Ley de Medios: la sordera del Estado argentino ante la CIDH

El Estado argentino debió concurrir hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para brindar explicaciones sobre los cambios introducidos por el Poder Ejecutivo Nacional en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) vía decretos presidenciales y su incidencia en el derecho a la libertad de expresión.

Este miércoles, en una sesión convocada de apuro por el oficialismo, fue ratificado del DNU 267 firmado por el presidente Mauricio Macri en diciembre pasado para desguazar la LSCA.

La audiencia fue solicitada por diversas organizaciones e instituciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA), la Red de Carreras de Comunicación (RedCom) entre otras. Por la parte peticionante, un plantel integrado por Horacio Verbitsky (CELS), Damián Loreti (vicepresidente de AMARC), Ana Jaramillo (rectora de la UNLa), Daniel Badenes (RedCom), Néstor Busso (FARCO), y el profesor e investigador Martín Becerra. También intervinieron representantes de pymes y cooperativas de comunicación.

El eje de las intervenciones de los peticionantes se centró de manera estricta en el impacto negativo de las modificaciones normativas mientras que la delegación oficial utilizó el tiempo que le correspondía para a esbozar la intención de sancionar un nuevo marco regulatorio “que contemple la convergencia tecnológica” y criticar las políticas de comunicación del gobierno de Cristina Fernández con la teoría de la “guerra contra el periodismo”.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, afirmó que con la llegada del presidente Mauricio Macri “se restituyó en Argentina el pleno ejercicio de la libertad de expresión”, luego de un período en el que, según el funcionario, hubo “periodistas hostigados y encarcelados”. En las intervenciones de la delegación oficial argentina no se vislumbraron argumentos que conecten la tensa relación del gobierno kirchnerista con una parte del periodismo opositor con las modificaciones normativas establecidas por los decretos. Tampoco se refirieron a los cuestionamientos realizados por las organizaciones e instituciones peticionantes.

En esa ronda intervenciones se señalaron que las modificaciones a la LSCA obstaculizan la competencia y favorecen la concentración del mercado audiovisual, a la vez que obturan el acceso al espectro radioeléctrico para nuevos actores, que violentan estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otras cosas por la disolución de autoridad de aplicación y los consejos asesores que tenían conformación colegiada, mutisectorial y federal. También fueron objetadas la exclusión y el perjuicio hacia las radios universitarias, de pueblos originarios, el sector sin fines de lucro y las pymes.

Martín Becerra, uno de los especialistas más reconocidos de nuestro país y que ha sido muy crítico de la aplicación de la LSCA por parte del gobierno kirchnerista, afirmó ante la CIDH que “Argentina exhibe altos niveles de concentración en las actividades audiovisuales. Casi el 40% de TV abierta está en manos de dos grupos y casi el 70% de la TV paga también está concentrada en dos grupos”, para luego señalar que las medidas adoptadas tienden a perpetuar la concentración. Por su parte Néstor Buzzo denunció la paralización de los fondos de fomento para las radios, productoras y televisoras comunitarias y de pueblos originarios.

Paulo Vannuchi -miembro de la CIDH Relator para Argentina, Bolivia y Paraguay- afirmó en la audiencia que “la concentración de medios es sin dudas dañina y contraria al derecho de los receptores de la información” e interrogó acerca de cómo contemplaría a los sectores sin fines de lucro y enfrentaría la concentración de medios y la legislación que propondrá el gobierno argentino.

Por su parte, Edison Lanza -Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH- manifestó su preocupación por cómo garantizará el Estado el acceso a todas las plataformas de comunicación a los usuarios y la búsqueda de pluralismo.

Sobre el final, Horacio Verbitsky señaló el hecho de que la delegación oficial no haya respondido ninguno de los cuestionamientos y se haya limitado a criticar el gobierno anterior y prometer un marco regulatorio superador, cuando las regulaciones transitorias -los decretos y resoluciones de Enacom- tienen efectos jurídicos concretos actuales y difíciles de revertir.

Si bien no es un ámbito resolutorio, la CIDH puede realizar recomendaciones a los Estados miembro, en este caso la audiencia finalizó sin que los miembros se expidan sobre el caso presentado, aunque dejaron preguntas planteadas al gobierno argentino.

Lionel Martin – @soylio

Foto: @DiarioPulse