Educación y Ciencia

11 diciembre, 2015

Amenazan con quitar subsidio a una escuela cooperativa de la CABA

El Instituto Privado 9 de Julio es una escuela secundaria que funciona como cooperativa de trabajo. El Gobierno de la Ciudad quiere quitarles el subsidio con el que pagan el 80% de los sueldos. Esto significaría el cierre definitivo de la institución.

El Instituto Privado 9 de Julio es una escuela secundaria que funciona como cooperativa de trabajo. El Gobierno de la Ciudad quiere quitarles el subsidio con el que pagan el 80% de los sueldos. Esto significaría el cierre definitivo de la institución.

Notas – Periodismo Popular tuvo la oportunidad de conversar, durante el festival que realizaron en la puerta del colegio el pasado sábado, con Betina Infantino, actual docente, psicopedagoga y ex rectora de la institución; Matías Halpin, actual presidente de la cooperativa, representante legal y docente; y con Pablo Pelaez, tesorero, docente y preceptor.

– ¿Qué tipo de escuela es «la nueve”?

– Betina: La escuela se funda como cooperativa en el año 1948, ubicada en Palermo, con buena inserción en el barrio. Es una escuela secundaria que tenía dos turnos, a la mañana y a la noche. Siempre tuvimos un perfil de mucha contención, no es un colegio de elite, la cuota es baja y tenemos muchos chicos que son hijos de encargados de edificio, por ejemplo.

Lamentablemente en 2012 el dueño del edificio falleció y los hijos decidieron no seguir alquilándonos el lugar. Supuestamente y como se ve tanto en esa zona, querían hacer un negocio inmobiliario. Estuvimos más de dos años buscando un lugar nuevo hasta que nos mudamos al edificio actual, ubicado en Constitución y Prudan.

La nueva ubicación hizo que muchos alumnos se cambien de colegio porque les quedaba lejos, y la verdad es que fue como empezar de cero. Actualmente tenemos alumnos que viven en la zona sur de la capital y también varios que vienen del conurbano. Son chicos con muchas dificultades, muchos de ellos trabajan además de estudiar y también muchos son padres o madres.

Nosotros queremos seguir trabajando con esta población, por eso no queremos aumentar la cuota, a pesar de que hace más de cuatro años que no cobramos aguinaldo. Sentimos que los chicos en esta escuela encontraron su lugar, la hicieron propia.

– ¿Qué les exigen desde el gobierno?

– Matías: La Dirección General de Escuelas de Gestión Privada (DGEGP), que depende del Ministerio de Educación de la Ciudad, está a punto de cambiar de autoridades producto del proceso electoral que se llevó a cabo en 2015. Nosotros hace un tiempo que no cumplimos con el número mínimo de alumnos que deberíamos tener según la reglamentación, pero nos venían haciendo una excepción teniendo en cuenta las particularidades que atravesamos. De repente ahora nos dicen que tenemos que incorporar 30 nuevos alumnos para fin de año, cosa bastante difícil de lograr, y que si no lo hacemos nos quitarían el subsidio que consiste en el dinero para pagar el 80% de los sueldos docentes.

La cooperativa se tiene que hacer cargo del otro 20%, y del total de los sueldos del personal no docente más alquiler, impuestos, cuotas sociales y otros gastos. Al tener una cuota baja y pocos chicos, tenemos que relegar los aguinaldos y una parte de nuestro sueldo, porque la plata no alcanza.

Al mismo tiempo nos llegó hace poco una sorpresiva intimación de clausura del edificio de la empresa privada “Escuelas Seguras”, que tiene el control sobre la habilitación de las escuelas privadas y hace de eso un negocio, porque bien sabemos que el tema de las habilitaciones es meramente político. Por suerte este problema estaríamos a punto de solucionarlo.

Si nos quitan la subvención, estamos obligados a aumentar la cuota o cerrar, pero no queremos aumentar la cuota porque eso implicaría que la mayoría de los chicos no puedan venir más y nosotros queremos seguir trabajando con ellos.

Obligar indirectamente a cerrar una escuela en zona sur, que es un territorio históricamente postergado, sería dejar a esta población ya vulnerable sin una herramienta de inclusión, que es lo que en definitiva pretendemos que sea la escuela.

– ¿Creen que van a poder superar esta situación? ¿Qué estrategias están llevando adelante?

– Pablo: A nivel político estamos en diálogo constante con la DGEGP y con legisladores y organizaciones que se acercaron para ayudarnos. Entendemos que va a depender de la buena voluntad de los nuevos funcionarios. De nuestro lado estamos haciendo todo lo posible para salir de este mal paso.

Por ejemplo, la 9 de Julio tiene un alto porcentaje de alumnos con beca, en ese aspecto cumplimos y
superamos el mínimo que se les exige a todas las escuelas.

Por otro lado, tenemos una población de chicos con particularidades, y esas particularidades ameritan el trabajo en grupos más pequeños. Muchas veces son pibes que en otros colegios no pudieron integrarse y si no fuera por nuestra escuela estarían quedando afuera del sistema educativo. Este punto es el que queremos que se tenga en cuenta desde el ministerio: el rol inclusivo del colegio.

Además hay que tener en cuenta el tema de la mudanza y la dificultad que implica para un colegio insertarse en un barrio nuevo. En este sentido tenemos la idea de generar un vínculo con el barrio, trabajar los valores del cooperativismo hacia adentro y hacia afuera de la escuela.

También estamos intentando hacer convenios con otras instituciones, como por ejemplo con el sindicato de encargados de edificio para que sus hijos no paguen matrícula, o con otras escuelas cooperativas.

Si no logramos solucionar este problema ahora, nos tenemos que preparar para tomar algún tipo de medida durante el verano, la comunidad de la 9 de julio está muy unida y va a pelear por seguir existiendo.

El 14 de diciembre nos reunimos con las nuevas autoridades, quienes van a decidir sobre el futuro de la escuela, los 35 docentes y los 65 alumnos que están muy identificados con el colegio.

Safir Neme

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