La Justicia frenó y ordenó reiniciar el proceso de juicio político a Dilma Rousseff

El Tribunal Superior Federal (STF) de Brasil falló este jueves en contra de la comisión de juicio político contra la presidenta conformada por la Cámara de Diputados la semana pasada. Las denuncias de irregularidades en la elección de sus miembros motivó la decisión del máximo tribunal de Brasil.

La necesidad de reelegir la comisión especial que analizará el pedido de impeachment demorará al menos hasta febrero el objetivo del titular de la cámara baja, Eduardo Cunha, de avanzar con la destitución de Dilma Rousseff.

Nueve de diez ministros del STF, además, ratificaron que el Senado puede archivar el proceso de destitución incluso si el pleno de la Cámara de Diputados admite la denuncia contra la jefa de Estado. De esta manera, Rousseff sólo podría ser apartada del cargo por 180 días, como prevé la ley, tras una decisión de la Cámara alta.

Cabe recordar que el pasado 8 de diciembre el STF ordenó que se postergue el accionar de la comisión de la Cámara de Diputados que debe tratar el pedido de impeachment ya que la Justicia debía evaluar posibles irregularidades en la conformación de ese órgano. Finalmente este jueves emitió su fallo.

La decisión inicial de suspender la comisión fue tomada por el juez Edson Fachin luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, fuera acusado de hacer maniobras fraudulentas para conformar la misma al llevar a cabo la elección de sus miembros a través del voto secreto.

El procedimiento del juicio político

El 2 de diciembre Cunha, que preside la cámara baja del país más grande de Sudamérica, aceptó luego de varias idas y vueltas el pedido de juicio político contra Rousseff acusada de tergiversar las cuentas públicas.

Cunha es el principal referente opositor, pertenece al Partido Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) que es, paradójicamente, aliado del PT en el gobierno pero hace meses es la cara visible de un grupo de dirigentes que quieren a toda costa destituir a la mandataria.

Una vez aceptado el inicio del juicio político, el proceso consiste en que una comisión formada por diputados de todos los partidos (la misma que fue suspendida por el STF) analice la petición de destitución. Una vez instituida la comisión, la presidenta de Brasil tendrá un plazo de diez sesiones para declarar y posteriormente (hasta cinco sesiones más) los miembros de la comisión harán un informe a favor o en contra de su destitución.

En caso de que se dé el visto bueno al impeachment, 342 de los 513 diputados deberán aprobarlo para que el juicio pase a la siguiente instancia. Si se aprueba, originalmente la mandataria debía ser apartada de su cargo por 180 días mientras el informe pasaba al Senado, cámara que tendrá la decisión final. Sin embargo, la nueva resolución judicial indica que solo si la Cámara Alta, en la primera de las tres votaciones que debe realizar, decide avanzar allí Rousseff será puesta en licencia.

El procedimiento planteado es que debe haber tres votaciones en el Senado: recibimiento de la denuncia, sentencia y condena y tan solo esta última, para lograr la aprobación de la destitución, debe ser por dos tercios.

Esa sesión debe ser presidida por el presidente del STF y 54 de los 81 senadores deben apoyar la salida de Rousseff para concretar su apartamiento definitivo del cargo.

El tiro por la culata

Cunha, que se erigió como el paladín de la ofensiva contra el gobierno de Rousseff ahora también ve complicada su posición.

El mismo día que resolvió obligar a reiniciar el procedimiento de juicio político el STF informó que analizará a partir de febrero el pedido de la Fiscalía General de apartar del cargo al presidente de la Cámara de Diputados de Brasil y que se lo despoje de su mandato como legislador, a raíz de las denuncias por corrupción.

El pedido de salida de Cunha, denunciado por su presunta participación en la red de corrupción que operó en Petrobras, fue presentado el miércoles por el fiscal general de la República, Rodrigo Janot. El funcionario acusa a Cunha de usar el cargo para dificultar las investigaciones de la operación Lava Jato, de la policía federal, que trata sobre los fraudes y desvíos de fondos de los que fue objeto la mayor empresa pública nacional.