Estado chileno indemnizará a víctimas de la dictadura

El Congreso de Chile aprobó el pago de una indemnización a las víctimas reconocidas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973 – 1990). Alcanzará tanto a quienes estuvieron en prisión y sufrieron torturas, como también a cónyuges de muertos y desaparecidos.

La reparación se efectuará en un único pago de un millón de pesos chilenos (1455 dólares) para las víctimas directas mientras que los cónyuges recibirán un 60% de ese monto.

El dinero es «un aporte de carácter reparatorio para las víctimas de prisión política y tortura, incluyendo a los cónyuges sobrevivientes», indicó un comunicado del Senado chileno. Por su parte la presidenta Michelle Bachelet, explicó cuando presentó el proyecto de ley en julio pasado que era un bono extraordinario que sirve de «reparación pecuniaria» para los afectados.

Asimismo el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno subrayó mediante un comunicado que «este proyecto refleja el deber que tiene el Estado de procurar la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, cuyos efectos perniciosos perduran hasta nuestros días».

Más de 38 mil personas torturadas fueron reconocidas en 2003 por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida por la Comisión Valech debido a que estuvo presidida por el fallecido responsable de la Vicaría de la Solidaridad, monseñor Sergio Valech. La Comisión investigó las denuncias sobre desapariciones, torturas y detenciones ocurridas en dictadura entre 1973 y 1990.

Además 3200 personas fueron asesinadas por agentes de Pinochet mientras que alrededor de 1200 están desaparecidas.

Tras el retorno a la democracia en 1990, después de los 17 años de dictadura, se establecieron algunas leyes de reparación a víctimas y familiares, así como a exiliados, concepto por el cual se desembolsan unos 400 millones de dólares al año.

Los requisitos para acceder consistían en pertenecer a una de las 1.500 empresas intervenidas o clausuradas por la dictadura, incluyendo a funcionarios de las Fuerzas Armadas, partidos políticos y la Policía.

Además, a lo largo de estos años la justicia se pronunció tanto a favor como en contra del pago de indemnizaciones puntuales a víctimas o familiares de ellas, por concepto de reparación moral de daños.

El último caso importante se dio el 15 de septiembre pasado cuando la Corte Suprema de Chile resolvió una causa a favor de 31 presos políticos que fueron confinados en la isla Dawson en el estrecho de Magallanes, y ordenó el pago de unos 6,6 millones de dólares en concepto de indemnización.