«El Renatea logró que muchos trabajadores entendieran cuales eran sus derechos»

El martes pasado, la Corte Suprema anuló un fallo de la Cámara laboral porteña que decía que el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) era legal. Había sido emitido en 2012 ante un pedido de Gerónimo Venegas, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), para declarar inconstitucional su creación.

Esto podría implicar que el organismo y sus fondos -hoy a cargo del Estado nacional- vuelvan a estar en manos privadas y administrados por el “Momo” Venegas, que hace meses conformó una alianza con Mauricio Macri, recibiendo la promesa de recuperar ese organismo.

La resolución de la Corte fue avalada por los jueces Lorenzetti, Fayt y Maqueda. Notas habló con Guillermo Martini, actual director general del Renatea.

– ¿Qué balance hicieron ustedes del funcionamiento pre-2011 del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre)?

– Más allá de ejercer mecánicamente algunas acciones para el seguro de desempleo y emitir la Libreta del Trabajador Agrario, el Renatre no había logrado ninguno de los objetivos para los que había sido creado. Ejerció su actividad a través de cuatro sociedades anónimas: una fiscalizaba, otra cobraba, otra llevaba el sistema informático, otra de seguridad.

En casi 11 años no había hecho notificaciones ni denuncias de trabajo informal. La empresa a cargo había fiscalizado numerosas entidades y había siete mil actuaciones sin procesar que tuvimos que procesar nosotros. Como tercerizaba, no ejercía acciones de control sustanciales. Nosotros encontramos en dos años 947 casos de trata de personas y más de 70 de trabajo infantil. Además, tercerizaba la capacitación; la hacía en parte la Uatre y una mujer que capacitaba a empresarios cobrando 127 mil pesos al mes.

– Dentro del trabajo esclavo que denunciaron ustedes encontraron gente ligada a la Sociedad Rural Argentina (SRA) que en el Renatre era uno de los actores principales que debían controlar eso.

– Claro. En la práctica la SRA controlaba la registración de sus trabajadores; el zorro controlando las gallinas dentro del gallinero. Hay un caso que se replicaba en todo el país. En una de las fiscalizaciones que hicimos en Entre Ríos -parte de las 1800 que hicimos de más de 30 mil obreros- encontramos dos trabajadores, los hermanos Cornejo, analfabetos, sin documentos. Cobraban 450 pesos al mes, vivían en una choza, salían a bichar (cazar bichos) para completar la comida. Hacía treinta años que trabajaban informalmente.

Esas personas para hacer la denuncia hubieran tenido que ir al local de la SRA de Paraná, es decir, hubieran tenido que ir a hablar con Etchevehere para denunciar a Etchevehere. Eso es lo perverso de la situación. Las bocas de expendio y recepción donde se recibían los trámites y se emitía la libreta agraria estaban en los locales de las entidades que dirigían el Renatre.

– ¿Qué cosas pudieron realizar ustedes desde 2011?

– Cuando se crea el Renatea generamos una estructura nacional de 25 unidades de gestión general, más de cien de gestión territorial y 221 de gestión local. Llevamos la acción al territorio. El Renatea puso en vigor la Ley 26.727, hizo numerosas campañas de difusión en los lugares de trabajadores, con los colegios de profesionales, las escuelas y logró que muchos de los trabajadores entendieran cuáles eran sus derechos.

Tomó en cuenta al trabajador rural como un sujeto de inclusión que tiene una familia. En función de eso tenemos numerosos planes, desde alfabetización hasta formación profesional, articulando con el Progresar y llevándolo a la zona rural.

– ¿Qué implicaría que el organismo pase a estar a cargo de Venegas?

– En este momento tanto Venegas como Etchevehere y la gente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) están en el partido de Macri, tienen una inclinación ideológica definida y responden al concepto neoliberal. De ratificarse el fallo donde se declara vigente el Renatre, volvemos al viejo esquema de la concertación patronal–sindicatos para autocontrolar las cuestiones vinculadas a la registración.

Cuando el organismo pasó a ser el Renatea, público, el Estado recuperó el rol de regulador. Volver atrás implica volver al pre-preronismo, a un Estado ausente en la regulación de una situación en donde el Estado tiene que poner equilibro protegiendo a los mas débiles del abuso de los más fuertes.

Recorrido judicial

El Renatre se creó en 1999 por la ley 25.191 como un Ente Autárquico de Derecho Público no Estatal. Sus funciones eran la expedición de la Libreta de Trabajo Agrario, la administración del seguro de desempleo, el control de la registración del trabajador rural y del cumplimiento de la ley. Estaba dirigido por cuatro representantes de entidades empresarias y cuatro de la Uatre, con un veedor del Ministerio de Trabajo, sin poder de decisión, según Martini.

En 2011, la ley 26.727 creó el Renatea, que absorbió las funciones y atribuciones del Renatre. “Cuando asumimos, el Renatre presentó ante una jueza de primera instancia un pedido de inconstitucionalidad de los artículos 106 y 107 que creaban el Renatea. La jueza aceptó y lo declaró inconstitucional. Nosotros apelamos y fue a la Cámara 7ª en lo Laboral de Capital, que en fallo unánime dijo que el Renatea es legal, que había sido votado por mayoría absoluta y que iba a garantizar el empleo de los empleados”, recordó Martini.

En 2012, el Renatre vuelve a presentar un recurso ante la Corte Suprema pidiendo que se revea el fallo de la Cámara. La Corte no accionó durante tres años hasta la semana pasada, dos días después del triunfo de Macri en el ballotage presidencial. Según Martini, se alegaron problemas “más de tipo formales y procesales que justificaciones legales para anular el fallo”. Así, se vuelve al fallo que declara la inconstitucionalidad. Martini explicó que entonces “la Corte no obliga a la Cámara a fallar por la constitucionalidad o inconstitucionalidad, sino que ordenó volver a fallar”.

El Renatea seguirá vigente por ahora, a la espera del nuevo dictámen. Martini estará a su cargo hasta el 10 de diciembre, ya que su mandato es designado por el Poder Ejecutivo nacional. El funcionario aseguró que quien sea designado en su lugar “se encontrará con un organismo absolutamente ordenado, auditado y con un fondo de sustentabilidad que pasó de 92 a 1300 millones”.

Leticia Garziglia – @letigarziglia y Federico Araya – @fedearayac