Servicios de Comunicación Audiovisual: ganó el DNU, perdió la ley

En una sesión escandalosa, Diputados ratificó el decreto que trastocó en diciembre pasado la ley de servicios de comunicación audiovisual, dejándolo firme. En una votación que sorpresivamente se realizó a mano alzada, otra vez fue decisivo el apoyo de Sergio Massa.

El decreto

Y un día finalmente la mataron. No habían podido con ella ni los detractores, ni los jueces, ni los empresarios. La mató el propio Congreso. El Congreso que la parió.

Nacida en octubre de 2010, la «Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual» fue registrada bajo el Nº 26.522, y su vida duró poco más de cinco años. En diciembre de 2015, apenas tres semanas después de asumir, Mauricio Macri le arrebató por decreto sus mejores propiedades.

Al poco tiempo, medio centenar de especialistas advirtió: “El relajamiento de los límites a la propiedad generará consecuencias importantes sobre un sector fuertemente propenso a las economías de escala, beneficiará a los mayores grupos y, con toda probabilidad, consolidará la dominación del sector por parte de muy pocos conglomerados”.

Por supuesto, por convicción o por conveniencia, ningún oído del gobierno los oyó.

El procedimiento

En aquellos lejanos años en los que a la UCR y al PRO les disgustaban los decretos de necesidad y urgencia (DNU), denunciaron la grave falencia que contenía la ley que regulaba su aprobación.

Poco más, poco menos, la ley decía que tras la firma de un DNU, el gobierno debía requerir el aval del Congreso. Si el Congreso avalaba el decreto, tendría fuerza de ley. Sino, caducaban sus efectos.

La falencia –argumentaban con razón– era que, para ratificar un DNU, alcanzaba con el aval dado por sólo una de las dos Cámaras. El problema, tan obvio, es que para sancionar cualquier ley se requiere el apoyo de ambas Cámaras. Por tanto era incoherente que para avalar un DNU se necesite sólo de una.

En 2010, presentaron incluso un proyecto para corregir esa falencia. La iniciativa llevó la firma, entre otros, de los actuales ministros Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Ricardo Buryaile. Sin embargo, la ley nunca fue modificada.

Lo curioso, seis años después, con cambios de viento mediante, es que se valieron de ese denunciado procedimiento para modificar los aspectos centrales de una ley ampliamente debatida entre la sociedad civil, validada por ambas Cámaras del Congreso y ratificada por la Corte Suprema.

La votación

La emisión de un DNU para modificar una ley sin mediar urgencia fue un disparate jurídico. El procedimiento, un antiquísimo despropósito. Y la votación, naturalmente, no podía ser menos.

Le mecánica usual indica que el presidente de la Cámara avisa que se votará la norma, pide a los diputados que se identifiquen, estos pulsan el botón que más les guste y bingo: el voto de cada uno aparece en la pantalla.

Apenas horas después, el registro es publicado y todo el mundo puede enterarse qué voto cada diputado. Excepto –pues siempre hay una excepción– que la mayoría decida votar a mano alzada: sí, como en las asambleas, como en el barrio, extienden el brazo hacia lo alto quienes están de acuerdo y uno, el presidente, calcula más o menos el número de votos.

Así se avaló el DNU de Mauricio Macri. No hay registros de qué votó cada uno. No lo hay ni lo habrá. “No se quieren hacer cargo del voto”, les reclamó Héctor Recalde a los oficialistas. Pero no hubo caso. El oficialismo se opuso a la votación nominal.

Aunque sí, por supuesto, pueden hacerse afirmaciones genéricas. Como era esperable, el PRO, la UCR y el Frente Renovador votaron a favor; el Frente para la Victoria, el Frente de Izquierda, Libres del Sur y el Partido Socialista, en contra.

Federico Dalponte – @fdalponte