Abuso de menores en la Iglesia entrerriana

Primera parte de la entrevista a José Dumoulin, ex-cura párroco de la iglesia Santa Rosa de Lima, en Villaguay, Entre Ríos, quien ha denunciado casos de abusos dentro de la Iglesia y ha colaborado con la Justicia para su esclarecimiento.

Jorge Luis Borges, en su cuento Tres versiones de Judas, dice que la delación es “el peor delito que la infamia soporta”. El gran escritor, en toda su maestría, no consideró otro delito aún peor, que es el abusar de la inocencia de un niño. Sobre todo cuando quien lo comete ocupa la figura de protector, de alguien en quien el niño debe confiar, de un guía.

Eso es lo que señala José Dumoulin, ex-cura párroco de la ciudad de Villaguay, en la provincia de Entre Ríos, cuando se refiere al caso que se hizo público en junio del año pasado: dos hombres, de 36 y 33 años respectivamente, denunciaron ante la Justicia de Paraná haber sido víctimas de abusos sexuales durante su adolescencia, cometidos por el que era en ese entonces vicario de la iglesia Santa Rosa de Villaguay, el cura Marcelino Moya.

Este nuevo caso se suma a otro, el de Justo José Ilarraz, acusado de abusar de alrededor de cincuenta menores de edad en el Seminario Arquidiocesano de la ciudad de Paraná. Tanto en el caso de Moya como en el de Ilarraz, se hizo presente un grupo de curas que han venido pidiendo explicaciones al Arzobispado y acompañando a las víctimas y sus familiares en sus reclamos de justicia, así como también exigiendo a la Iglesia un posicionamiento claro y una condena firme contra éstos y otros casos de abusos.

“Hace veinte o treinta años, chicos que iban a la pieza del cura o incluso se quedaban a dormir en la parroquia no se veía como algo sospechoso, era impensable que pasara algo malo, ahí está la gravedad de la cosa, por lo que uno representa, por el vínculo que uno genera con las personas y sobre todo con estos muchachos que eran jóvenes, adolescentes, mucho más vulnerables”, dice Dumoulin con énfasis. Asimismo añade: “El abuso es mucho más importante por la cuestión moral que un sacerdote transmite y por la vulnerabilidad de la víctima, que se encuentra indefensa, entonces aprovecharse de esa situación es completamente abusivo: quien les tiene que dar ayuda, protección, confianza, termina abusando de ellos”.

Dumoulin se ordenó como sacerdote en el año 2000, y éste no es el primer caso de abusos dentro de la Iglesia que ha denunciado. En el año 2010, junto a un pequeño grupo de sacerdotes, entre los que se encontraba el padre Leonardo Tovar, le presentaron una nota al arzobispo que presidía la diócesis de Paraná, Mario Maulión, pidiendo explicaciones sobre la actuación de la Iglesia con respecto al caso Ilarraz, quien se había desempeñado durante once años como Director Espiritual y Prefecto de Disciplina en el Seminario de Paraná.

“Junto a esa nota, tomamos conocimiento, el padre Leo Tovar y yo, de una de las víctimas de Ilarraz”, narra Dumoulin, “que nos relató todo lo que le había sucedido. Obviamente uno se queda muy mal después de escuchar el testimonio en primera persona de lo que había padecido y del modo perverso como había obrado Illaraz, que estaba a cargo del seminario de menores, del secundario, era director espiritual y prefecto de disciplina, o sea que en él se concentraba todo. El cura abusaba de ellos y el hecho no salía de ese ámbito, porque era con él con quien charlaban, a quien le tenían confianza”.

A partir de ese testimonio, Dumoulin comenzó a presionar más fuertemente a la cúpula eclesiástica para que tomara cartas en el asunto, comprobando, luego de un tiempo, que este caso y otros más no sólo no eran desconocidos en el ámbito del Arzobispado, sino que en el año 1995 (los abusos sucedieron entre 1985 y 1992) se había llevado a cabo una investigación interna, en la que algunas víctimas habían declarado, pero el caso no avanzó. En ese entonces no se llamó a declarar al acusado, Ilarraz, que se encontraba en Roma.

El único resultado de aquella investigación fue la prohibición de que Ilarraz siguiera ejerciendo el sacerdocio en la diócesis de Paraná, entonces, al volver, se instaló en Tucumán. No hubo ninguna otra sanción. “En 2010 lo que las víctimas querían era que, por lo menos, dejara de ser sacerdote, al menos eso” explica Dumoulin.

Luego de dos años de reclamos sin respuestas, ahora del arzobispo Juan Alberto Puiggari, quien había sucedido a Maulión, una de las víctimas, cansada de esperar, hizo público el caso en la prensa. En ese momento la Justicia actuó de oficio e inició la investigación.

Gracias a la llamada Ley Piazza, sancionada en 2011, que establecía que el plazo para que prescribiera el delito de abuso sexual empezaba a correr a partir de que la víctima cumplía 18 años, y a una modificación posterior, hecha en 2015, el período de prescripción comienza a partir de que la víctima hace la denuncia, con lo cual se amplía el tiempo para que el autor del delito sea juzgado. Actualmente, Ilarraz se encuentra procesado por la Justicia de Entre Ríos.

Marcela Alemandi

Foto: Arzobizpado de la ciudad de Paraná / El Diario de Paraná