6 noviembre, 2015
“Tenemos un bajísimo índice de condena y un elevado nivel de violación a los DDHH”
Notas dialogó con Salvador Vera, abogado querellante en la causa que investiga la muerte de Gerardo “Pichón” Escobar. El abogado defensor resaltó que hay sobradas pruebas para determinar qué se trata de desaparición forzada de persona y están batallando en una disputa que no sólo es técnica y jurídica, sino también mediática.

Notas dialogó con Salvador Vera, abogado querellante en la causa que investiga la muerte de Gerardo “Pichón” Escobar. El abogado defensor resaltó que hay sobradas pruebas para determinar qué se trata de desaparición forzada de persona y están batallando en una disputa que no sólo es técnica y jurídica, sino también mediática.
– ¿En qué estado encontraron la causa cuando asumieron?
– Cuando asumimos la querella, había pasado más de un mes de la desaparición de Gerardo y no había avances. Lo que nos desesperó en ese momento fue que no estaban incorporadas las cámaras de videovigilancia del bar La Tienda. No había un relevamiento de las cámaras de vigilancia de la zona, los resultados de los estudios no se habían enviado a analizar y a peritar. Sobre la participación policial no había nada, negaban que dos de las tres personas de seguridad eran policías.
Los GPS de los móviles policiales no estaban solicitados y descubrimos una situación más grave. Quienes filtraban la información sobre el pedido de informes era el propio servicio de seguridad, amén de eso no fueron incorporados. Nos dijeron fue que hubo seis móviles que pasaron por la zona, nos decían que tenían la información en un mail que estaba cifrado, estaban descartando la participación policial sobre un informe que no podían leer.
Lo fundamental era recurrir a los registros de video, confirmar o descartar la participación policial, aún seguimos con muchas dificultades para concretarlo. Esto no aparece en los medios, pareciera que estamos viendo si la policía intervino o no, y la realidad es que hoy hay dos agentes del comando radioeléctrico detenidos, hay dos chalecos antibalas de la policía de Santa Fe secuestrados en el domicilio de uno de los agentes de seguridad que no es policía, el equipo de seguridad del lugar era mixto, compuestos con agente de seguridad privada y policiales y tenían un sistema de comunicación interna, en el cual estaban apostados estratégicamente, principalmente afuera.
Nosotros intervenimos cuando el cuerpo recién aparece y ahí se da la disputa sobre lo anatomo-patológico del cuerpo, cuando el Ministerio Público Fiscal sale a comunicar que no había signos de violencia en general y en particular que no había heridas de armas de fuego y armas blancas, sin embargo, a simple vista el cuerpo tenía muchos signos de violencia. La zona de los testículos estaba muy inflamada, tenía un gran edema en la zona frontal del cerebro.
– ¿Qué lugar ocupa la fiscalía en todo este proceso?
– De mucha reticencia, tuvimos que luchar mucho para que nos den la información, nos dan en cuentagotas. Además hay muchas negligencias, muchísimas pruebas perdidas, principalmente en las filmaciones y no hay profundización en la vertiente policial.
El video de la imputación es un video que prácticamente no se ve y hay otros dos videos particulares incorporados a la causa que están borrados en el horario en el que suceden los hechos, están editados, se saltan prácticamente media hora y no habían sido mandados a peritar. Nosotros entendemos que todas estas medidas se deberían haber producido a los inicios, porque el objetivo de la investigación preliminar es cautelar todas las medidas de pruebas, que puedan servir o no, después se descarta lo que no sirve y no lo hicieron.
Los videos de filmación tienen un sistema de auto filmación, cuando se colma el almacenamiento empieza a grabar encima. Hubo un video específico que fue a buscar un policía el día 14 (de agosto), la respuesta que le dieron en el lugar es que tenían un sistema de auto pisado de 15 días y que no tenían esa información. El policía se va, sin la copia, informa eso a la fiscalía y la fiscalía no determina una medida para reparar eso. Eso no es un error.
– ¿Evalúan que sólo hay negligencia en el rol de la fiscalía?
– Hay dos cuestiones, por un lado la fiscalía carece de personal suficiente para trabajar en una investigación que demanda tanto, tan compleja; y por otra parte, nosotros estamos investigando a la policía y la fiscalía la investiga con la propia policía.
