Ajustar y Castigar

Por Juan Manuel Erazo. A un mes de la asunción del nuevo gobierno, el macrismo respondió a dos protestas laborales con represión. Mientras el establishment busca generar consenso para aplicar una agenda antipopular, la realidad demuestra que “la revolución de la alegría” no se defiende con globos, usa balas.

Lejos de la pobreza cero y unidad de los argentinos, la alianza Cambiemos pone en evidencia sus verdaderos objetivos. Debe aplicar a como dé lugar la agenda de los sectores agroexportadores y las cámaras empresariales que buscan elevar sus niveles de rentabilidad en tiempos convulsionados para la economía regional y mundial. Para esto implementan la vieja receta liberal de achicar al Estado, reestructurarlo en sus funciones y forma para consolidar una herramienta que incline la cancha a favor de la clase dominante y se ausente ante las demandas de los sectores populares.

Por otro lado, deben garantizar el disciplinamiento de una clase trabajadora que en estos últimos años ha recuperado varios de los derechos perdidos en la década de los 90. Para eso es necesario contar con una gran masa de desempleados para extorsionar a los trabajadores activos y negociar flexibilidad por empleo. En palabras del ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, “cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo”. Y se escucha por lo bajo, de boca en boca, que ya se despide, que se exige de más. El plan está en marcha.

El movimiento popular se encuentra desorganizado y fragmentado para resistir la arremetida, lo que no significa que este debilitado, cuenta hoy en día con más fuerza politizada que en otros tiempos. Las centrales sindicales oscilan entre acuerdos con el actual Ejecutivo, silencios incómodos y adormecimientos varios. No obstante se resiste como se puede. Hay asambleas de trabajadores/as estatales y de la economía popular, movilizaciones, en definitiva, iniciativa para organizar la bronca.

El gobierno propone un Pacto Social entre el sector empresarial, el sindicalismo y el Estado, siempre y cuando se pueda deteriorar la capacidad negociadora de los trabajadores. El establishment cuenta hoy con el control de los poderes políticos, mediáticos y (en algunos casos) judiciales en la búsqueda del consenso que le permita vender perlas truchas sin que nadie chistee. El campo popular debe preguntarse si el macrismo avanza a pesar del consenso, o si en definitiva cuenta con más del que se creía.

La antesala

Como le dijo Hugo Chávez a Mauricio Macri, “no se puede estar bien con Dios y con el Diablo, el que trate de hacerlo se vuelve loco”. La política de la conciliación tiene limitaciones históricas. A partir del 2013 se abrió una etapa donde, lejos de las confrontaciones con el establishment característicos del 2008-2011, el gobierno kirchnerista cumplió con varios puntos de la agenda conservadora para garantizar la gobernabilidad. En este marco, se endureció su política hacia la protesta social, respaldando el sentido común reaccionario encarnado en figuras como Sergio Berni.

Lejos de una respuesta clara ante la pérdida del poder adquisitivo del salario, se vio como se apaleaba a los trabajadores de la línea 60, de EMFER-TATSA y el patético espectáculo de un gendarme arrojándose sobre un auto en el conflicto de Lear. El CELS, organismo de DDHH presidido por el periodista Horacio Verbitsky, llegó a emitir un comunicado titulado “Preocupante desplazamiento en la política de no represión de la protesta social”.

La represión en tiempos del kirchnerismo demostró las falencias estructurales de una receta que quiso conciliar ganancia capitalista con inclusión social, amparándose en estructuras de la vieja y repudiada política. Hubo cercos mediáticos, vistas gordas y grandes omisiones. Ahora bien, en el macrismo la represión es la mismísima receta. Por eso hablar de “continuidad” en la política represiva es caer en una exageración que con el tiempo podría transformarse en una irresponsabilidad lamentable. Es necesario dimensionar las consecuencias nefastas que puede generar el monopolio de la violencia legítima directamente en las manos de los empresarios.

En busca del consenso perdido

El avance de las políticas liberales va a encontrar resistencia, eso es inevitable. La (muy inestable) política de “no represión” del kirchnerismo, y las constantes luchas y denuncias de organizaciones políticas y de DDHH, son algunos de los factores que redujeron el consenso social que se necesita para repartir palos sin generar mayores resquemores.

El macrismo busca aun más consenso. Legalmente con la vieja “ley antiterrorista”, una herencia del kirchnerismo que el macrismo no cuestiona. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia porteño dictó un fallo en el cual dispone que la policía tenga la capacidad de exigir el DNI sin un motivo previo. Si se implementa sin mayores problemas, el fallo podría superar los límites del “laboratorio” porteño y extenderse garantizando detenciones sin que medie orden judicial y asegurando una preocupante autonomía de las fuerzas de seguridad.

En palabras del activista de los DDHH Adolfo Pérez Esquivel, “el PRO quiere subordinar las cuestiones sociales a las políticas de seguridad que (…) operan como reproductoras de las desigualdades”. El poder mediático también reproduce las desigualdades. Machacando hora tras hora con la idea de “ñoquis” para justificar los despidos estatales, reproduce el ABC del consenso represivo: el trabajador siempre es la violencia, el capital armado es la paz.

En un artículo escrito para La Nación, Joaquín Morales Solá marcó el camino de la represión perfecta: “Otro desafío que tiene el Gobierno es el de administrar la represión sin provocar muertes. Hay un problema objetivo: las fuerzas de seguridad han perdido el temor que solían provocar en los revoltosos, y éstos, a su vez, se tornaron cada vez más violentos”. Por su parte, Miguel Ángel Toma escribió para Clarín: “Si fracasara la instancia negociadora, el Gobierno siempre dispone del uso de la fuerza de manera gradual y proporcionada para lograr el objetivo con el menor costo posible”.

“Tras más de una década en el papel de meros espectadores del descontrol social, las fuerzas del orden se olvidaron de los manuales que les enseñan a reprimir sin producir una violencia desmedida”, señala Morales Solá. “La negociación con quienes protestan para acotar su alcance es un mecanismo adecuado, pero sin que ello presuponga que el Estado se despoja de su rol de preservar el orden y el control del espacio público”, acompaña Toma.

Hoy el lobo esta suelto, la derecha gobierna y manda. Mas allá de la conciencia antirepresiva (vapuleada, desgastada) que se ha generado en estos últimos años, el campo popular deberá proponer una contraofensiva organizada a nivel local y continental para frenar una avanzada de la derecha que puede ir recrudeciendo su “revancha de clase”. Salvador Allende dijo alguna vez, “no se puede detener la historia con crimen y represión”. La historia por ahora camina, sigue de pie.

@JuanchiVasco