Corte y retroceso: de Argibay y Zaffaroni a Rosenkrantz y Rosatti

Por Federico Dalponte. El debate sobre la composición del máximo tribunal entró en etapa definitoria. Sin embargo, a diferencia de las designaciones propuestas en 2003 y 2004, esta vez no se habla de la ideología ni del pasado de los candidatos. Detrás de ello, la construcción del prestigio.

El 25 de enero de 2004, el diario La Nación, en su editorial «La postulación de Carmen Argibay», dedicó una decena de párrafos a cuestionar la idoneidad de quien finalmente terminaría siendo miembro de la Corte Suprema.

“Sería prudente –apuntaba el diario– que en el futuro (el gobierno) piense cómo se puede formar una Corte creíble y que elija ahora a un candidato o candidata realmente independiente y no cuestionado, que no pertenezca al perfil ideológico que lamentablemente parece ir tomando la conformación de nuestro máximo tribunal”.

La eufemística apelación al «perfil ideológico» ocultaba en realidad aquello que sí dijeron varios de los casi doscientos impugnantes a la candidatura de Argibay. Le cuestionaban, específicamente, su postura a favor de la despenalización del aborto.

Pero el diario optó por menospreciar a la postulante, minimizando por ejemplo que Argibay se encontraba por aquellos días ocupando un cargo de relevancia superlativa como jueza en el Tribunal Criminal Internacional que investigó los crímenes de guerra de la ex Yugoslavia.

“Si se atiende al requisito de la idoneidad que establece la Constitución Nacional –insistía aun así el editorial–, parece no ser la doctora Argibay la más calificada que se podía haber nominado”.

Impugnar la ideología

Por ser personas antes que juristas, todos los aspirantes a convertirse en miembros de la Corte Suprema tienen una ideología más o menos definida. El compromiso de Argibay con los derechos humanos se mezcla además con una historia personal marcada por el secuestro sufrido durante la última dictadura.

Al igual que Eugenio Raúl Zaffaroni, su postura valorativa a favor de las libertades individuales se conjugaba con una larga carrera en el fuero penal. En el caso de Zaffaroni, además, su militancia partidaria hablaba tanto de él como su veintena de libros publicados y los centenares de fallos emitidos durante dos décadas de carrera judicial.

En ambos casos, así como a Argibay se le cuestionó su postura favorable a la despenalización del aborto, la candidatura de Zaffaroni recibió más de 800 impugnaciones. La mayoría, naturalmente, aludían a su carácter «garantista».

De los cuatro miembros designados durante la presidencia de Néstor Kirchner, Argibay y Zaffaroni fueron los que más oposiciones cosecharon.

“El único título de posgrado con el que cuenta es el de doctor en Ciencias Jurídicas extendido por la Universidad Nacional del Litoral”, cuestionó Diana Cohen Agrest sobre Raúl Zaffaroni, días antes de que éste fuera designado miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Mismo doctorado, de la misma universidad, obtuvo a su tiempo Horario Rosatti, actual aspirante a integrar el máximo tribunal. Curiosamente, a nadie le pareció poco.

Sea como sea, junto a su colega Santiago Kovadloff, la filósofa Cohen Agrest se convirtió en los últimos años en una crítica acérrima de Zaffaroni, atribuyéndole principalmente una «política garantoabolicionista».

Pero aun así, más que las palabras de la filósofa, en la Organización de Estados Americanos (OEA) pesaron la laureada trayectoria del aspirante y su rigor en la defensa de los derechos humanos: 18 de los 23 Estados miembros avalaron su designación como juez continental.

Manual de derechos humanos

Ahora que Zaffaroni forma parte de la CIDH, sus detractores tendrán una excusa para repeler la aplicación de los tratados internacionales en el ámbito local. Su designación “compromete a la justicia argentina más de lo que ya está”, declaró Kovadloff.

En esa cruzada encontrarán seguramente el respaldo de Carlos Rosenkrantz, uno de los candidatos del gobierno para ingresar a la Corte. En 2007, en una publicación académica, dejó clara su postura sobre el efecto de las normas supranacionales de derechos humanos en las decisiones judiciales locales.

“Cuando hacemos lo que otros deciden que debe hacerse no ejercitamos cabalmente nuestra propia capacidad de decidir”, decía entonces Rosenkrantz, soslayando la importancia de tales normas.

Como señala el especialista Pablo López Ruf, vale recordar que, tras la incorporación de los tratados internacionales a la Constitución Nacional en 1994, se cuadruplicó la cantidad de derechos fundamentales reconocidos. Menospreciar eso resulta preocupante.

Según publicó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), misma postura regresiva al respecto sostiene Horacio Rosatti, para quien las decisiones de la CIDH no debieran ser vinculantes para la Argentina. Pero además, como si fuera poco, el CELS denunció también su posición restrictiva en cuanto al derecho al aborto y a la huelga, a contramano de la más reciente jurisprudencia de la Corte.

El prestigio

“La designación de jueces en comisión genera una situación de provisoriedad que no se compatibiliza con la seguridad jurídica”, escribió hace años Rosatti. Sin embargo, beneficiado ahora por el mecanismo, el postulante lo aceptó complacido.

El silencio de ambos candidatos sobre el modo anormal de sus designaciones fue también el argumento central de varios impugnantes. ¿Qué criterio puede tener un juez que convalida una decisión irregular por el simple hecho de verse personalmente beneficiado?

Aún así, desde el decreto presidencial emitido en diciembre, el prestigio de los candidatos no fue objeto de cuestionamientos. “Dos juristas de reconocido prestigio”, juzgó el diario Clarín el 14 de diciembre.

De ahí en más, el prestigio pareció no ponerse en duda. De hecho, fueron varios los que suscribieron al vocablo: entre otros, hicieron uso del término Ricardo Lorenzetti, Fernando «Pino» Solanas, Sergio Massa, Fernando “Chino” Navarro y el titular de la UCR, José Corral.

Sin embargo, en el caso de Rosenkrantz, es posible que el «prestigio» decretado por el Grupo Clarín se vincule más con el hecho de que su estudio jurídico fue el que lo representó en su litigio contra la «Ley de Medios» que a cuestiones de índole académica. El estudio «Bouzat, Rosenkrantz y asociados» declara que “se especializa en el asesoramiento jurídico de empresas”, razón por la que cuenta con clientes como Cablevisión, América TV, Carbap, McDonald´s, Claro y Pan American Energy.

Cambios de era

¿Está mal que un miembro de la Corte haya dedicado su vida a asesorar a empresas multinacionales? Imposible definirlo sin una valoración ideológica. Y en ese sentido es que, precisamente, el «prestigio» se torna soso y flaquea.

En rigor, el «prestigio» no puede ser una apreciación antojadiza. ¿El «prestigio» de Carmen Argibay era exiguo porque apoyaba la despenalización del aborto? ¿El «prestigio» de Zaffaroni era vano por sus posturas garantistas? ¿En qué medida ahora entonces el aval del Arzobispado de Santa Fe es garantía del «prestigio» de Horacio Rosatti? O dicho de otra manera: ¿lo avalan porque es un jurista de excelencia o por su postura antiabortista?

Preguntas, en definitiva, que se deberán hacer los senadores cuando llegue el momento de votar a favor o en contra de la designación de los nuevos jueces. En cualquier caso, el perfil de los postulantes marca un notorio cambio de era.

@fdalponte