Un ejemplo, el médico del Instituto Médico Legal que realiza la autopsia, Félix Rodríguez, fue durante 20 años médico de la provincia, el mismo que realizó la autopsia de Franco Casco. Cuando yo entro al lugar donde se realizaba la autopsia, me encuentro que el coordinador de PDI, que es el organismo de investigación a cargo de la fiscalía, tenía el teléfono de Escobar en la mano. Planteo las objeciones y se generan los aprietes y las citaciones que me hicieron.
No se cumplía ningún protocolo de cadena de custodia de la prueba y me responden que no tenían sobres para guardar las pruebas. Dudamos que sean errores, quizás la fiscalía no puede controlar a la policía, pero en el marco de la investigación son errores graves que atentan contra el proceso de descubrimiento de la verdad. En este tipo de investigaciones los primeros momentos son los más importantes, a medida que pasa el tiempo la prueba se va perdiendo.
– ¿Por qué es un caso de desaparición forzada de persona?
– El delito de desaparición forzada se plantea para la hipótesis de privación ilegal de la libertad, ya sea ejecutada por la policía o por un grupo de personas particulares, pero con apoyo de diversas estructuras del Estado. Para nosotros estamos en ese contexto.
La escena del hecho situada en un bar de conocimiento público que funciona con presencia de un móvil policial apostado en las afueras, que tiene un sistema de seguridad muy importante compuesto por agentes de seguridad privada y de la propia policía. Que un grupo de vecinos tuvieron reuniones con los dueños del lugar a los fines de organizar cómo iban a ser los procesos de disuasión de los conflictos a la salida del boliche. Sumado a la relación del agente de seguridad que tenía dos chalecos antibala de la policía en su casa, a no contar aún hoy con los posicionamientos de los móviles policiales, ni el registro de audio de las comunicaciones del 911, esto genera una presunción muy fuerte de participación. Y otros elementos, tales como que Gerardo no murió ahí, que fue levantado, que luego de ser agredido a golpes se reincopora, hace un trayecto por calle Sarmiento hacia Catamarca, es visto por última vez en Catamarca.
La desaparición de una persona no la puede realizar una sola persona y para desaparecerla durante tantos días necesita de otros actores, en este caso policiales. Si a esto le sumamos que de los estudios resulta que no murió ahogado, que tiene signos de asfixia, es decir, que es probable que Pichón haya muerto siendo víctima de un mecanismo de tortura habitual de la fuerza de seguridad que es el “submarino seco”. Este panorama de “errores” y “falencias” son muy preocupantes porque son determinantes en el avance de la investigación.
Además, el relevamiento confirmó las versiones de la querella, Gerardo fue levantado con la participación de un móvil policial. Hay mucho temor, los testigos no van a hablar porque no ven garantías, la provincia no tiene un régimen de protección de testigos.
En este marco están detenidas cinco personas, mal imputadas, por un delito que es menor. Entendemos que la privación ilegal de la libertad agravada por la muerte es un delito federal que tiene pena de cadena perpetua. Hay una sola persona imputada por homicidio que tiene una pena de ocho a 25 años, las otras por encubrimiento. Estamos en un escenario preocupante en el plano de construcción de justicia, de descubrimiento de la verdad. Tenemos un bajísimo índice de condena y un elevado nivel de violación a los derechos humanos.
– ¿Qué lugar ocupan los discursos mediáticos que se han construido?
– La disputa no es sólo técnica, jurídica, sino también mediática. Entendemos que el proceso de lucha por construcción de justicia tiene una pata fundamental que es la disputa mediática y para este tipo de causas no es sencillo llegar a vislumbrar cómo funciona. En un contexto en el que la fiscalía se posiciona en resolver la situación como se planteó inicialmente, condenando por encubrimiento, imputando por homicidio y ya. Nosotros entendemos que estamos en otra situación, Gerardo fue desaparecido, no murió por los golpes, fue levantado en otro lugar, fue torturado.
Hay cosas que vamos a seguir diciendo y en la medida que lo seguimos diciendo el Ministerio Público Fiscal se siente afectado. Hay costos en ese plano, pero entendemos que si no damos la batalla en ese frente también el costo en término de reparación es mayor, porque no la va a haber. Es la estructura de la impunidad, que es la misma estructura que plantea el tipo delictivo de desaparición porque plantea que la estructura del Estado se pone en juego a los fines de ocultar el hecho. Estamos en esa disputa.
Lucía Pérez Rivera – @LuPerezRivera
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