Despidos en Agroindustria: políticas para la agricultura familiar en riesgo

Uno de los sectores que busca transformarse bajo el nuevo gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2015 es el vinculado al sector agropecuario. La cartera a cargo pasó de llamarse “Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca” a “Ministerio de Agroindustria”. En ese sentido, el sector que denominado de “agricultura familiar” (campesinos, minifundistas, colonos, indígenas), que se ganó un lugar dentro de las políticas públicas (en diciembre de 2014 se sancionó la “Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar”) en los últimos años, corre riesgo de ser desmantelado.

Con el nuevo gobierno nacional, surgieron rumores respecto a la continuidad de las políticas para el sector, a pesar del compromiso del nuevo secretario, Oscar Alloatti, de sostener el trabajo realizado. Para conocer mejor la situación, Notas dialogó con una trabajadora de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), que pidió no ser identificada por miedo a las represalias sobre su fuente de trabajo.

– ¿Qué cambios se visualizan en la SAF luego de la asunción de Alloatti?

– En primer lugar es importante remarcar que desde el cambio de gestión les ha costado mucho el nombramiento de nuevas autoridades. Esto se nota con claridad, cuando vemos que la designación de Alloatti fue posterior a todas las designaciones del Ministerio, lo cual hizo dudar de que la SAF continuara.

Si bien el secretario se comprometió públicamente a continuar con las políticas que se venían desarrollando, ya sabemos por parte de diferentes fuentes que tanto “pueblos originarios” como dependencias un poco más específicas no van a ser prioridad. Además se manifiesta que se va a trabajar con un 30% menos del personal, que hay mucho despilfarro de recursos, que la administración no ha sido buena y en vez de responsabilizar a gestiones previas se pone a los trabajadores y trabajadoras como responsables.

Por el momento, lo único que continúa siendo implementado es el Monotributo Social Agropecuario y la inscripción en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (ReNAF). No se abrieron nuevas líneas de trabajo, ni se dio vía libre para continuar con lo que ya se venía haciendo.

– ¿Cómo se vinculan esos cambios con la situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras? ¿Se han producido despidos como en otras áreas del Estado?

– La situación es bastante delicada. La SAF cuenta aproximadamente con 1500 técnicos en todo el país, de los cuales unos casi 300 son contratados a través de la Fundación ArgenINTA y el resto están todos enmarcados en la “Ley Marco” (Ley Nº 25.164 “Marco de Regulación del Empleo Público Nacional”, que establece la posibilidad de contratos de renovación anual, negando el derecho a la estabilidad laboral). No hay trabajadores de planta permanente en la SAF. Así y todo es una de las secretarías que más creció, porque es la que tiene mayor inserción territorial.

Las nuevas autoridades dicen que el recorte se va a dar sobre todo en aquellas provincias donde consideren que la cantidad de agentes de desarrollo es exagerada. Santiago del Estero es un caso emblemático porque cuenta con más de 150, casi 200 técnicos. Eso tiene que ver con que casi toda la provincia es rural y de agricultura familiar. La mayoría de los productores son campesinos. En todo el norte del país se da esta situación. Hay mayor cantidad de campesinos y campesinas y para ello es necesario mayor personal que despliegue la política pública.

Este escenario es crítico en diferentes provincias, en Buenos Aires se desmanteló la delegación del Área Metropolitana (AMBA) para unificarla con el interior de la provincia cuando sabemos que son problemáticas muy diferentes las del interior y las del AMBA. Esto pone en riesgo la continuidad de compañeros y compañeras que están trabajando en la provincia. También en Corrientes y Chaco hay indicios de que va a haber despidos.

Frente a esta situación la mayoría de los trabajadores estamos afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y desde ahí estamos respondiendo preventivamente. En el caso de Jujuy por ejemplo los despidos incluyeron a delegadas gremiales que tienen fueros, lo cual deja en claro que a este gobierno no le importa avanzar sobre derechos conquistados por los trabajadores hace muchos años.

– Uno de los ejes de la gestión anterior era la cogestión con las organizaciones, que participaban en la elaboración e implementación de políticas ¿Siguen existiendo esos espacios de participación? ¿Hay alguna vinculación entre los reclamos de las organizaciones de la agricultura familiar y los de los trabajadores de la SAF?

– Apenas asumió Alloatti hizo una reunión con las organizaciones que venían participando del Consejo de la Agricultura Familiar, una reunión protocolar. Pero no ha continuado el funcionamiento de ese Consejo. Después si hay manifestaciones de organizaciones como el Movimiento Nacional Campesino Indigena (MNCI) en el cual hacen referencia a la solidaridad con los trabajadores pero principalmente manifiestan preocupación frente al avance sobre la política pública.

Las organizaciones saben que el avance sobre los trabajadores implica un avasallamiento de una conquista histórica para el movimiento campesino y de la agricultura familiar, un retroceso. Es uno de los sectores más vulnerables y con menos herramientas. Son muchos los productores que se van a ver afectados y que no van a poder manifestarse por el hecho de ser marginados, vivir en condiciones precarias en el campo, no contar con herramientas ni siquiera de comunicación. Pero las organizaciones campesinas si están apoyando los reclamos y apoyaron el paro de ATE del 24 de febrero.

Después se da el caso de que la SAF incorporó como parte de la gestión a muchos referentes de organizaciones campesinas y de agricultores familiares, que son los que mejor conocen el terreno en donde las políticas deben aplicarse. Hoy en día ellos también corren peligro. Muchos de ellos son campesinos y campesinas que se transformaron en técnicos, otros profesionales ligados a las organizaciones.

Una de las Subsecretarías que ya se confirmó que deja de existir es la de Fortalecimiento Institucional, que era justamente la encargada de generar instancias de participación de las organizaciones. Si bien el Consejo de la Agricultura Familiar sigue existiendo formalmente porque existe por ley, hay que ver si lo convocan. Hay que ver qué pasa con las Ferias Francas y con otras políticas que se venían realizando, pero todo parece indicar que muchas cosas no van a continuar realizándose.

Fernando Gónzalez – @FerNarso