El juez que se negó a citar a Massot puede ser investigado por demorar causas de lesa humanidad

Se lo acusa de demorar las causas, de desobedecer a instancias jurídicas superiores y de dilatar declaraciones indagatorias. Fue denunciado por el equipo de fiscales y Casación decidió avanzar en la investigación.

La Sala I de la Cámara de Casación Penal dejó sin efecto la decisión de la Cámara Federal de Bahía Blanca que había rechazado un recurso de la fiscalía que denunciaba al ex juez federal subrogante Santiago Ulpiano Martínez por demorar causas que investigan delitos de lesa humanidad.

La investigación se inició el 15 de diciembre de 2014 por una denuncia de la Unidad Fiscal de los Derechos Humanos contra Martínez. El escrito ponía en evidencia que el ex juez federal había cometido irregularidades en causas que investigaban delitos de lesa humanidad. Entre ellas, el retraso de la elevación a juicio y el incumplimiento de lo ordenado por las instancias superiores, dilatando así llamados a indagatoria de cinco imputados.

Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos de Bahía Blanca, denunciaron a Martínez por irregularidades en diciembre del 2014. Unos meses después presentaron un requerimiento de instrucción para evaluar el desempeño de Martínez. El escrito decía que se había detectado «una serie de incompetencias del juzgado que por momentos parece delirante». «Se advierten una serie de vicios, errores e irresponsabilidades, que ponen de relieve un desmesurado esfuerzo a impedir el avance del proceso de memoria, verdad y justicia”. Y acusaba a Martínez de «no chequear apellidos, confundir fechas, citar equivocadamente informes, solicitar investigar casos que corresponden a otros juzgados».

La Comisión de Disciplina también lo denunció por su “generalizada práctica de obstaculización que pone en riesgo los procesos”, por su intento de “fragmentar y descomponer” la causa en “expedientes aislados e inconexos” y por su rechazo a investigar delitos sexuales aun cuando la Cámara se lo había ordenado.

Santiago Ulpiano Martínez fue destituido por el Consejo de la Magistratura de la Nación del cargo de juez subrogante del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, en junio del 2015.

Sin embargo la Cámara Federal había rechazado investigar penalmente al juez por dos razones. En primer lugar porque quien estaba a cargo de la investigación era un fiscal subrogante y, en segundo lugar, porque desde la fiscalía habían confundido un sello.

En relación a la primera impugnación, desde la fiscalía respondieron que “el Fiscal General o quien lo subrogue en su actuación, no deja de ser un Fiscal Federal” y en relación al sello que se trató de “un defecto debido a un error involuntario y material, absolutamente insignificante, con relación a la cuestión que estaba en juego, que nunca pudo ser utilizada, ni siquiera mencionada, para eludir el tratamiento del tema de fondo: una denuncia contra un Magistrado Federal, en causas donde se investigaban Crímenes de Lesa Humanidad”.

Los fallos de Martínez a favor de Massot

Martínez fue una pieza clave para que Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia, saliera ileso de los requerimientos que presentó la Unidad Fiscal. Cuando Nebbia y Palazzani pidieron que fuera llamado a indagatoria, Martínez lo rechazó “por el momento”. Lo hizo casi 15 días después de la solicitud. Argumentó que había realizado una “detenida lectura” de la documentación y se negó a “formular una relación circunstanciada de la totalidad de hechos descriptos y elementos de convicción aportados”. De esa forma descartó las imputaciones “sin perjuicio de lo que pudiere resultar del avance de la investigación”.

Según Martínez no había “elementos de convicción suficientes” que permitan la imputación penal porque “no hallo indicios con entidad” para sostener que La Nueva Provincia formó parte del plan criminal implementado por las fuerzas armadas. Ni siquiera advierte “la existencia de una campaña de acción psicológica generada o llevada a cabo en forma coordinada con las autoridades de facto”.

“Las publicaciones periodísticas efectuadas y su discordancia con la realidad posteriormente acreditada (luego de una ardua y compleja investigación), sumada a la evidente postura ideológica sostenida invariablemente en sus secciones editoriales o bien a partir de la terminología utilizada en las diversas notas analizadas no resultan suficientes como para achacar responsabilidad penal en la comisión de delitos comunes conceptualizados como de lesa humanidad», concluyó.

Juan Mattio – @juanmattio