Libertad para que los represores se atiendan en hospitales militares

El gobierno de Mauricio Macri removió la resolución 85/2013 que prohibía a represores vinculados a delitos durante la última dictadura ser atendidos en hospitales dependientes de las Fuerzas Armadas. La resolución había sido firmada por Agustín Rossi, tras la fuga del Hospital Militar Central de Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi, condenados a reclusión perpetua y 25 años de prisión respectivamente por delitos de Lesa Humanidad.

La cartera de Defensa, dirigida por el radical Julio Martínez, ha anunciado una polémica medida que restaura beneficios a los represores condenados por delitos de Lesa Humanidad en nuestro país. La misma se ha publicado en el Boletín Oficial y había sido adelantada por el periodista Edgardo Aguilera del diario Ámbito Financiero quién dio a conocer algunos de los considerandos de la resolución que firmó el ministro.

El texto argumenta que “el deber del Estado de proporcionar la atención médica adecuada e idónea a las personas bajo su custodia es aún mayor en aquellos casos en que las lesiones o la afectación de la salud provengan de enfermedades cuya falta de tratamiento puede ocasionar la muerte”.

Los represores condenados por delitos de lesa humanidad podían atenderse, como cualquier otro recluso, en el Hospital Penitenciario Central del Complejo Federal I de Ezeiza y en caso de que la unidad no contara con la especialidad que los condenados necesitaran, los médicos especialistas deberían ser quienes se trasladen, para así evitar que se produzcan nuevas fugas.

El periodista Pablo Méndez Shiff también anticipó en Infonews.com la resolución firmada por Martínez y allí reseñó parte del texto que sostiene que, si bien las reglamentaciones vigentes “garantizan la atención médica intramuros, ello no constituye óbice para que el interno del sistema carcelario pueda procurarse atención médica por sus propios medios, entendiendo por tales a los prestadores de las obras sociales a la que se encuentran afiliados”.

El escape perfecto

Jorge Antonio Olivera y Gustavo de Marchi se escaparon el 26 de Julio de 2013 del Hospital Militar Central, sólo unos días después de haber sido condenados. Olivera había sido sentenciado a prisión perpetua por la muerte de personas a las que ordenó torturar y De Marchi a 25 años de prisión por secuestros y tormentos. Ambos fueron condenados ese 4 de julio en la provincia de San Juan, donde debían permanecer encarcelados.

Si bien no habían manifestado ningún signo de malestar en su salud durante los 15 meses que duró el juicio, la mujer de Olivera solicitó su traslado para ser atendidos por dermatólogos, kinesiólogos y psiquiatras en la Ciudad de Buenos Aires, en el Hospital en el que ella trabajaba y del cual se fugaron.

El operativo de búsqueda incluyó el pedido de captura internacional, el congelamiento de sus bienes y sus cuentas bancarias y se llegó a ofrecer dos millones de dólares a quienes encontraran a los prófugos. Sin embargo, recién en diciembre de 2015 la policía dio con De Marchi, caminando por las calles Yatay y Rocamora en el barrio de Almagro. Olivera aún no ha sido encontrado.

Entre los delitos cometidos por Olivera y De Marchi se encuentra el secuestro, tortura, violación y asesinato de Marie Anne Erize, joven militante y modelo de origen francés. Cabe destacar que hace solo unos días, el último viernes, funcionarios macristas y el presidente francés, Francois Hollande, dedicaron un homenaje en el Parque de la Memoria a los desaparecidos de nacionalidad francesa durante la última dictadura militar.