Al servicio de las telefónicas

La intervención ordenada por parte del gobierno de Macri a las autoridades de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley SCA) y de la Ley Argentina Digital (AFSCA y AFTIC) es el primer paso de un camino que el PRO anunció en toda su campaña, en la búsqueda de un mercado de comunicaciones liberado para la convergencia. Un mapa completo de los movimientos del mercado y las reuniones entre las autoridades políticas y los gerentes de estas empresas configuran la complejidad de un escenario en el que las instituciones democráticas y la política es violentada por los intereses corporativos.

El fuerte respaldo popular a la ley de medios se enmarca en la cantidad de foros para su debate previos a su sanción, el reconocimiento de actores relegados del sistema como los medios autogestionados y la importancia estratégica que tuvo para el gobierno kirchnerista, aún cuando se tuvieron enormes dilaciones en su aplicación. No despierta el mismo fervor popular -aunque la intervención afecta a ambas leyes- la Ley Argentina Digital que reemplazó a la Ley de Telecomunicaciones de 1972, aun cuando su carácter es esencial para todos los usuarios de telefonía móvil e internet.

Argentina Digital surgió sin ningún proceso de debate popular y por lo tanto fue mucho menos explicada y bajada a la realidad tangible de las personas. Se aprobó en diciembre del año 2014 y planteó a medias una serie de beneficios para Telefónica (resolvió el conflicto que presentaba la adecuación a la Ley SCA por el que esta empresa no podía retener Telefé) aunque, al declarar a la servicio público las tecnologías de la información obligó a las telefónicas a abrir su red para que otros proveedores puedan montarse en ellas y ofrecer servicios, por ejemplo, las llamadas de Whatsapp que hoy usamos todos gratuitamente, utilizan la red de Telefónica/Telecom sin pagarle ningún canon como empresa, así como tampoco lo hacen los servicios de streaming de radios online, o el mismísimo Netflix.

Si bien la ley Argentina Digital fue nombrada en su momento como la Ley Telefónica por el beneficio que significaba para esta empresa no desprenderse del canal de TV abierta de mayor rating del país, los directivos se encargaron en su momento de salirse de esa definición con la objeción de que no estaban dadas las mismas condiciones de juego para todos los actores, ya que ellos se veían obligados a invertir en infraestructura y estas empresas montándose en su red no pagarían impuestos. Lo que omitieron es que gran parte del capital de esa infraestructura era originariamente del Estado, cuando la telefonía era estatal y la empresa se llamaba EnTel, y fue privatizada por un tercio de su valor estableciendo una de las tarifas de telefonía más altas del mundo, con reducción de personal permanente.

En estas últimas semanas los CEOs de Telefónica anunciaron inversiones por alrededor de 3,7 millones de dólares en los próximos tres años, acompañados por la exigencia de la modificación de la Ley Argentina Digital. Claro que estos anuncios por parte del ex CEO de Telefónica, Rodriguez Zarco, no fueron hechos sin antes realizarse una reunión con el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad donde coincidió en esta postura. Por otra parte, el mismo juez que dispuso la interrupción de la adecuación de oficio del AFSCA al Grupo Clarin (Cayssials) autorizó hace unas semanas la compra de Nextel por parte del Grupo, a la vez que este coquetea con comprar a su ex socio de Fintech, David Martinez, acciones de Telecom, según informó el periodista Eduardo Anguita.

Así planteado el escenario, la liberalización del mercado dejaría a dos grandes y potentísimos actores, uno que fue el enemigo acérrimo del gobierno kirchnerista y otro que fue un aliado en algunas circunstancias, es decir, Clarín y Telefónica, muy bien parados.

A este mapa de intereses económicos, hay que agregarle el entramado politico y judicial. El proceso de intervención del organismo está por fuera de los mecanismos planteados por la misma ley 26.522 para la remoción de sus autoridades, lo cual ha generado una movilización popular en las puertas del AFSCA en defensa de las instituciones democráticas y una serie de amparos judiciales. A su vez, la referencia a la “rebeldía” o “la militancia” de Martín Sabatella por parte de Aguad ha generado escalofríos en varios, por su cercanía al ex dictador Luciano Benjamín Menendez, cuando la asunción de Agustin Garzón, militante del PRO, muestra a las claras que el problema no es que sea militante sino para que proyecto lo hace.

La masividad del involucramiento con la Ley de medios ha generado reacción y movilización, aunque es probable que estos anuncios sean bien vistos por una parte de la población cansada del pésimo servicio que brindan las empresas de telecomunicaciones en nuestro país a pesar de las sumas multimillonarias que ganan año tras año. Estas inversiones pueden generar una mejora en los servicios en el corto plazo, aunque en detrimento de la pluralidad de voces y calidad informativa que buscaba la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El desarrollo del nuevo mapa de medios propuesto por el PRO deberá idear cómo avanzar con los actores movilizados por sus demandas de pluralidad, es decir, de democracia. Y los actores movilizados no tienen que olvidarse de explicar hasta el hartazgo la importancia estratégica que tiene la democracia y los peligros que implica esta concentración para la pluralidad de voces ante cualquier innovación tecnológica.

Alejandra Soifer – @soifereta