19 noviembre, 2015

Los excluidos del macrismo (3): cartoneros

Ante el ballotage del próximo 22 de noviembre, Notas publica una serie de entrevistas para conocer la realidad de aquellas personas para las que el gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires no significó un “cambio” positivo. Son los sujetos silenciados, recluidos, ignorados por las políticas del Pro. Tercera entrega: recicladores urbanos.

Ante el ballotage del próximo 22 de noviembre, Notas publica una serie de entrevistas para conocer la realidad de aquellas personas para las que el gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires no significó un “cambio” positivo. Son los sujetos silenciados, recluidos, ignorados por las políticas del Pro. Tercera entrega: recicladores urbanos.

Sergio Sánchez es presidente de la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores (FACyR) y forma parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Además de ser conocido mundialmente como «el cartonero amigo del Papa Francisco», Sánchez es uno de los referentes de las miles de personas que todos los días trabajan en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el MTE conciben su tarea como parte de la cadena de reciclado y un aporte al tratamiento ecológico de los residuos urbanos.

Luego de fuertes peleas los recicladores lograron arrancarle al gobierno porteño una mejora en sus condiciones de trabajo: un sistema de logística apropiado, un incentivo laboral, uniformes, una guardería para 160 niños y jóvenes que antes trabajaban de cartoneros y, como dicen en su página web, «que se reconozca nuestro legítimo derecho a una jubilación y una obra social para nosotros y nuestras familias».

Pero en el último tiempo enfrentan nuevos problemas con el gobierno de la Ciudad de Mauricio Macri. Sánchez los resumen en esta entrevista con Notas.

– ¿Cómo es su vínculo actual con el gobierno de la Ciudad?

–  La última negociación que se hizo fue por el aumento del incentivo a un tipo de recicladores. Hay tres categorías, los que no tienen nada, que son independientes, hay recicladores que tienen un incentivo de 2700 pesos y quienes ganan unos cinco mil pesos, que entregan toda la mercadería. En los últimos tiempos lo que estuvimos peleando fuerte es el tema de las altas, para que los recicladores que trabajan de forma independiente se pudieran meter dentro de las cooperativas en la Ciudad de Buenos Aires y quedar protegidos por los convenios. Hoy por hoy el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) puso un cupo y ya no se puede incluir a nadie.

Entendemos que el gobierno tenía que tomarse un tiempo para tomar una medida, pero siguió pasando el tiempo y no hay inclusión. Hoy es eso lo que se está peleando y vamos a ver si el GCBA cumple, porque verdaderamente tenemos mucha gente que tendría que tener el monotributo social y no lo tiene.

Hay gente en la zona de Barracas que lleva más de tres años esperando y no están incluidos, no pueden entrar. Son independientes, incluso hay un sector que vive en situación de calle. A algunos los intentamos acercar para que vendan la mercadería para que el GCBA no se la secuestre o se la tire. Eso pasa habitualmente, sobre todo con quienes están en situación de calle. Todo el sacrificio, el trabajo, se tira.

– ¿Cuál es la dependencia del GCBA que debería gestionar el sistema de reciclado con inclusión social, es decir llevar el vínculo con ustedes, los recicladores, y cómo funciona en la actualidad?

– La Dirección General de Reciclado (DGREC) fue un sistema que nació con los recicladores donde tenías un control dentro de la calle. Había personal del GCBA que fiscalizaba que se viniera a trabajar, que se cumpliera, que todo el mundo tuviera la ropa de trabajo, que te abrían una puerta, para que todos los vecinos supieran quiénes eran los recicladores. Todo eso se perdió.

Rompieron todas las cúpulas que estaban antes en la DGREC como trabajadores estatales, del gobierno de la ciudad. Dejaron dos o tres personas, que hoy no te permiten un montón de cosas.

– ¿Fue una política activa del GCBA de sacar a la gente de ese espacio?

– Sí. Donde había estatales, ahora hay como fiscalizadores. Y para nosotros eso funciona mal. Lo único que hacen es disturbio. Ellos quieren arreglar la ciudad tratando de multar a los vecinos, a lo que quizás sacan la basura fuera de horario, etc. Antes todo te lo estaban dando a vos y ahora quieren que lo saquen separado en origen. Cuando uno lo saca antes de tiempo, ¿ellos qué hacen? Los multan.

Nosotros estamos pensando en hacer un ruido importante contra eso. Además porque, por ejemplo, un hotel antes te daba las bolsas y vos te las llevabas y después las tirabas en el tacho negro, ahora lo ven y lo multan. Quieren que el único material que saquen sea reciclable. Todavía la ciudadanía no está capacitada totalmente para hacer separación en origen.

– Ese rol es el que están haciendo ustedes, reciclar casi en origen.

– Exactamente. Y después se hicieron mal las campañas de concientización, que fue una lucha muy grande para nosotros. Hay promotoras y capacitadoras ambientales como parte del movimiento cartonero, que fueron recicladoras antes. Ese rol no está gestionado por nadie dentro del gobierno. Vaciaron todo el sistema de la DGREC.

– ¿Por qué pensas que lo vaciaron?

– Nosotros defendemos un modelo donde el reciclador estaba contenido y controlado. Y la ciudadanía sabía que bajaba a la cuadra y había un reciclador que, por ejemplo, si estaba haciendo algo mal, tenía posibilidad de quejarse o plantear algo.

El GCBA eligió esta política. Los tipos que antes controlaban o daban un grado de acompañamiento, que se metían socialmente en la vida del reciclador, hoy los están poniendo en contra y siendo los fiscales de los recicladores.

– ¿Decís que tiene que ver también con una búsqueda de romper la organización de los recicladores?

– Sí, y que los recicladores a ojos de la ciudadanía vuelvan a ser mala palabra. Siempre quisimos tener el acompañamiento desde el GCBA para poder realizar todas las tareas en buenas condiciones. Hoy el gobierno quiere que los recicladores manejen totalmente su cooperativa. Y nosotros dijimos que no, que tiene que haber una fiscalización, una intermediación para que haya cosas que pasen por el gobierno de la ciudad.

 

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