19 noviembre, 2015
Córdoba la dice No al Código de Faltas en su 9° Marcha de la Gorra
El miércoles 18 de noviembre, se realizó en Córdoba Capital la novena edición de la Marcha de la Gorra. Esta masiva convocatoria tiene el propósito de denunciar a estigmatización de los jóvenes de los sectores populares que los vuelve objeto de constantes arbitrariedades por parte de las fuerzas policiales.

En la jornada del miércoles 18 de noviembre, se realizó en Córdoba Capital la novena edición de la Marcha de la Gorra. Esta masiva convocatoria, que fue creciendo año tras año, tiene el propósito de denunciar a estigmatización de los jóvenes de los sectores populares que los vuelve objeto de constantes arbitrariedades por parte de las fuerzas policiales. La misma suerte corren también las trabajadoras sexuales y los laburantes de la economía popular, como los carreros y los artesanos, entre otros.
A partir de la iniciativa en la ciudad de Córdoba, varias ciudades del interior provincial vieron la necesidad de reproducir este evento localmente. Del mismo modo, la movilización se replica en otros distritos a lo largo del país, en los cuales se padece la misma problemática.
Un código en falta
La Marcha de la Gorra surgió ante el incesante crecimiento de las detenciones arbitrarias, que se multiplican año tras año, habilitadas por el Código de Faltas. Con la excusa de contribuir a una sociedad “más segura”, su aplicación se intensificó durante las gestiones del actual gobernador José Manuel De la Sota.
La reglamentación mencionada castiga “conductas que perjudican la vida cotidiana”, cuya valoración queda a merced del juicio de quien lo aplica: la Policía de Córdoba. De este modo, la arbitrariedad del personal policial es absoluta y carece de cualquier control externo. Cabe recordar que se trata de una institución sobre la cual pesan fuertes denuncias, que ponen en duda su apego a la legalidad: narcotráfico, tráfico de armas, violación de domicilio, privaciones ilegítimas de la libertad, amenazas, abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, violaciones, torturas y desaparición forzada de personas, entre otras.
Lejos de ser rumores, muchas de esas denuncias han acumulado serios elementos de prueba en ámbitos judiciales. Hace algunas semanas se conoció la condena de un comisario a tres años de prisión por «abuso de autoridad y coacción reiterada», tras haberse comprobado que ordenaba la realización de detenciones injustificadas para elevar los índices estadísticos. También fue noticia la «desaparición» de 67 armas del edificio de la central de policía, cuyo destino se desconoce. Como última muestra, cabe recordar que pesa sobre el jefe de policía, Julio Suárez, una imputación penal por las amenazas proferidas contra un periodista.
Sea en la vía pública como en ámbitos privados, a través del Código de Faltas la policía provincial impone una política represiva y estigmatizante de ciertos sectores de la sociedad. La inconstitucionalidad de esta ley provincial se debe a que otorga facultades de inspección, control y almacenamiento de datos a las fuerzas policiales y al Ministerio de Seguridad fuera de los límites permitidos por la Constitución y el Código Procesal Penal de la provincia.
La ley otorga al Poder Ejecutivo (Ministerio de Seguridad y Policía) la potestad de intervenir en actividades que no se relacionan directa o indirectamente con hechos delictivos; regula de manera imprecisa aquello que debería entenderse por “seguridad” y, consecuentemente, las condiciones bajo las cuales puede el Ejecutivo, invocando problemas de “seguridad”, intervenir en las libertades de las personas. Dada esta redacción de la ley, cualquier actividad puede hacerse valer como “cuestión de seguridad pública”.
«En tu Estado Policial, te marchamos de frente mar»
Con esa consigna, esta novena edición se convirtió en una de las protestas más multitudinarias de la provincia, con más de 20 mil personas reclamando en las calles por igualdad social y por el respeto de los derechos humanos básicos. Encabezada por el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, decenas de organizaciones sociales, de derechos humanos, de trabajadores de la economía popular, la Asociación de Mujeres Meretrices en Córdoba, organizaciones estudiantiles y partidos políticos de izquierda, sumado a miles de personas independientes, se convocaron a partir de las 16 horas del miércoles, bajo un imponente sol, con una reivindicación en común: «Abajo el Código de Faltas, no a la criminalización de la pobreza».
Tal como en años anteriores, las intervenciones artísticas fueron protagonistas a lo largo de toda la marcha. De manera lúdica, a través del teatro, los cantos y los ritmos murgueros, se expresó y visualizó la realidad que viven en carne propia quienes sufren sistemáticamente las violaciones y atropellos por parte de la policía cordobesa.
Desde la mesa de la organización de la marcha se destacó que esta instancia tuvo la particularidad de realizarse en una coyuntura distinta a la de años anteriores. En esta oportunidad la tradicional fecha del 20 de noviembre se modificó por el marco electoral. Al respecto, señalaron que “la mesa de organización de la Marcha de la Gorra es un espacio que históricamente ha representado la unidad entre sectores en muchos casos antagónicos, y por lo tanto no tiene una posición unificada en relación a las elecciones”. Por tales motivos es que no hubo pronunciamientos explícitos en el acto de cierre, de cara al próximo ballotage.
Al concluir, se realizó la lectura del documento unificado que se consensuó con todas las organizaciones. Allí se señaló que “esta novena marcha de la gorra quiere señalar el ensañamiento de la policía en cada pueblo del interior. En toda la provincia crecen los casos de persecución y tortura. El Código de Faltas es un arma que utilizan los gobiernos para violar nuestros derechos, que le da legalidad al actuar abusivo de las Fuerzas de Seguridad”.
Luciana Daffra, desde Córdoba
Foto: marchadelagorra.org
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