31 diciembre, 2015
Si fue una guerra ¿quién la ganó?
El anuncio realizado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña de crear el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) supone un escenario que avanza en el sentido exactamente contrario al espíritu democrático y pluralista de la legislación vigente. El trasfondo detrás de esta medida.

Si bien hace unos días el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, ordenó la intervención por 180 días de los entes de control creados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital, este miércoles apareció una nueva medida para el sector.
El anuncio realizado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña de crear el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) como organismo que núclea las funciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) supone un escenario que avanza en el sentido exactamente contrario al espíritu democrático y pluralista de la mal llamada “Ley de medios”:
1. El Poder Ejecutivo elimina artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fueron consensuados no sólo en el Congreso, sino que incluso fueron acompañados por gran parte de la sociedad civil y hasta fueron refrendados en su plena constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia en el año 2013. Es decir, es un abuso del Poder Ejecutivo por sobre el Poder Judicial y Legislativo.
2. Lo que busca el gobierno de Mauricio Macri no es solo vaciar de kirchnerismo lugares estratégicos en la implementación de políticas públicas, sino concentrar en una menor cantidad de actores las decisiones en la materia de comunicación. José Crettaz, periodista especializado en políticas de comunicación de La Nación, anunció que el Enacom contaría con miembros de las dos primeras minorías parlamentarias, se eliminaría la participación de miembros de universidades estatales y sindicatos, desmembrando la participación de organizaciones de la sociedad civil también en la implementación de la Ley.
3. Se trata de una medida tan anunciada por el macrismo como la devaluación. Después del 25 de octubre en varios medios trascendieron los dichos de la legisladora del PRO y presidenta de la Fundación LED (por la Libertad de Expresión y Democracia) Silvana Giúdici, que en caso de ganar Macri sacaría de su cargo a Martín Sabatella y se fusionarían ambos organismos para ir hacia un mercado orientado a que no haya distinción entre empresas de telefonía, proveedores de cable o licenciatarios de medios de comunicación, permitiendo a las empresas más grandes del mercado concentrar todas estas funciones.
4. En este sentido, la iniciativa responde a un modelo comunicacional en el que la infraestructura y la propiedad de medios esté concentrada en pocas manos que a cambio de ese monopolio, se comprometen a inyectar una suma millonaria de dólares en el país (Telefónica ya anunció inversiones de 3,7 millones de dólares en los próximos tres años, suma que equivale aproximadamente a los ingresos de la filial argentina en un año).
5. El 52% de las quejas en Defensa al Consumidor en nuestro país responden a los usuarios de telefonía móvil que tienen problemas con la red. Esta inyección de dólares en infraestructura -sostienen- mejorará las telecomunicaciones y será presentada como una respuesta concreta del nuevo gobierno a una demanda concreta de la sociedad, lo cual explica las expectativas de una parte de la población en la medida.
6. Siguiendo con los eufemismos, el jefe de Gabinete señaló que se pondrá fin al “cepo” de medios. Es decir, que se permitirán la venta y transferencia de licencias, modificando un artículo de la Ley SCA que fue avalado en su constitucionalidad por la Corte. Marcos Peña señaló que no es función del Estado trabajar por la desconcentración de medios, por eso no debe intervenir en la libre compra y venta de licencias. Se ancla en la concepción de que la libertad de expresión se basa en la libertad de empresa. Esta suposición desconoce, entre otros efectos negativos, que la concentración monopólica de la propiedad de medios restringe las posibilidades laborales de los periodistas al restringir la diversidad editorial.
7. No se hicieron mayores señalamientos a la situación de los medios sin fines de lucro, aunque se planteó que habrá fomento a los “pequeños medios”. Si con ese eufemismo se refiere a los medios alternativos, comunitarios y populares, entonces está intentando marcarles un límite claro desde su denominación. Ser un medio pequeño en un mercado de megaempresas no es sino una forma de condenar a estos medios a la marginalidad y no a poner en pie de igualdad a distintos actores del sistema de medios.
Marcos Peña indicó que se trata del fin de “una guerra” contra el periodismo, cuando una parte importante del periodismo siente en riesgo sus fuentes laborales y su modo de trabajo en un contexto de adaptación de las líneas editoriales de los grandes medios a las nuevas disposiciones del gobierno, que no sólo buscan beneficiar a algunos actores sino disciplinar a otros más vinculados con el gobierno anterior.
Si existió esa guerra no la ganó el periodismo, ni la democracia, ni la pluralidad, sino fundamentalmente los intereses del Grupo Clarín, de Telefónica y otras empresas de medios en menor medida, que podrán expandir sus negocios sin tener en cuenta la importancia social estratégica de los medios de comunicación.
Alejandra Soifer – @soifereta
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