La fiesta del gatillo alegre

Por Juan Manuel Erazo. En los últimos días se han revelado varios casos de violencia protagonizados por miembros de la policía bonaerense. Torturas, represión, encubrimientos, negligencias, asesinato. Ante el avance de la derecha en las estructuras del Estado, la “maldita policía” se envalentona y festeja los nuevos bríos a punta de pistola.

A finales de los sesenta, el periodista y militante Rodolfo Walsh escribía: “En los tres primeros meses de 1968, la Policía Bonaerense mató en tiroteo a diez delincuentes, o presuntos delincuentes, sufriendo por su parte una sola baja. Este rendimiento de diez a uno es único en el mundo (…) Ninguno de los expertos consultados puede dar una explicación satisfactoria a la eficiencia provinciana, pero se aventuran tres hipótesis: a) el uso de la metralleta en todos los procedimientos; b) la orden de fuego contra cualquier desconocido o sospechoso que huye; c) la simple ejecución de pistoleros capturados”. La bonaerense dispara y después pregunta.

Finalmente, en la legendaria saga de artículos titulada La secta del gatillo alegre y la picana que el periodista escribió para el semanario del la CGT de los argentinos, no dudo en sintetizar “la secta del gatillo alegre y la picana es también la logia de los dedos en la lata”. Claro, conciso, hay una relación casi simbiótica entre el avance del capital y el aumento de las balas, ya sea en la represión estatal hecha y derecha, como en la garantía de hacer negocios sucios, de sostener redes de trata, de matar con impunidad.

La mala semilla

Para Mónica Raquel Alegre, madre de Luciano Arruga, la policía es la mala semilla. “La mala semilla que nos dejó la dictadura, la mala semilla que nos dejaron los ’90 que tan mal nos hicieron a los pobres. Es la mala semilla que molesta a las demás”. Mónica lo sabe bien, lo sufre en vida, es la mala semilla que le quitó a su hijo por decirle no a las redes de hampa que sostiene esta fuerza.

La mala semilla esta semana saltó a la escena por dos hechos violentos y emblemáticos. Por un lado el secuestro y la tortura de Lautaro Blengio en la ciudad costera de Miramar. El joven militante y activista por los derechos de la diversidad sexual, fue atacado por policías, uno de ellos ya lo había agredido y amenazado anteriormente.

La ciudad gobernada por el intendente massista Germán Di Cesare fue tapa de todos los diarios cuando en el año 2001 se halló el cuerpo sin vida de Natalia Melmann, los implicados en la violación y el asesinato de la joven de 15 años son también policías. Fue encontrada en un vivero, el mismo en el que torturaron al joven Blengio.

El día jueves por la madrugada, un patrullero se estrelló contra una casa en la localidad de Laferrere, La Matanza. El cabo Diego Pereira conducía a gran velocidad y, según los testimonios de algunos vecinos, se encontraba alcoholizado. Ángel Damián Villalba, un recolector de basura de 32 años, fue herido de gravedad cuando los escombros cayeron sobre su cuerpo. La policía que llegó luego del choque solo se encargó de retirar a Pereira y de evitar que los vecinos y familiares auxiliaran a Villalba. Este, sin atención médica inmediata, perdió la vida. El barrio se enfureció y la policía, fiel a su tradición, reprimió.

Estos casos encuentran un sutil encubrimiento por parte de los medios masivos de (des) información. Por ejemplo, en el caso anteriormente citado, varios medios asentaron la idea de que el cabo Pereira perseguía a una moto sin patente, cuando varios testigos desmienten esa idea. Esbozan prejuicios de clase y raciales, citan a periodistas de dudosa procedencia, son las usinas de la impunidad.

Nuevas eras, viejas mañas

El teléfono oficial para denunciar irregularidades en la fuerza policial recibe un promedio de 165 denuncias mensuales y el 25% de todos los efectivos -unos 13 mil policías- está bajo investigación según registros de la Auditoria General de Asuntos Internos. Entre 2008 y 2009, se expulsaron a 872 efectivos y 1.779 fueron desafectados del servicio que brindaban. Estos policías están acusados de abusos de autoridad, extorsión, amenazas, castigos ilegales, asociación ilícita, participación en delitos, mal manejo de fondos públicos y violencia familiar.

El avance de la derecha encarnada en el gobierno de la alianza Cambiemos, da rienda suelta y garantiza impunidad a varias practicas que no comenzaron el 10 de diciembre del 2015, sino que cuentan con un largo historial. La policía bonaerense se ampara e incluso muchas veces recibe órdenes directas de los partidos tradicionales, centralmente de ciertas estructuras del Partido Justicialista. Por ejemplo, en el partido de Merlo eran moneda corriente las denuncias de militantes políticos que aseguraban haber sido golpeados por la policía en nombre del ex intendente, Raúl “Vasco” Othacehé.

Mal que le pese al kirchnerismo y a su activa (y legítima) política de derechos humanos, la violencia institucional encontró muchas veces refugio en el PJ bonaerense, entrando en contradicción las iniciativas progresivas generadas desde organismos e instituciones nacionales, y los verdaderos poderes que juegan a nivel local.

En casi diez años de gobierno, la policía solo bajó la intensidad, pero nunca cesó. En los momentos culminantes donde el kirchnerismo debía mostrar capacidad de gobernabilidad apoyándose en su pata derecha, el capital avanzó sobre los trabajadores, y el PJ tradicional dio respuesta con miles de policías locales, egresados bajo el gobierno provincial de Daniel Scioli.

Por su parte, el poder judicial garantiza la espada de la ley. El miércoles comenzó en los tribunales de San Justo el juicio por el asesinato de Gabriel Blanco donde se encuentran implicados los ex policías Rubén Darío Suárez, Ariel Emiliano Gómez y Pablo Balbuena. Para la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, seguir el caso se transformó lentamente en una pesadilla. El poder judicial garantiza un proceso ideal para los acusados. Rechazó pruebas claves para el esclarecimiento del caso y permite una causa contra miembros del organismo por supuesta extorsión. Son fiscales, abogados, jueces, miembros administrativos, todos ellos académicos al servicio del establishment y sus fuerzas represivas.

Hay un elemento que es el que más pesa, las fuerzas represivas avanzan ante una derrota cultural, avanzan en el sentido común reaccionario. Para miles de jóvenes en los barrios más humildes pesa más ser policía y perseguir a sus vecinos por un sueldo mínimo que ser militantes por un mundo mejor. Esa es una derrota cultural de los núcleos de buen sentido, es una derrota cultural de la militancia política transformadora. En este sistema donde hay más balas que médicos, docentes o trabajadores sociales, la policía actúa sobre una sociedad con niveles de marginalidad severos ¿Hay policías buenos? Tal vez si, tal vez no, solo sabemos que la institución cena en la mesa del patrón.

@JuanchiVasco