25 febrero, 2016
¿Fin de la luna de miel macrista?
Por Ulises Bosia. Masivas movilizaciones en todo el país convocadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convirtieron el paro y la protesta gremial en un hecho político. ¿Asistimos al final de esos primeros días de decisiones sin costo político para el gobierno?

Por Ulises Bosia. Masivas movilizaciones en todo el país convocadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convirtieron el paro y la protesta gremial en un hecho político. ¿Asistimos al final de esos primeros días de decisiones sin costo político para el gobierno?
Todavía no llegamos a los célebres “cien días” desde que Mauricio Macri asumió la presidencia. Sin embargo un conjunto de elementos llevan a pensar que esa primera etapa de “darle tiempo” al gobierno para acomodarse y establecer un nuevo orden está terminando.
La política económica desplegada puede sintetizarse en dos objetivos: practicar una gigantesca transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados -vía devaluación, fin del control de cambios, quita de retenciones, tarifazo, endeudamiento externo, etc.- y buscar la disminución del poder adquisitivo del salario y de los ingresos de los sectores medios -vía techo a las paritarias y despidos-.
La promesa era que mediante estas medidas iban a “llover dólares” de inversión extranjera, los silobolsas iban a vaciarse y la inflación iba a disminuir progresivamente.
Sin embargo nada de eso ocurrió. Las inversiones aún no se ven, los agroexportadores siguen presionando porque consideran insuficiente la devaluación -el dólar cerró el miércoles a más de $15,50 y volvió a obligar al Banco Central a intervenir- y a pesar del pedido del gobierno a los supermercadistas y grupos económicos la inflación sigue creciendo -nada indica que vaya a disminuir con el tarifazo de por medio y el dólar en tendencia alcista-.
Al mismo tiempo se anuncia un inminente “arreglo” con los fondos buitre que en realidad se parece demasiado a lisa y llanamente aceptar la sentencia de Griesa. Como las reservas no crecen, la forma de hacer frente a este “arreglo” será el endeudamiento externo por unos 15 mil millones de dólares, según los cálculos del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. En otras palabras, endeudarnos para pagar deuda.
En sólo dos meses queda claro que el resultado de enormes concesiones del gobierno a los grupos económicos locales y transnacionales, lejos de calmarlos les hace ver la oportunidad de ir por todo.
Todas para los de arriba
Este conjunto de medidas generó la percepción social de que todas son contrarias a los intereses de las mayorías populares, y en tanto no se avizora un futuro mejoramiento, el humor social va cambiando.
En ese marco, y con las negociaciones paritarias entre ceja y ceja, el gobierno decidió buscar un acercamiento con la dirigencia sindical para conseguir que el techo a los aumentos salariales fuera posible.
Para ello -además de promesas sobre los fondos adeudados a las obras sociales- anunció modificaciones en el pago del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. Se trata del reclamo más importante de la agenda gremial de los últimos años y una promesa de campaña de Macri. Por lo que se esperaba con expectativas.
Sin embargo, se trató de anuncios tan tibios que no conformaron a nadie y se terminaron volviendo contraproducentes. Si bien se modificó el mínimo no imponible no se corrigieron las escalas, y producto de la anulación del decreto que Cristina Fernández había sancionado en 2013, se da el paradójico resultado de que este año pagarán ganancias más trabajadores que en 2015.
Por otro lado el gobierno se encuentra empantanado en negociaciones con los gobernadores sobre la coparticipación de recursos, donde están en juego votos imprescindibles en el Congreso para poder sostener los decretos de necesidad y urgencia firmados y la derogación de las leyes que impiden el arreglo con los buitres.
Finalmente, las idas y vueltas con los gremios docentes nacionales -a menos de una semana del inicio de clases- provocaron roces tanto con el conjunto de la dirigencia sindical como con los propios gobernadores, y preanuncian días conflictivos.
Una respuesta unitaria desde la calle
Las decenas de movilizaciones por el paro nacional de ATE fueron de una masividad importante, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde unas 50 mil personas marcharon a la Plaza de Mayo contra la política de despidos, techo a las paritarias y criminalización de la protesta social.
Puede decirse que fue la primera movilización masiva que enfrenta al gobierno empresarial de Macri, de semejante magnitud que toda la discusión sobre la aplicación del “protocolo antipiquete” fue superada por la realidad. Sin embargo lo distintivo del día no fue solamente la cantidad de gente en las calles sino que se trató de una primera manifestación de unidad popular en las calles.
Las distintas fracciones de ATE -que emergieron divididas de la década kirchnerista- consiguieron unirse en un único acto y marcaron el camino para que puedan mezclarse las banderas de las dos CTA, de la CTEP y de múltiples gremios no adscriptos a estas centrales.
Además en una misma columna ondearon juntas las banderas de todas las organizaciones políticas y sociales de un campo popular que se mostró unido como hace años no se veía. En poco tiempo la política del macrismo consiguió tender puentes que pocos meses atrás hubieran parecido infranqueables.
El 1 de marzo de 2015 Cristina aseguraba en la apertura de sesiones legislativas del Congreso Nacional que no dejaba un país cómodo para los dirigentes, “menos aún para los que quieren cambiar muchas cosas”.
Después de dos meses en los que la ofensiva empresarial encontró escasa resistencia, todo indica las masivas movilizaciones del miércoles marcan la cancha y obligan a que Macri llegue a su propio 1 de marzo -el martes que viene- con mayor incomodidad de la que preveía.
@ulibosia
Foto: Fabiana Montenegro / Notas
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