Los otros despedidos: dan de baja los convenios con universidades

Tras la decisión del gobierno nacional de terminar con los convenios con universidades, quedó en evidencia la realidad de miles de trabajadores precarizados. Si bien la última palabra la tendrá cada ministerio, la discontinuidad de los acuerdos acarreará necesariamente el despido de los contratados.

Este jueves se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 336/16 y todavía es incierto el número de contratados que perderán su trabajo en los próximos meses.

La nueva normativa emitida desde la presidencia dispuso, en principio, que todos los convenios que unen actualmente a las universidades con el Poder Ejecutivo Nacional quedarán sin efecto desde el 1 de abril. Con ello, naturalmente, caerán todas las contrataciones de personal que se hubieran efectuado en ese marco.

Dicho de otra manera: si por ejemplo María trabajaba en el Ministerio de Economía, pero su sueldo era abonado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero, en abril ya no tendrá trabajo.

Excepto –dice el decreto– que los nuevos ministros o secretarios soliciten fundadamente la continuidad de tal convenio antes del 29 de febrero. Algo, por ahora, bastante improbable para un gobierno que no fue nunca capaz de distinguir entre «ñoquis» y precarizados en su afán de reducir el personal.

Así, el fundamento de la decisión administrativa continúa la línea trazada por el Decreto 254/15 dictado en diciembre: revisar la situación de todo el personal contratado del Estado como paso previo para su achicamiento. El saldo, ya se sabe: miles de despidos.

¿Cómo se realizaban las contrataciones?

Sencillo: se interponía a las universidades en un vínculo laboral que, en la realidad, sólo unía al gobierno con el trabajador contratado. Dicho de otra manera: el gobierno le pagaba a ciertas universidades para que éstas contraten personal que luego prestaría tareas en diversas reparticiones estatales. El vínculo del trabajador con la universidad era así prácticamente nulo.

Si bien es cierto que el tema tomó notoriedad desde la asunción de Mauricio Macri, las primeras denuncias públicas sobre estas triangulaciones datan de 2010. En todos los casos, la insana costumbre del Estado Nacional de contratar a parte de su personal a través de universidades le servía como atajo para evadir a los organismos de control.

El Decreto 1023/01, que regula el sistema de contrataciones del Estado, prevé la posibilidad de que la administración pública central requiera a las universidades nacionales la prestación de determinados servicios. En estos casos, la contratación se realiza de manera directa, sin llamado a licitación.

Allí, obviamente, la discrecionalidad como primera ventaja. La segunda, claro, es que los mecanismos de control suelen recaer de manera más enérgica sobre la propia administración central que sobre las universidades.

Los convenios, entonces, simulando en muchos casos una relación de asistencia técnica brindada por la universidad, escondían una triangulación bastante burda –y por demás injusta para el trabajador–. El gobierno ponía el dinero para las contrataciones, le remitía los fondos a la universidad en cuestión y hasta le indicaba los nombres de las personas a contratar.

¿Esta mecánica habrá ocultado el pago a personas que no cumplían tareas? Es posible. Pero también están aquellos que efectivamente trabajaban y por ello no debe descartarse que algunos, varios o muchos le exijan al gobierno una respuesta.

El hilo más delgado

La inestabilidad laboral del trabajador contratado es grave de por sí, pero más grave aún es la situación de vulnerabilidad de aquellos contratados vía universidades.

El repetido discurso «eficientista» del nuevo gobierno corta ahora lo que es –tal vez– el hilo más delgado del sistema de contrataciones. Si bien es cierto que el Estado siempre es Estado y por tanto el actual presidente no puede negar los actos celebrados por sus antecesores en el ejercicio legítimo de sus cargos, en este particular los trabajadores corren en seria desventaja.

Los contratados bajo esta modalidad tenían, en rigor, dos empleadores: uno que les daba órdenes y tareas, y otro que les pagaba. Pero aun así, los contratos no proveen mayores garantías y todo indica que la pelea será dura para quienes anhelen conservar sus puestos.

A falta de estadísticas, dado que los trabajadores no tenían contrato directo con el gobierno, se despejará pronto la incógnita sobre el número total de personas afectadas. Algo que, por ahora, al gobierno parece no preocuparle.

Federico Dalponte – @fdalponte