Colombia: masivas movilizaciones y paro nacional contra Santos

Durante la jornada del 17 de marzo, Colombia fue escenario de la movilización más importante de trabajadores del campo y la ciudad desde 2013. Con la convocatoria de 1700 sindicatos, se estima que más de dos millones y medio de personas adhirieron a la protesta.

Esta acción es la primera de una agenda común entre varios sectores delineada para el primer semestre de 2016, como consecuencia el magro aumento salarial del 7% otorgado por el presidente Juan Manuel Santos en diciembre de 2015. El reclamo, encabezado por los gremios campesinos, incluye a las principales centrales de trabajadores (CGT, CUT, CTC), el gremio de camioneros, pensionados, organizaciones de víctimas, docentes, estudiantes y organizaciones sociales como la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos. La protesta se realizó de manera pacífica, aunque en horas de la tarde el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) arrojó gases lacrimógenos y chorros de agua contra los manifestantes.

Las organizaciones exigen al Gobierno un pliego de 15 puntos entre los que figuran la denuncia por el incremento de precios de insumos básicos en más de 12%, la desnutrición infantil en La Guajira, el incremento del paramilitarismo y la privatización de las empresas del Estado como la de energía Isagen (actualmente propiedad de la multinacional canadiense Brookfield Asset Management), Teléfonos de Bogotá y la comercializadora de carbón Carbocol.

Hace pocos días, la encuestadora Napoleón afirmaba que el 80% de los encuestados considera que la situación económica es mala o muy mala mientras que la encuestadora Gallup afirmaba que el 69% desaprueba la gestión de Santos.

La situación del campesinado

El pueblo colombiano mantiene una fuerte identificación histórica con el campesinado. Hasta la década de los 60, el 51% de su población vivía en el campo. Hoy, ese número desciende a un cuarto de los habitantes del país. Los desplazamientos forzosos del campo a la ciudad comenzaron a darse a partir delos años 80, con el desarrollo del narcotráfico -que implicó la intervención de la DEA (agencia norteamericana para el control de las drogas), el desarrollo de los cárteles de la droga y el despliegue de bandas paramilitares para el control territorial-.

El Plan Colombia, también firmado con Estados Unidos en 1999, aplicó una serie de políticas de control de la producción de drogas en territorio colombiano que legitimó el ingreso de tropas norteamericanas. Sus consecuencias fueron el aumento del narcotráfico, el incremento de víctimas, la expansión del paramilitarismo y el mayor número de desplazamiento de campesinos hacia las ciudades en la historia colombiana. Con la cifra de seis millones de personas, Colombia es el segundo país con mayor cantidad de desplazados, luego de Siria.

Por tanto, la violencia en Colombia ha tenido siempre un único objetivo: los trabajadores y trabajadoras del campo. Los campesinos cumplen la función de desmontar territorio, volverlo cultivable y habitable. Desarrollan infraestructura urbana, servicios, comunicación y producción.

Eso se vuelve un botín muy preciado para los ejércitos paramilitares, que son conformados además, por campesinos pobres. Durante los últimos años, el 15% de la superficie agropecuaria del país fue despojada por medio de la violencia. A su vez, la desigualdad y la pobreza crecieron a la par de la concentración de la tierra. El 46% de la población rural vive bajo condiciones de pobreza y el índice Gini para este sector pasó de 0.74 en 2011 a 0.88 en 2015.

No obstante, el 70% de los alimentos que consume Colombia proviene de la producción rural nacional. Los campesinos colombianos realizan la ardua labor de alimentar a toda una nación aunque no son propietarios de la tierra que trabajan: el 77% de la tierra cultivable está en manos del 13% de los propietarios.

Esta situación se da a partir de dos modelos de disputa en la burguesía colombiana. La oligarquía tradicional, encabezada por Álvaro Uribe Vélez, combina un modelo de grandes terratenientes ganaderos junto a la expansión de la producción de drogas y el control territorial mediante la violencia paramilitar contra el campesinado. Este modelo, que se gestó en la década de los 80 en la zona ganadera de Antioquia, gobernó el país entre 2002 y 2010 con el saldo de 32 mil desaparecidos -más de 1700 presumibles “falsos positivos” (civiles asesinados que el ejército hizo pasar por guerrilleros)-. Al final de su mandato, Colombia era el país más desigual de América Latina. Hoy es el segundo, luego de Honduras.

El otro modelo, encabezado por el actual presidente Juan Manuel Santos, se presenta como una alternativa más moderna, pacífica y moderada. No obstante, el control territorial continúa siendo un objetivo central para su desarrollo, como así también el narcotráfico. Introduce, además, la explotación de los recursos naturales a través de multinacionales, especialmente hacia la producción de biocombustibles. Actualmente un 2,5% de la tierra cultivable está ocupada por caña y palma africana destinadas a este fin.

Botín de guerra

Colombia constituye una pieza geopolítica fundamental tanto por sus riquezas como por su ubicación estratégica. Posee tres cordilleras con enormes reservas minerales, grandes reservorios de agua dulce, gas y petróleo, salidas al Pacífico y al Caribe -a menos de dos días de navegación a las costas norteamericanas-, acceso a la Amazonía y a la faja del Orinoco venezolana, donde se encuentran las mayores reservas de petróleo y gas del continente. Esto nunca ha pasado desapercibido para el conglomerado militar-empresarial norteamericano.

En el año 2011, Colombia firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos con el aval explícito de las empresas Coca-Cola, Microsoft, General Motors y Wal-Mart. La concreción de este acuerdo implicó una fuerte puja entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata durante la campaña electoral presidencial de 2008. Tras el enfrentamiento entre el tándem republicanos-uribistas y los demócratas, los recambios presidenciales de Barack Obama en Estados Unidos y más tarde, Juan Manuel Santos como mandatario colombiano, facilitaron la concreción de este acuerdo comercial.

En la actualidad, el saldo del TLC no es nada alentador para Colombia. Mientras en el 2011 la balanza comercial se inclinaba a su favor, con un ingreso de más de 8700 millones de dólares, en el año 2015 las importaciones han superado a las exportaciones por más de 2400 millones de dólares. Además, el volumen total de exportaciones hacia Estados Unidos se redujo en un 40%.

El avance de este modelo puede implicar la eliminación del sector que, aun en las peores condiciones de vida, garantiza la alimentación de toda la población colombiana y mantiene viva su producción nacional.

Micaela Ryan – @LaMicaRyan