La apuesta eterna: Clarín alabando los despidos

Por Federico Dalponte*. El diario Clarín difundió este domingo un artículo de la doctora Roxana Kreimer titulado «Se puede despedir y terminar a la vez con la pobreza». Al igual que el editorial del diario La Nación sobre los genocidas, la estrategia pareciera ser marcarle la agenda al nuevo gobierno.

Sin caer en la argumentación ad hominem, poco interesa el currículum de la autora del artículo. En sí mismo, el texto de opinión ya comienza con varios errores graves que se trasladan consecutivamente a los párrafos siguientes.

El primero de ellos es que la autora defiende una política de flexibilización laboral como mecanismo para “achicar el Estado”. Pero a menos que entienda que su achicamiento implica reducir la población del país, el error es grosero.

Dentro del mundo laboral, «achicar el Estado» significa disminuir su cantidad de trabajadores. Por lo que proponer que se facilite la posibilidad de despedir a los empleados públicos implicaría derogar la cláusula constitucional que garantiza su estabilidad (artículo 14º bis).

Sea como sea, no depende ello de una política de flexibilización ni de una decisión caprichosa de un gobernante. Pero dejando eso de lado, es posible que la autora haya querido referirse a la flexibilización laboral lisa y llana, esa que abundó durante la década de 1990 en el sector privado argentino.

Eso, en efecto, sí se denomina flexibilización, pero impacta primordialmente en las empresas privadas, facilitando que los empresarios contraten y despidan a gusto, sin necesidad de abonar indemnización ni de preavisar.

Y aunque la autora no lo dice, del caso ya se ocupó la propia Organización Internacional del Trabajo en 1982. Allí, en la sede de Ginebra, el ente global que reúne a sindicatos, gobiernos y empresarios decidió aprobar el Convenio 158, vigente desde 1985.

¿De qué trata? Puntualmente, exhorta a los Estados a prohibir el despido de trabajadores sin justa causa. Y ello con un fundamento bastante obvio: impedir prácticas abusivas por parte de los empleadores y evitar, a la vez, que los trabajadores sean objeto de decisiones empresariales arbitrarias.

Flexibilización y pobreza: la experiencia pasada

La autora del artículo parte de una premisa falsa: dice ella que es posible flexibilizar las relaciones de trabajo y terminar con la pobreza. Falso. En la década de 1990 fue la última vez que se intentó y los resultados fueron desastrosos.

Según recoge el sociólogo Julio Godio –quizás uno de los que mejor estudió el tema–, hacia fines del segundo gobierno de Carlos Menem, sólo el 11% de los empleos creados con posterioridad a las leyes flexibilizadoras tenían garantizados una indemnización en caso de despido. El resto se trataba de los llamados «contratos basura»: inestabilidad, desprotección y abusos, todo junto.

Cuando a principios de la década del 2000 el sistema económico, social y laboral estalló, dejó dos consecuencias hermanadas: más de un 20% de trabajadores desocupados y un 50% de pobreza. Como una concatenación de realidades: trabajador precarizado, trabajador despedido, trabajador pobre.

Y ello, en definitiva, se sumó a lo que sí constituye un pilar del artículo: «achicar el Estado». El desocupado se transforma en pobre cuando no existe un Estado capaz de sostenerle la mano ante las inclemencias del capitalismo.

Todo aquel otro capítulo del mundo del derecho laboral referido a la seguridad social implica, de alguna u otra manera, que el Estado debe proteger al trabajador ante el desempleo, la incapacidad y la vejez. Si se permitiera a las empresas contratar y despedir caprichosamente, debería existir en compensación un Estado capaz de abonar un seguro de desempleo y un ingreso básico universal, tal como sí propone la autora.

Ello, sin embargo, conlleva dos problemas: en primer término, que ese tipo de Estado hoy no existe en la Argentina. Y en segundo lugar, que para su financiamiento sería necesario que los empresarios se decidan de una buena vez a registrar a la totalidad de sus trabajadores.

El seguro de desempleo y el empleo inseguro

“Se puede despedir y terminar a la vez con la pobreza”, afirma la autora en el título, y para ello se basa en algo que supone sencillo: la implementación del ya referido seguro de desempleo.

Sí, en parte es cierto, el seguro de desempleo existente en la Argentina quedó anclado en montos absurdamente bajos –en torno a los $400–, por lo que su actualización haría del despido algo menos dramático, menos acuciante en términos de ingreso.

Sin embargo, la autora no menciona el otro aspecto fundamental: en nuestro país, un tercio de los trabajadores no está registrado, razón por la que no cuentan con ningún tipo de protección social, a la vez que esa clandestinidad es la que permite que los empresarios actúen con total desprecio hacia las leyes laborales.

En rigor, ese despido fácil y rápido que propone ya existe: en principio, para el sector informal, pero también para aquellos que están en período de prueba, para los monotributistas que disimulan un vínculo laboral, para los que cuentan con una escasa antigüedad en el empleo, etcétera. En definitiva, para casi la mitad del universo laboral. Y ello, lejos de reducir la pobreza, es un factor que determina su aumento.

A modo de epílogo

Desde 1957, la Constitución Nacional ordenó proteger a los trabajadores del despido arbitrario. Aun así, 60 años después todavía existan quienes proponen facilitar los despidos.

“El 70% de los daneses piensan que es bueno cambiar de trabajo de vez en cuando”, argumenta Kreimer. Pues bien, es un dato aceptable, pero siempre que ello sea una decisión del trabajador y no una imposición empresarial.

Si la desvinculación laboral fuese impuesta, es un despido arbitrario. Y nadie en su sano juicio podría pensar que proteger a alguien –como cuando uno se protege del frío o de una enfermedad– puede significar que el despido se tolere pasivamente bajo la promesa de cobrar luego un seguro.

Proteger –del frío o del despido– implica impedir que la consecuencia indeseada se produzca. Y ésa, en definitiva, es una de las funciones primordiales del Estado. Y por su parte, el sector empresarial, antes de reclamar nuevas leyes, bien podría comenzar por cumplir las que ya existen.

@fdalponte

* Abogado laboralista (UBA)