12 abril, 2016
Dólar futuro: seis claves para entender sobre qué declarará Cristina Fernández
Una decisión autónoma del Banco Central. Federico Pinedo como denunciante. Alfonso Prat-Gay y Marcelo Bonelli como testigos. Lejos de las denuncias por corrupción, la reaparición pública de Cristina Fernández se centra en una causa por demás curiosa.

Una decisión autónoma del Banco Central. Federico Pinedo como denunciante. Alfonso Prat-Gay y Marcelo Bonelli como testigos. Lejos de las denuncias por corrupción, la reaparición pública de Cristina Fernández se centra en una causa por demás curiosa.
En su resolución del pasado 26 de febrero, el juez federal Claudio Bonadío ordenó citar a 13 personas para prestar declaración indagatoria. Con detalle de fecha y hora de las audiencias, el magistrado listó los nombres de los imputados, y dejó para final, tal vez para darle suspenso, a Cristina Fernández. El día de la cita: 13 de abril a las 10 horas.
La causa
Según Bonadío, “entre los meses de septiembre y noviembre de 2015 se vendieron contratos de dólar futuro por parte del Banco Central (BCRA) a valores inferiores al precio de mercado con conocimiento e intención”.
¿Qué significa esto? Que el Estado se obligó a pagar a sus acreedores una suma indeterminada en pesos tomando como referencia el dólar, pero no a su valor de octubre de 2015 sino a marzo de 2016. Es decir, por cada dólar el Estado pagaría 10,65 pesos –que es el valor que calculó entonces el BCRA–.
La maniobra, así descripta, es tan usual como legal. ¿Pero qué se le achaca entonces a la gestión saliente? Que subestimó intencionalmente el valor del dólar futuro. En otras palabras: que sabía que en marzo el dólar valdría más que 10,65 pesos –debido a la inminente devaluación–.
Ello, según la denuncia, le causó un perjuicio millonario al Estado, pues por cada dólar ya no debía pagar 10,65 pesos sino bastante más.
Los denunciados
Además de la ex presidenta, fueron imputados el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex presidente del BCRA Alejandro Vanoli.
Y asimismo, la nómina la completan Flavia Matilde Marrodán, Bárbara Emilia Domato, Alejandro Formento, Juan Miguel Cuattromo, Mariano Beltrani, Germán David Feldman, Pedro Martín Biscay, Sebastián Andrés Aguilera, Miguel Ángel Pesce y Pablo López.
El delito
Según los denunciantes, los imputados cometieron fraude en perjuicio de la administración pública, un delito penado con entre dos y seis años de prisión. Pero además, de acuerdo a la postura del propio juez que insiste con la existencia de una asociación ilícita, la pena máxima podría ascender a los diez años de prisión.
Los denunciantes
La causa fue iniciada a raíz de la denuncia presentada por el actual presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (PRO), y por el presidente del interbloque de Cambiemos en Diputados, Mario Negri (UCR).
Pruebas y testigos
El principal testigo de la causa es el actual ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, además de otros economistas afines al oficialismo como Martín Redrado y Lucas Llach. De igual modo, la denuncia se sustenta en la opinión de periodistas que fueron opositores al kirchnerismo, como Marcelo Bonelli o Marcelo Longobardi, conjuntamente con algunos audios de Radio Mitre.
Principales críticas
La semana pasada, sin embargo, el propio Federico Pinedo declaró: “No pensaba que tenía que ver la (ex) presidenta, de hecho en la denuncia nuestra no figura en absoluto”.
A él, a su tiempo, se sumaron los cuestionamientos de diversos economistas, políticos y periodistas –varios de ellos incluso críticos al kirchnerismo, como Marcelo Zlotogwiazda y Reynaldo Sietecase–.
Entre sus argumentos, se destaca el hecho de que, incluso si fuera errada, las decisiones económicas difícilmente puedan ser objeto de imputación penal, máxime cuando la devaluación que dio origen al desfalco fue tomada por la gestión de Mauricio Macri. A lo que debe sumarse, además, la inexistencia de un beneficio económico a favor de los involucrados como fruto de la maniobra.
Al mismo tiempo, en línea con lo expresado por el senador Pinedo, recibió serias críticas la citación a la propia Cristina Fernández. Teniendo en cuenta que el Banco Central es un organismo autónomo, su máxima autoridad no puede recibir órdenes del Poder Ejecutivo, por lo que la inexistencia de dependencia funcional torna difícil responsabilizar a alguien más que a Alejandro Vanoli.
Federico Dalponte – @fdalponte
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