nacen las organizaciones sociales, artísticas y políticas que se oponen al régimen”.

La estrategia de comunicación del gobierno de Isabelita –y que se profundizó durante la dictadura- intentó construir la imagen de un enfrentamiento entre las fuerzas represivas y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Guerrilla contra ejército, decían. Sin embargo un informe publicado en 2015 por Flacso, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y el Programa Verdad y Justicia y la secretaria de Derechos Humanos del ministerio de Justicia estableció que de las 269 víctimas que se incluyen en el juicio por el Operativo Independencia el 42% eran obreros mientras que sólo el 7% pertenecía al ERP.

Los hechos muestran que la relación entre dictadura e ingenios fue bilateral. No solo salió beneficiado Bussi con el apoyo económico y político del capital sino que también las empresas lograron mayor concentración en menos manos.

Juan Mattio – @juanmattio