Dos proyectos de ley que ponen en tensión el derecho a la información

Mientras que en la Cámara de Diputados se discutió el proyecto de ley denominado “Habeas Internet, derecho al olvido”, en el Senado se trató el que busca implementar la «Cédula Escolar Nacional».

En la tarde del martes, el Congreso fue el escenario de discusión sobre el derecho a la información. A las 15, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dio inicio a la sesión que tuvo por objeto debatir el proyecto de ley denominado “Habeas Internet, derecho al olvido”, presentado por el diputado Alberto Asseff (Frente Renovador), que busca habilitar a las personas jurídicas y físicas a eliminar datos de buscadores web.

Por otro lado, a las 17.30 comenzó la discusión en la Comisión de Educación y Cultura del Senado sobre el proyecto de ley que busca registrar los datos de todos los estudiantes escolarizados del país, presentado por el senador Julio Cobos (UCR), y que contó con la presencia del Ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich.

El proyecto “Habeas Internet, derecho al olvido” que busca habilitar a las personas jurídicas y físicas la posibilidad de exigir a los buscadores web la eliminación de resultados que tengan datos de las mismas se sostiene, según el fundamento presentado por el Frente Renovador, en el Artículo 43º de la Constitución Nacional que establece “la protección de los derechos de las personas físicas o jurídicas, tanto de la sana y libre expresión como así también del resguardo de los derechos vinculados a la identidad personal, a la privacidad, a la imagen y al honor”.

Dentro de los principales ejes del debate se encuentra el del derecho al acceso a la información de interés público. El mismo está nombrado en la propuesta pero no descripto ni desarrollado. Se establece en este sentido un plazo de diez años previo a la posibilidad de ser eliminada. La principal preocupación al respecto, tiene que ver con que la primera instancia de solicitud de eliminación de los datos sea directa entre el interesado y el buscador y no mediante un juzgado que evalúe y determine si dicha información es de interés público o no y, al mismo tiempo, no está claro que sucederá con la misma una vez cumplido el plazo que establece la propuesta.

Por su parte Beatriz Busaniche, magister en propiedad intelectual y miembro de la Fundación Vía Libre, advierte que la medida incluye a personas jurídicas, las cuales no cuentan con los mismos derechos personalísimos que las personas físicas y para las cuales rigen otras jurisprudencias.

Paradójicamente, casi al mismo tiempo, Esteban Bullrich defendió frente a la Comisión de Educación y Cultura del Senado, el proyecto para la creación del Programa “Cédula Escolar Nacional”, presentado por Cobos en 2015. El mismo busca implementar un registro centralizado de los datos personales, médicos, académicos y del entorno/familiares de todos los estudiantes escolarizados, que van desde las salas infantiles hasta la escuela secundaria.

Esta propuesta fue la que generó mayor polémica, ya que se pone en juego datos sensibles -según la definición en la Ley de Protección de Datos Personales– de menores de edad de todo el país. En este sentido la Fundación Vía Libre, explica que dicha ley establece que “ninguna persona puede ser obligada a entregar datos sensibles y que queda prohibida la conformación de archivos que los contengan”. También agrega que si bien el objetivo señalado en el proyecto es viable, ya que busca prevenir y luchar contra las altas tasas de deserción escolar, “el programa no prevé ninguna política en ese sentido, más allá de la simple construcción de esta base de datos”.

Por su parte, el senador Cobos planteó en declaraciones al diario Clarín que “la idea de la Cédula Escolar es cruzar los datos del Registro Civil, los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social, ANSeS, los juzgados de familia, etcétera”, mostrando una visión más funcionalista y que no encuentra que entren en conflicto la medida con el derecho a la información.

Lucio Negrello