Para frenar los despidos

Por Federico Dalponte. El despido es por naturaleza el acto más arbitrario de la relación laboral. Te despido, te vas, te echo porque quiero –y puedo–. Y aunque millones de trabajadores dan fe de la injusticia, como todo secreto a voces, el despido sólo vuelve a ser debate cuando el agua llega al cuello.

Hoy es prioritario frenar las cesantías. En la administración pública, por supuesto, porque las víctimas son fruto de la propia precarización del Estado. Y en el sector privado también, pues los despidos masivos se realizan sin mayor justificación que el capricho.

Entre diciembre de 2015 y marzo de 2016, la CTA relevó entre los privados más de 30 mil despidos colectivos o amenazas de despido. Y para lo que viene, la Unión Industrial Argentina (UIA) ya advirtió que podrían producirse 100 mil más.

Se argumentará, claro, que de no producirse esa reducción en la planta de trabajadores, la propia empresa podría sucumbir. Pues bien, que se inicie el procedimiento correspondiente: hoy la ley argentina no permite livianamente los despidos masivos por razones económicas.

Sin embargo, nadie frena a los empresarios. Y ese obrar debería ser cuestionado por el Ministerio de Trabajo. Pero como desde la semana pasada el área a cargo de Jorge Triaca está ocupada en despedir a sus propios empleados, las esperanzas no están puestas precisamente allí.

Lo que queda, en principio, es la calle. Las concentraciones en las puertas de los lugares de trabajo se convirtieron en los últimos meses en una postal repetida que seguramente formará parte de la historia. Mujeres y hombres de todas las edades –despedidos o compañeros de– que plantan sus banderas como primera medida de fuerza.

Lo demás es batalla. La fuerza, como se sabe, siempre es relativa frente al poder del empleador –sea éste público o privado–. Y como en estos tiempos el Ministerio de Trabajo no se luce como garante de los derechos laborales, las centrales sindicales comenzaron a explorar otras alternativas. Su éxito, sin embargo, parecerá siempre dudoso sin la compañía de una sociedad movilizada.

A través del Congreso

La semana pasada los dirigentes de las cinco centrales sindicales asistieron al Congreso para demandar la suspensión por un año de los despidos sin causa. El mismo 29 de marzo, el proyecto quedó formalizado con la firma de los legisladores Facundo Moyano, Héctor Recalde, Edgardo Depetri, Omar Plaini y Néstor Pitrola, entre otros.

Y aunque a la idea original le esmerilaron la duración limitándola a seis meses, el proyecto ya ingresó a la Cámara de Diputados. Aun así, siempre es posible que termine conviviendo en un cajón junto a la similar iniciativa presentada por Myriam Bregman en febrero pasado, a la de Néstor Pitrola de diciembre de 2015 y a la de Nicolás Del Caño de mayo de 2014.

Pese a ello, es dable destacar que en ninguno de los casos se propuso la mera «doble indemnización». Esa estrategia disuasoria, nacida en 2002 de la mano del ex presidente Eduardo Duhalde y prorrogada durante la gestión del Frente para la Victoria, no siempre permitió detener la sangría.

Aquella normativa duró, como disponía su prórroga, hasta que el INDEC registró un índice de desempleo menor al 10%. Y aunque útil, la idea era tornar más caro los despidos para el empresario, pero de ninguna manera los impedía eficazmente.

Hoy, a diferencia de aquellos años, la propuesta de las centrales sindicales es prohibir directamente los despidos injustificados: el empresario que no pueda justificar el despido –o cuya argumentación sea falaz– deberá reincorporar al trabajador.

Denuncia ante la OIT

También durante la semana pasada, los dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado y de las dos CTA inauguraron otra vía para frenar los despidos.

Reunidos con las autoridades locales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los gremios presentaron una queja formal por las violaciones a la normativa laboral perpetradas por el Estado argentino. Entre ellas, al Convenio de la OIT Nº 2 sobre desempleo y al Nº 122 sobre la política del empleo.

Según señala la denuncia, «lejos de promover una política de empleo activa, (el gobierno) no sólo despide de forma directa empleados estatales, sino que de forma mucho más sofisticada, activa todo un mecanismo de estigmatización contra el trabajador público con el fin de difuminar su rol social y quebrantarlo psicológicamente, humillándolo y acusándolo de «ñoqui», con el fin de avalar ante la ciudadanía el despido».

Pedro Furtado, director de la OIT local, se comprometió a girar de inmediato la queja ante el Departamento de Normas. Y si bien es cierto que el organismo internacional no impone sanciones, bien vale como un nuevo antecedente: con un presidente que pretende «insertar a la Argentina en el mundo», por diversos casos hoy el gobierno ya colecciona denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la ONU, ante el Parlasur y ahora ante la OIT.

El Convenio Nº 158

En Chile, el año pasado, la firma LAN concretó despidos generales aduciendo razones económicas. Sin embargo, según denunció la Central Unitaria de Trabajadores, fueron exclusivamente echados los trabajadores que habían participado de una huelga cuatro meses antes.

El caso sirve de ejemplo. Situaciones así suceden a diario en el mundo. En 1985, la OIT promovió la aprobación del Convenio Nº 158 para erradicar la arbitrariedad en los despidos. Pero Argentina nunca ratificó el acuerdo.

Héctor Recalde, Margarita Stolbizer, Héctor Polino, Claudio Lozano, entre tantos más, tienen presentadas diversas iniciativas en el Congreso para aplicar el texto del convenio de la OIT a nivel local. Pero ello nunca se logró.

Pese a todo, a decir verdad, ésta no deja de ser una buena oportunidad para retomar su discusión. No siempre es necesario esperar los tiempos de crisis. Impedir los despidos sin justa causa implica limitar la arbitrariedad del empleador. Y limitar la arbitrariedad del empleador implica, en todo momento, impregnar de democracia a las relaciones laborales.

@fdalponte