Economía

18 enero, 2016

Metas de inflación, ajuste fiscal y buitres en el nuevo plan económico

El ministro de Economía anunció el programa de metas de inflación para el corriente año. Ajuste fiscal y negociación con los fondos buitre. Las estimaciones de suba de precios ante la ausencia de datos del INDEC.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, anunció el miércoles 13 de enero los principales puntales del plan económico de Cambiemos. Si bien algunas medidas ya habían sido informadas durante el mes de diciembre (fin de los controles de cambios y devaluación, levantamiento de retenciones y reducción para la soja), durante la conferencia de prensa el ex JP Morgan planteó el programa de metas de inflación, ajuste fiscal y estimación de crecimiento.

Las metas de inflación contemplan que el Banco Central proyecte un determinado nivel de inflación para el año en curso, el cual debe cumplirse independiente de otras variables como el crecimiento o la distribución de la riqueza.

Esta meta de inflación es para la actual administración de entre el 20% y el 25% anual, con una primera mitad de año con repunte de la espiral de precios y una reducción de los mismos a partir del segundo semestre. “La herencia que recibimos nosotros empieza en el 30% y el compromiso para el 2016 es que cierre en un rango entre 20% y 25%. Para el siguiente (2017), en un rango de 12% y 17%; para el otro (2018), entre 12% y 8%; y para el último año de la presidencia de Mauricio Macri (2019) estará en un dígito, en torno al 5% anual. Ese es el objetivo”, indicó el titular del Palacio de Hacienda.

Al respecto el ministro de Economía agregó que “el primer trimestre no puede ser la base de proyección para todo el resto del año. Creemos que en la segunda mitad de año contaremos con índice de menos de un por ciento mensual”.

Si bien no ofreció precisiones, Prat-Gay calculó la inflación de 2015 a partir de datos de consultoras privadas. Para este 2016 por su parte, se utilizará un estimativo a partir de los índices de precios elaborados por la provincia de San Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto, producto de la decisión de las nuevas autoridades del INDEC de tener el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), recién en ocho meses.

Respecto a las primeras semanas de gestión, Prat-Gay sostuvo que “los niveles de inflación son parecidos a los de septiembre y octubre” y que en los últimos dos meses se produjo una pequeña joroba que ni por asomo fue el impacto que esperaban analistas y políticos”.

Pese a lo señalado por el ministro, las estimaciones de las consultoras privadas para el mes de enero van de un 3% a un 4,3%, con una suba anualizada que se ubica entre el 27% y el 34%, lejos de las metas autoimpuestas por la actual conducción económica. Por su parte los aumentos de precios ante la devaluación más anunciada de la historia corrieron entre un 20% y un 60%, con fuerte incidencia en rubros sensibles como alimentos.

Las cuentas fiscales fueron el siguiente punto a tomar por el actual ministro de Economía. El déficit del 2,3% del PIB proyectado para el 2015 fue reescrito y llevado a un 5,8%. La sumatoria del gasto en devolución por parte de la AFIP a compras en el exterior, la quita de retenciones o la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, así como movimientos de cuenta intra sector público, elevarían estos números un 1,3% más, es decir un déficit del 7,1% del PIB.

Este déficit fiscal será reducido según los objetivos planteados por Prat-Gay a un 4,8%. Un recorte de 170 mil millones de pesos, de los cuales 105 mil millones (1,5%) serán producto de la eliminación de los subsidios, con el consecuente aumento de tarifas. El restante 0,8% será reducido bajo el eufemismo de “reordenamiento del gasto”, una continuación de lo producido en las últimas semanas con los despidos en la administración pública. “Esto no es un ajuste, uno no está ajustando cuando gasta de más”, se atajó siguiendo esta dirección Gustavo Marconato, secretario de Hacienda mientras Prat-Gay agregaba que “la magnitud del problema no es que se gasta mucho sino que se derrocha y cuando se gasta, se gasta mal”.

Junto a la referencia sobre inflación, crecimiento y estimaciones para el año entrante fue de obligada referencia el litigio con los fondos buitre. Mientras en Buenos Aires se realizaban estos anuncios, en Nueva York el secretario de Finanzas, Luis Caputo, mantenía una reunión entre los representantes de los fondos buitre y el mediador designado por el juez Thomas Griesa, Daniel Pollack.

Concluida la reunión en la ciudad norteamericana Caputo apenas señaló ante la prensa allí presente: “He venido cuatro veces en un mes, he visto a Pollack más a que a mi familia. Estamos dispuestos a negociar y si los holdouts tienen la misma intención deberíamos llegar a un acuerdo”.

Quien sí ofreció más precisiones fue el propio Prat-Gay. “Es una primera reunión introductoria. No esperen una propuesta concreta. Esperemos que los holdouts tengan la responsabilidad de negociar de manera justa y arreglar”, comenzó señalando el ex administrador de la fortuna de Amalia Fortabat, para agregar que “la Argentina está en default desde el 2001, hace casi 15 años. No vamos a mirar al costado. La basura no es nuestra, pero no tenemos problema en empezar a limpiarla”.

El reclamo de los fondos buitre se estima en unos 15 mil millones de dólares, producto de las pretensiones de los litigantes originales (Paul Singer), junto a los me too, que tuvieron sentencia favorable en los tribunales de Griesa y se sumaron a la causa judicial ya existente. Sin embargo si se le suma a este número aquellos acreedores que aún no entraron en el litigio el reclamo puede ascender a unos 20 mil millones de dólares, contabilizando intereses punitorios y resarcitorios. Mientras Caputo señalaba que en 15 días se presentará una propuesta concreta de negociación, los fondos buitre afirmaron que esta solo se llevará a cabo si se suscribe un acuerdo de confidencialidad.

El arreglo del llamado “juicio del siglo” es la piedra de toque para habilitar un nuevo endeudamiento, a una tasa de interés calculada en un 7%, que permita junto al anunciado préstamo con un grupo de bancos internacionales y a la parcialmente concretada liquidación del agro, sostener el tipo de cambio y afrontar pago de deudas.

 

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